El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó el Decreto 1157 del 10 de agosto de 2026 para encargar “a partir de la fecha” al ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, como director general de la Unidad Nacional de Protección (UNP), “sin desvincularse de las funciones del empleo del cual es titular”.
La norma, expedida “en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales”, precisa que Lara Restrepo asumirá el cargo de Director General “código 0015, grado 24” de la UNP, mientras mantiene sus responsabilidades al frente del Ministerio del Interior.
El decreto también ordena que, “por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana del Ministerio del Interior”, se comunique su contenido al funcionario que estaba a cargo del encargo en la UNP, Javier Francisco Rodríguez Moreno, y al propio Lara Restrepo.
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En el artículo de vigencia, el Ejecutivo estableció que el acto “rige a partir de la fecha de su expedición” y que “deroga el artículo 2 del Decreto 1121 del 6 de agosto de 2026”.
El documento cierra con la fórmula “COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE” y consigna la firma del director (e) del Departamento Administrativo de la Función Pública, Andrés Barreto González.
Rodrigo Lara congeló nuevas contrataciones y decisiones de personal en la cartera del Interior
El Ministerio del Interior de Colombia enfrenta desde el 7 de agosto una suspensión en la firma de nuevos contratos y movimientos de personal, dictada por el ministro Rodrigo Lara tras asumir en el gobierno de Abelardo de la Espriella.
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La circular interna, fechada el día de la posesión del nuevo Ejecutivo, establece un periodo de trece días en el que ninguna dependencia podrá celebrar, prorrogar, adicionar o modificar contratos sin la autorización expresa del despacho ministerial.
De acuerdo con Semana, la disposición afecta tanto contratos de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión, como cualquier acuerdo que represente compromisos presupuestales, sin importar su modalidad o naturaleza.
Las restricciones también cubren nombramientos, encargos, comisiones y otras formas de vinculación de personal, por lo que viceministros, directores, subdirectores, jefes de oficina y funcionarios con facultades de contratación no podrán realizar movimientos sin autorización del ministro.
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Entre el 7 y el 20 de agosto, ninguna área podrá nombrar, encargar o designar personal sin el visto bueno del despacho de Lara.
Se exceptúan únicamente las gestiones indispensables para asegurar la continuidad de los servicios públicos, el cumplimiento de obligaciones legales, el acatamiento de órdenes judiciales o aquellas cuya postergación pueda afectar el funcionamiento esencial del Ministerio o responder a situaciones de urgencia manifiesta.
Todas estas actuaciones deberán informarse y someterse a consideración del ministro, además de mantener un registro consolidado de las solicitudes presentadas.
La decisión se toma en medio de alertas por el ritmo de contratación estatal en las últimas semanas del gobierno de Gustavo Petro. El nuevo equipo ministerial busca revisar los compromisos adquiridos durante la transición para evitar irregularidades o decisiones apresuradas. El periodo de suspensión concluye el 20 de agosto, cuando se prevé el retorno a la normalidad administrativa y contractual.
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La designación de Rodrigo Lara como director general de la Unidad Nacional de Protección, mientras mantiene su papel como ministro del Interior, marca un momento clave en la estrategia del gobierno de Abelardo de la Espriella para reforzar el control y la supervisión institucional en un periodo de cambio.
La aplicación de restricciones temporales sobre contrataciones y movimientos de personal en el Ministerio del Interior responde a la necesidad de revisar y depurar los compromisos adquiridos en la etapa final de la administración anterior, buscando asegurar la transparencia y la continuidad operativa.
Este enfoque pone de manifiesto la prioridad del Ejecutivo por fortalecer la gobernabilidad y minimizar riesgos administrativos en los primeros días de gestión, en un contexto sensible para la administración pública colombiana.
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