Defensora del Pueblo criticó a Abelardo de la Espriella por impulsar la deportación de migrantes irregulares de Colombia: “También tienen derechos”

La decisión del presidente Abelardo de la Espriella de ordenar operativos policiales para identificar y deportar a ciudadanos extranjeros que no tengan definido su situación migratoria y que se encuentren residentes en Colombia.

El turno fue para la defensora del pueblo Iris Marín Ortiz, una de las funcionarias públicas que constantemente ha emitido su percepción ante diferentes medidas expresadas por el mandatario colombiano.

La titular de la entidad, en declaraciones a la prensa nacional, recalcó que, aunque no existen documentos oficiales que corroboren la petición presidencial, imploró para que se garanticen los derechos fundamentales a dicha población radicada en el país.

“Lo importante es saber que las personas migrantes tienen derechos. Sobra decir, los derechos humanos son de todas las personas, y las personas migrantes también tienen derechos, independientemente de la situación jurídica que tengan la regularización en el país”, expresó Marín Ortiz a los medios de comunicación.

A su vez, destacó que Colombia “se ha caracterizado por ser un país que regulariza y da oportunidades a los migrantes”, recordando que este proceso fue efectivo con la población proveniente de Venezuela, tras el éxodo masivo de ciudadanos de ese país desde 2015.

Incluso, la defensora del pueblo mencionó que, pese a sus dificultades para su status migratorio, han sido actores claves para el crecimiento de la nación.

“Somos el primer país receptor de personas venezolanas, han contribuido no solo a la economía, sino que han contribuido al desarrollo del país. Nos han recibido en épocas en que Colombia ha sido expulsor, y muchos de los migrantes son migrantes que salieron por razones económicas o políticas de un régimen de cierre democrático que hubo en Venezuela”, concluyó.

Orden presidencial

El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella fue dado durante un consejo de seguridad realizado el 23 de agosto en Barranquilla.

En su intervención a la opinión pública, el mandatario nacional presentó esta medida como un cambio de enfoque en la política migratoria y de seguridad, con el que garantiza primordialmente a la ciudadanía colombiana.

“Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todo el mundo”, expresó De la Espriella.

La instrucción prevé operativos conjuntos entre Migración Colombia y la Policía para ubicar primero a personas vinculadas a actividades delictivas y después a quienes no tengan regularizada su situación.

“La orden a migración es clara y ahorita lo llamamos al general, que empiecen los operativos coordinados con la policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales. Primero, los que están cometiendo delitos. Segundo, los que no tienen regularizada su situación y en el término de la distancia tendrán que ser deportados”, explicó el presidente.

Por último, el jefe de Estado fue enfático en que aquellos extranjeros que cometan delitos que atenten contra la ciudadanía, serán deportados a su país de origen.

“No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan, que estén cometiendo ofensas en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y yo la asumo, y es una decisión administrativa, yo la asumo”, puntualizó.

El anuncio fue formulado en un contexto de migración venezolana sostenida hacia el país. De acuerdo con estimaciones de Acnur, para 2025 podrían residir hasta tres millones de venezolanos en Colombia.

Vale mencionar que en el país sigue vigente el Permiso por Protección Temporal para ciudadanos venezolanos, un mecanismo forma parte del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, implementado desde 2021 y regulado por el Decreto 216.

El PPT es expedido sin costo por Migración Colombia y permite acceder a derechos básicos y formalizar la situación migratoria. Para obtenerlo, los solicitantes deben cumplir los requisitos fijados en el estatuto y completar las etapas del proceso.

La regularización había sido presentada como una respuesta humanitaria y administrativa frente al éxodo masivo desde Venezuela. El esquema facilitó la identificación de los migrantes y su acceso a servicios, en especial para quienes huyeron de la crisis venezolana.