Posesión de Abelardo de la Espriella podría ser suspendida: Tribunal de Cundinamarca admitió demanda contra el traslado de la ceremonia a Cali

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda que busca suspender el traslado del Congreso a Cali para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto de 2026, y antes de decidir sobre la medida cautelar urgente ordenó a varias autoridades entregar soportes jurídicos, presupuestales y de seguridad sobre la reubicación del acto.

El despacho fijó un término improrrogable hasta el martes 4 de agosto de 2026 a las 5:00 p. m. para rendir informes y allegar parte de la documentación requerida. La admisión quedó consignada en un auto del 3 de agosto de 2026, con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano.

Según el documento, la solicitud judicial fue presentada por David Fernando Cano Mazuera mediante una acción popular con medida cautelar urgente.

El demandante sostuvo que el traslado de sede del Congreso para la ceremonia de posesión amenaza derechos e intereses colectivos como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, la prevención de riesgos previsibles, la publicidad de la función pública, la igualdad del gasto, la participación y las garantías mínimas de control ciudadano.

La demanda precisa que no pretende suspender el acto de posesión presidencial como tradición constitucional del Estado ni sustituir las competencias del Congreso. Su objeto, según el escrito, es que cualquier decisión de reubicación de la sede se ejecute con soporte documental, presupuestal, logístico, jurídico y de seguridad suficiente.

El tribunal pidió documentos sobre el acuerdo, los costos y los planes de seguridad

La medida cautelar principal solicita la suspensión provisional de los efectos y de la ejecución material de las decisiones del Senado y la Cámara de Representantes que aprobaron el traslado a Cali, hasta que las autoridades acrediten de forma completa, pública, certificada y verificable los documentos que respaldan esa decisión.

Entre los soportes exigidos por el demandante figuran el texto exacto del acuerdo entre Senado y Cámara, las proposiciones aprobadas en cada corporación, constancias de radicación, actas de sesión, certificaciones de quórum deliberativo y decisorio, votación nominal completa y un concepto jurídico sobre competencia, procedimiento y alcance del traslado.

También reclamó estudios presupuestales comparativos entre Bogotá, Cauca y Cali; la fuente presupuestal, los certificados de disponibilidad y registro, contratos, adiciones o modificaciones; además de estudios sobre seguridad, movilidad, evacuación, protesta social, salubridad y gestión del riesgo.

A eso sumó un plan integral de protección para congresistas, comunidad universitaria, ciudadanía, manifestantes, prensa e invitados, así como certificaciones sobre condiciones técnicas, logísticas, sanitarias, de aforo, evacuación y seguridad del escenario escogido.

La acción judicial se conoce después de que el Congreso aprobara el traslado de la posesión presidencial a Cali. Primero, la Cámara de Representantes dio luz verde a la iniciativa con 117 votos a favor y siete en contra. Posteriormente, el Senado avaló la medida con 58 votos positivos y 30 negativos, dejando en firme que la ceremonia del próximo 7 de agosto se realizará en la capital del Valle del Cauca.

La decisión establece que el acto protocolario tendrá lugar en el Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, donde Abelardo de la Espriella prestará juramento ante el Congreso en pleno y recibirá la banda presidencial.

Tras la votación en el Senado, el presidente de esa corporación, Honorio Henríquez, confirmó que el área administrativa adelanta la revisión de la logística y la financiación del desplazamiento de los congresistas. No obstante, aclaró que el Legislativo únicamente asumirá el costo de los tiquetes aéreos y no cubrirá gastos de hospedaje.

El presidente del Senado también señaló que los congresistas que no asistan a la sesión de posesión incurrirán en falla y recalcó que corresponde al Estado garantizar las condiciones de seguridad para los legisladores y las delegaciones internacionales que asistirán al evento.

El traslado responde a una solicitud del presidente electo. Inicialmente, De la Espriella propuso realizar la ceremonia en una guarnición militar del Cauca como homenaje a la Fuerza Pública. Sin embargo, esa opción fue descartada, al igual que la de Popayán, debido a la actividad del volcán Puracé y a consideraciones logísticas y climáticas.

Ahora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá decidir si concede o no la medida cautelar solicitada, una vez reciba y analice la documentación requerida a las entidades involucradas en la organización de la ceremonia.