El país que le espera a Abelardo De La Espriella

Cuando Abelardo de la Espriella asuma la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto se encontrará con un país marcado por la polarización política, el recrudecimiento de la violencia y tensiones fiscales estructurales. Tras imponerse en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio de 2026 frente a Iván Cepeda (candidato del oficialista Pacto Histórico) con un 49,66% frente a un 48,70%, el nuevo mandatario asume el control del Estado con un margen de victoria inferior al punto porcentual, lo que tiñe con un marco de incertidumbre su capacidad para lograr las reformas estructurales que prometió en campaña. Su llegada al poder materializa un giro ideológico drástico tras el mandato de Gustavo Petro, pero también lo enfrenta de inmediato a la cruda realidad que los colombianos están viviendo hoy.

Sin dudas, el aumento de la violencia y la imperiosa necesidad de seguridad pública será su mayor desafío. El balance del ciclo de Petro deja al país inmerso en un incremento y una reconfiguración del crimen organizado, junto con un claro retroceso del control territorial del Estado a niveles de décadas pasadas. La política petrista denominada “Paz Total” se tradujo en una atomización de las estructuras al margen de la ley que, lejos de desmovilizarse o replegarse, aprovecharon los extensos ceses al fuego para fortalecer su estructura militar y financiera. Durante los últimos 4 años los grupos ilegales colombianos aumentaron un 45% su cantidad de miembros y su presencia territorial como consecuencia de la falta de incentivos reales para apostar a una desmovilización.

El uso sistemático de drones cargados con explosivos contra la fuerza pública evidencia un salto tecnológico que pondrá a prueba la promesa del nuevo presidente de restablecer el orden. Esta expansión cuantitativa se tradujo sin dudas en una incidencia geográfica sin precedentes en los últimos tiempos. Si hace 4 años las acciones violentas de los grupos armados afectaban de forma recurrente a unos 250 municipios, hoy este número llega a más de 380 distribuidos en 23 departamentos del territorio nacional. Las estructuras dominantes no solo han diversificado sus fuentes de ingresos, combinando el narcotráfico con la minería ilegal de oro, la trata de personas y el cobro de “cupos” al comercio local, sino que también han incrementado sus capacidades operativas. El uso sistemático de drones cargados con explosivos contra la fuerza pública en regiones como el Catatumbo, el departamento del Cauca y el Bajo Cauca evidencia un salto tecnológico de las organizaciones criminales que pondrá a prueba la promesa del nuevo presidente de restablecer el orden mediante operaciones de “mano dura” y la creación de bloques de Seguridad Urbana. A su vez, el ELN, el grupo insurgente más importante de la región, rompió las mesas de diálogo y consolidó su presencia en el este del país y en la frontera con Venezuela, una de las más complejas de América Latina.

El frente económico es el segundo gran condicionante que estrechará el margen de maniobra del nuevo gobierno. Según organismos multilaterales y agencias de calificación crediticia, el déficit fiscal de Colombia, en torno al 6,6% del PBI, es uno de los más grandes de la región y a este desequilibrio se suma un endeudamiento externo especialmente alto.

En el Congreso, el ajedrez legislativo va a imponer dinámicas de negociación permanente. Las elecciones parlamentarias del pasado marzo dejaron un Congreso atomizado en el que ningún bloque ostenta la mayoría absoluta por sí solo. Sin embargo, el sector petrista de Pacto Histórico es quien salió más favorecido en el reparto de bancas, con 54 escaños en el Senado y 95 en la Cámara, muy por encima de los escasos 17 senadores y 26 representantes oficialistas. Con esta composición parlamentaria no sólo se erige una oposición cohesionada y con volumen político significativo, sino que además este peso numérico asegura a la izquierda una capacidad de veto considerable en el trámite legislativo. En este escenario, la gobernabilidad de De la Espriella dependerá exclusivamente de su aptitud para establecer acuerdos con los partidos tradicionales (como el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U), cuyos legisladores funcionarán como bancadas bisagra que inclinarán la balanza hacia la aprobación de los proyectos de la Casa de Nariño o hacia el estancamiento institucional.

Así, la necesidad de alcanzar acuerdos con la clase política tradicional obligará al nuevo presidente a moderar el tono de sus iniciativas más radicales, a pesar de haber llegado al poder no precisamente por la mesura sino por el desenfreno de sus propuestas y discursos. Promesas como el endurecimiento de las penas, el rediseño del marco legal para las operaciones de seguridad y las reformas tributarias deberán ser negociadas constantemente con una oposición férrea en el Congreso y con partidos más moderados que exigirán representaciones regionales y en el gabinete. Un quiebre en estas conversaciones condenaría al Ejecutivo a un bloqueo legislativo persistente o a la necesidad de gobernar al límite de las facultades reglamentarias mediante decretos de emergencia, lo que elevaría de inmediato la tensión institucional.

A esta complejidad parlamentaria se suma la naturaleza de la oposición política que aguarda fuera del Congreso. Los casi 10 millones de votos obtenidos por Iván Cepeda en la segunda vuelta garantizan que la base social del progresismo conserva una notable densidad territorial en los grandes núcleos urbanos y en las regiones costeras. Mientras Cepeda asume la jefatura de la oposición desde su banca en el Senado, el expresidente Gustavo Petro buscará canalizar el descontento desde la movilización social y el debate en la opinión pública. Ante cualquier medida de ajuste fiscal, contrarreforma en el sistema de salud o intensificación del uso de la fuerza policial en entornos urbanos, la capacidad de respuesta sindical y estudiantil en las calles se perfila como un factor de desestabilización recurrente.

El país que recibe Abelardo de la Espriella es, en definitiva, una nación atrapada entre la urgencia de recuperar la autoridad territorial y los estrechos límites del equilibrio económico e institucional. La articulación de una política de seguridad efectiva sin desencadenar una crisis de gobernabilidad social, sumada a la gestión de un déficit fiscal ahogante en el marco de un Congreso fragmentado, constituirá el verdadero examen para la viabilidad de su proyecto de gobierno durante los próximos 4 años.