
El uso de drones con cargas explosivas dejó de ser una amenaza asociada únicamente a zonas apartadas. La Defensoría del Pueblo advirtió que estos artefactos ya representan un riesgo para comunidades rurales y urbanas, mientras los grupos armados amplían su capacidad para emplearlos contra distintos objetivos.
El cambio también se refleja en las cifras. Entre enero y mayo de 2026 se registraron ataques contra 14 viviendas, tres instituciones educativas y dos estaciones de servicio. En ese mismo periodo, los ataques con drones aumentaron 146%, según el informe de la entidad.
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La preocupación se extiende a varios territorios. Cauca, Catatumbo, sur de Bolívar, Caquetá, Nariño, Huila, Chocó y Magdalena aparecen entre los departamentos donde se presentaron víctimas asociadas a este tipo de acciones. Además, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría emitió 17 alertas en 2025 y 2026 por los riesgos derivados del uso de drones con explosivos.
Uno de los principales problemas para las comunidades está en la dificultad de identificar qué ocurre cuando uno de estos aparatos sobrevuela una población. Los habitantes no siempre pueden establecer si se trata de labores de vigilancia o si el dispositivo transporta una carga explosiva.
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Esa incertidumbre tiene efectos sobre la vida cotidiana. La Defensoría señala que quienes permanecen en estas zonas pueden experimentar miedo, estrés, alteraciones del sueño y una sensación permanente de desprotección.
Grupos armados incorporan nuevas tácticas para usar drones
La amenaza tampoco está confinada al campo. El organismo advierte que los ataques pueden producirse en espacios urbanos, lo que incrementa la exposición de civiles y amplía los desafíos para las autoridades. Las disidencias de las Farc recurren a esta tecnología. Estos grupos fortalecieron sus capacidades de guerra e incorporaron tácticas empleadas en conflictos como los de Rusia y Ucrania; el resultado, según la Defensoría, es un aumento del poder destructivo de los ataques, mayores afectaciones y una situación de creciente vulnerabilidad para la fuerza pública.
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Los hechos recientes en Cauca muestran la dimensión de la amenaza. Días atrás, un explosivo lanzado desde un dron hirió a siete personas en el corregimiento de Asnazú, en Suárez. Entre los afectados había cuatro menores de 9, 10, 15 y 16 años. Los otros tres heridos eran adultos de 18, 33 y 59 años.
A este episodio se sumó un balance conocido esta semana por las autoridades: 47 ataques con drones fueron contabilizados en ocho municipios del Cauca. El dato se conoció junto con otros hechos violentos que provocaron preocupación entre autoridades locales y la Gobernación.
Leonardo González, director de Indepaz, explicó a RCN que los drones se convirtieron en una herramienta cada vez más utilizada por los grupos armados en diferentes regiones. De acuerdo con su análisis, el fenómeno no está concentrado en Cauca y también alcanza al Catatumbo y la Sierra Nevada.
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“Lastimosamente, el uso de drones, no solamente en el departamento del Cauca, porque lo estamos viendo en el Catatumbo y en la Sierra Nevada, es una nueva estrategia, de los últimos cinco o seis años, que ha ido implementándose, incluso, con enjambres de drones”, dijo.

El avance de esta modalidad también generó una respuesta desde el sector tecnológico. Axon, multinacional estadounidense con presencia en el país, tiene sistemas antidrones instalados en bases del Ejército y la Fuerza Aérea. La compañía espera que se reactive el proyecto del escudo nacional antidrones.
Fernando Vegas Cueto, country manager de Axon para Colombia y Centroamérica, sostuvo que la amenaza seguirá creciendo y que la fuerza pública necesita contar con herramientas para responder.
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“Los ataques van a seguir constantemente y cada vez más. Entonces, los soldados y la fuerza pública y militar necesitan protegerse y estar a la vanguardia de lo que los grupos al margen de la ley tienen hoy en día como ventaja”, afirmó.
El informe plantea un escenario en el que la expansión de los drones modifica las dinámicas del conflicto y obliga a reforzar las medidas de protección. Las alertas de la entidad, los ataques registrados y la incorporación de tecnología antidrones muestran que esta modalidad ya ocupa un espacio cada vez más frecuente en la agenda de seguridad nacional.
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