Clan del Golfo creció 152% durante la Paz Total y las disidencias también aumentaron sus filas, según el ministro de Interior

El tamaño de las estructuras armadas ilegales cambió de manera significativa durante los últimos cuatro años, según el balance presentado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, durante un debate de control político en la Comisión de Paz del Congreso. Las cifras expuestas por el funcionario muestran un aumento generalizado en el número de integrantes de varias organizaciones.

De acuerdo con Lara, el país pasó de registrar 15.120 integrantes de grupos ilegales en armas a 28.802. Para el Gobierno, este incremento representa un balance preocupante frente a los resultados de la política de Paz Total implementada durante el mandato del expresidente Gustavo Petro. Uno de los mayores crecimientos corresponde al Clan del Golfo. Según los datos entregados por el ministro, la organización pasó de tener 4.074 miembros en diciembre de 2022 a 10.268, lo que equivale a una variación del 152%.

“Los señores bandidos del Clan del Golfo, en diciembre de 2022 tenían 4.074 miembros y en sólo cuatro años, pasaron a contar con 10.268 miembros, más 152%. Una organización abiertamente criminal creció con una variación del 152% durante esos cuatro años de la paz total”, dijo Lara. El funcionario también presentó las cifras correspondientes a otras estructuras armadas. El Estado Mayor Central pasó de más de 2.000 miembros a más de 4.000, mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pasó de casi 6.000 a más de 7.000 integrantes.

“El Estado Mayor Central, dirigido por el bandido Mordisco, pasó de 2.143 miembros a 4.480, un 109% de variación. El ELN pasó de 5.851 miembros a 7.123 miembros, más del 22%. Y la llamada Coordinadora Bolivariana, una de las tantas disidencias de las disidencias de las disidencias que van al vaivén del negocio del narcotráfico o del oro o de cuanto negocio ilícito se encuentren, pasaron básicamente de 1.134 miembros a 2.358, una variación del 108%”, indicó.

La Coordinadora Bolivariana, de acuerdo con el balance expuesto en el Congreso, también registró un aumento importante. Sus integrantes pasaron de 1.134 a 2.358, una variación del 108%. Con estas cifras, Lara cuestionó los resultados que, desde la perspectiva de la administración actual, dejó la política de Paz Total. El aumento del número de integrantes de las organizaciones ilegales fue presentado como uno de los principales elementos de preocupación en materia de seguridad y orden público.

El debate también abordó los compromisos derivados del acuerdo de paz suscrito con la entonces guerrilla de las Farc y el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sobre este punto, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el Estado mantendrá las obligaciones adquiridas y respetará el trabajo de esa jurisdicción.

“Tenemos claro que los acuerdos constitucionales, convencionales, que el Estado colombiano adquirió, no pueden ser cambiados por el Gobierno a capricho y no lo haremos. Los vamos a respetar, los vamos a cumplir y presentaremos las críticas y algunas reformas a las instituciones en el marco de nuestra competencia”, afirmó.

Cancino agregó que el Gobierno también mantendrá los compromisos relacionados con la JEP y precisó que las obligaciones que ya tienen respaldo constitucional serán atendidas. “Vamos a cumplir los compromisos constitucionales que se tienen con la JEP, con la JEP va a haber un compromiso de lo que ya esté adquirido de manera constitucional para sacarlo adelante”.

Sin embargo, aclaró que existen posibles reformas que están siendo analizadas. Estas propuestas, según explicó, hacen parte de una revisión que deberá desarrollarse dentro de las competencias del Gobierno.

El contraste entre ambos planteamientos quedó expuesto durante la discusión en el Congreso. Mientras Lara utilizó las cifras de integrantes para cuestionar el comportamiento de las organizaciones armadas durante el periodo analizado, Cancino insistió en que cualquier modificación institucional deberá respetar las obligaciones que el Estado colombiano adquirió previamente y que mantienen respaldo constitucional frente a los acuerdos y la jurisdicción especial.