La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cobró de más a familias de estrato 2 del barrio Hacienda Los Molinos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, a raíz de una presunta falla en la asignación de subsidios, según una reciente denuncia del Concejo de Bogotá.
Según indicó el cabildo, el monto acumulado que la empresa deberá ajustar o devolver a al menos un centenar de hogares supera los $30 millones.
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La irregularidad alcanzó a más de 125 cuentas de contrato y, en algunos casos, los cobros indebidos superaron los $900.000 por hogar. El caso adquirió mayor gravedad porque el sector no cuenta con un servicio formal de alcantarillado.
El error fue reconocido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) luego de que la comunidad presentara un derecho de petición para cuestionar inconsistencias en sus facturas.
De acuerdo con el portal web del Concejo de Bogotá, la empresa confirmó que el número de viviendas registrado en los predios era correcto. El problema surgió en la plataforma tecnológica encargada de aplicar los beneficios tarifarios correspondientes al estrato 2.
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La falla hizo que algunas facturas recibieran el subsidio, mientras otras quedaron excluidas del descuento. Esa aplicación desigual generó los saldos cobrados en exceso que ahora deberán ser revisados por la entidad.
Las familias afectadas podrían obtener devoluciones o ajustes superiores a $900.000, según el cálculo divulgado por el Concejo. El alcance final dependerá de la revisión de cada contrato incluido en el reporte.
Desde el cabildo indicaron que el barrio Hacienda Los Molinos es un asentamiento informal al que la administración distrital no ha prestado de forma regular los servicios de acueducto y alcantarillado.
Ante esa ausencia, los habitantes construyeron redes comunitarias para abastecerse de agua. La entidad describió esas instalaciones como conexiones hechas con mangueras y mecanismos artesanales, diferentes de las redes presentes en las zonas legalizadas de la capital.
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La comunidad recibió las facturas cuestionadas pese a las condiciones precarias de acceso al servicio. “Queremos que nos devuelvan hasta el último peso”, afirmó el habitante ante el Concejo de Bogotá.
“Es indignante, en un barrio que el Distrito ni siquiera ha legalizado, donde la gente construye sus propias conexiones para tener agua, el Acueducto encima les cobra mal por culpa de su propio sistema. Devolver lo cobrado de más no puede depender de que el ciudadano descubra el error; la Empresa tiene que decirle a Bogotá cuántas familias fueron afectadas, cuánto dinero les debe y cuándo y cómo lo va a devolver”, afirmó la concejala Rocío Dussán
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La reclamación se sustentó en el derecho de petición, un mecanismo contemplado en el artículo 23 de la Constitución colombiana. La herramienta permite a los ciudadanos solicitar respuestas de entidades públicas o privadas.
Según Función Pública, ese recurso exige respuestas claras y oportunas frente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía. La explicación recibida por los vecinos permitió identificar la falla tecnológica en la asignación del subsidio.
Rocío Dussán anunció control político y pidió identificar a cada familia
La concejala Rocío Dussán cuestionó lo ocurrido y anunció que promoverá un control político sobre la actuación de la empresa distrital. La cabildante solicitará un informe con el listado completo de las familias afectadas.
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El documento deberá permitir establecer cuántos usuarios recibieron facturas sin el subsidio correspondiente y qué valor deberá corregirse en cada caso. “La plata de los usuarios no se puede quedar en las cuentas del Distrito”, sostuvo Dussán al referirse a la obligación de reparar los cobros indebidos.
La revisión que reclame el Concejo deberá determinar si la Eaab realizará devoluciones directas, descuentos en facturas posteriores u otro mecanismo de compensación. El material divulgado hasta ahora señala que las familias esperan la restitución completa de los valores cobrados por error.
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