La región de Pelaya, Cesar vivió una nueva jornada de violencia tras un ataque contra tropas del Ejército Nacional, en el que más de 40 drones explosivos fueron lanzados contra militares que realizaban operaciones en la zona rural, dejando al menos dos soldados profesionales heridos y generando alarma en la población civil.
Las autoridades atribuyen la acción a retaliaciones de grupos armados ilegales por la presión ejercida en la región. Según reportó la Primera División del Ejército Nacional, las tropas del Batallón Especial, Energético y Vial N.º 3, adscritas a la Décima Brigada, fueron blanco de un sistema de lanzamiento múltiple que utilizó más de 40 artefactos explosivos no tripulados.
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Dos uniformados sufrieron lesiones luego de un ataque coordinado con drones durante operaciones en el municipio, mientras autoridades locales y nacionales refuerzan medidas para contener la escalada armada - crédito @claudiamzuleta / X
El hecho ocurrió mientras los uniformados patrullaban una zona estratégica de Pelaya, afectada recurrentemente por la presencia de organizaciones armadas ilegales. Las detonaciones causaron heridas a dos soldados profesionales, que fueron evacuados de inmediato a un centro médico especializado. El pronóstico sobre su estado de salud permanece reservado.
De acuerdo con la Décima Brigada, este tipo de ataques representa una infracción directa al Derecho Internacional Humanitario y una vulneración de los Derechos Humanos, dada la utilización de medios ilícitos de guerra.
Escalada de violencia y reacción del Estado
Este ataque no constituye un hecho aislado. En los últimos días la región ha registrado un incremento en los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y estructuras armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el uso creciente de drones con explosivos, modalidad que incrementó un 146% en lo que va del 2026 en distintas zonas de Colombia.
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La reacción gubernamental fue inmediata. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, convocó un consejo de seguridad extraordinario en Valledupar, capital departamental, para analizar la situación y coordinar una respuesta integral.
“Me reuniré con la cúpula de la Fuerza Pública y las autoridades territoriales para evaluar la situación, reforzar las operaciones y tomar las decisiones necesarias para proteger a la población y a nuestros policías y soldados, y recuperar plenamente el control del territorio. Los grupos criminales no van a intimidar al Estado ni a doblegar a nuestra Fuerza Pública”, afirmó el mandatario a través de su cuenta oficial en X.
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Preocupación por la seguridad y confinamiento de la población
La senadora Claudia Margarita Zuleta Murgas denunció que la población civil enfrenta condiciones de confinamiento debido al uso de drones armados por parte de los grupos ilegales.
“Los soldados de nuestro Ejército Nacional fueron atacados con artefactos explosivos lanzados desde un dron”, indicó la congresista, que pidió intervención urgente del Ministerio de Defensa y refuerzos para Pelaya. La situación obligó a las familias a resguardarse en sus viviendas, mientras el temor crece por la posibilidad de nuevos ataques y el avance de los enfrentamientos armados.
La Décima Brigada sostiene que la ofensiva de los grupos ilegales podría estar motivada por los recientes golpes propinados a sus estructuras y economías ilícitas, especialmente en operaciones dirigidas contra el robo y manejo ilegal de hidrocarburos. Las Fuerzas Militares continúan desplegadas en la zona para evitar nuevas incursiones y establecer la autoría material del ataque.
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Violencia recurrente en la región
Durante las últimas semanas, Pelaya ha experimentado varios hechos violentos. En julio de 2026, un ataque con explosivos contra la estación de Policía dejó heridos a un uniformado y a un civil, mientras que días después se registraron hostigamientos a militares en el peaje La Floresta.
Las autoridades identificaron la presencia de estructuras armadas ilegales que disputan el control territorial y las economías ilícitas en el sur del Cesar. El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, y la Gobernación cesarense solicitaron mayor presencia institucional y refuerzos de inteligencia para prevenir que la violencia se extienda a otros municipios. Las autoridades locales advirtieron sobre riesgos asociados a homicidios, extorsiones, microtráfico y el control de rutas estratégicas por parte de bandas armadas.
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