
El clima político en el suroccidente colombiano se tensó tras dos ataques violentos registrados en el Valle del Cauca, ocurridos a pocos días de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente.
Los hechos, dirigidos contra autoridades indígenas en el municipio de Florida (donde murieron tres personas) y otro contra Yesid Sandoval, diputado del Pacto Histórico, entre la vía Yumbo y Dapa, encendieron las alarmas sobre la seguridad de sectores opositores y el respeto a las garantías democráticas en la transición gubernamental.
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La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, fue una de las primeras figuras en pronunciarse sobre los incidentes.
A través de sus redes, exigió máxima vigilancia estatal: “Dos atentados, uno contra autoridades indígenas de resguardo en Florida Valle, y otro contra el diputado del Pacto Histórico en el Valle del Cauca Yesid Sandoval, a una semana de la posesión de Abelardo de la Espriella en una universidad privada de Cali, exige la máxima alerta frente a garantías a la oposición política”.
Muhamad cuestionó la respuesta institucional y solicitó acciones inmediatas para proteger a líderes sociales y actores políticos alternativos.

Tras lo anterior, el presidente saliente Gustavo Petro también se refirió a la situación, responsabilizando a estructuras vinculadas con el narcotráfico y el extremismo político.
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En su cuenta de X, expresó: “Ataca el fascio narcotraficante a las organizaciones populares del Cauca con atentados contra la vida de verdad (sic)”. Petro consideró que se reactivó un ciclo de violencia: “Atentado contra las autoridades indígenas y contra el diputado del Pacto Histórico, comenzó el tradicional baile rojo de la muerte”.
Petro fue más allá, proponiendo una estrategia de organización comunitaria para la autodefensa. Hizo un llamado específico al movimiento indígena, campesino, popular y estudiantil del Cauca: “Solicito al movimiento indígena, campesino, popular y estudiantil del Cauca organizar las guardias libertadoras para contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular”.
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El mandatario sugirió aprovechar el 7 de agosto, fecha de la posesión presidencial, para que en Cali y otras regiones se convoquen asambleas populares que permitan “organizar las guardias libertadoras y las formas de la resistencia”.

En su planteamiento, Petro defendió la figura de las guardias libertadoras como mecanismos de autodefensa comunitaria. Señaló que deben actuar de forma coordinada con el ejército nacional, siempre que este cumpla con su mandato constitucional de proteger a la población: “Las guardias libertadoras son formas de milicia popular que deben actuar en coordinación con el ejército nacional allí donde el ejército decida cumplir con la orden constitucional de defender al pueblo”.
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Recalcó que, si los mandos militares se alinean con intereses criminales, la tropa tiene el derecho a exigir cambios o desobedecer órdenes que atenten contra la ciudadanía.
El jefe de Estado insistió en que la legitimidad de estas guardias reside en su obediencia exclusiva a las decisiones comunitarias: “Las guardias libertadoras solo obedecen órdenes de su comunidad en asamblea, es la comunidad la que decide si deben armarse o no, de acuerdo a la magnitud de la agresión”.
Para Petro, este modelo se diferencia del paramilitarismo, ya que se enmarca en la defensa colectiva y no en intereses particulares: “No hablamos de un nuevo paramilitarismo sino del derecho del pueblo a defender su vida”.
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La gravedad de la situación fue subrayada con una advertencia: “La amenaza va en serio y en serio debemos organizarnos, no es el momento de candidaturas y egos (sic)”.

Petro consideró que la unidad y la consulta popular deben primar en la definición de candidaturas y programas políticos, orientando las agendas locales hacia la implementación de reformas sociales y el fortalecimiento del poder popular en los territorios.
El líder político aclaró que cualquier estructura de defensa popular debe mantenerse alejada del narcotráfico, al que identificó como “una fuerza mortal contra el pueblo en el territorio”. Sostuvo también que el éxito de las elecciones locales de 2027 dependerá de la capacidad de proteger las reformas sociales y de avanzar en la consolidación de territorios libres de fascismo y control popular efectivo.
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Llamó a convertir las mayorías progresistas en fuerza electoral y en ejercicio cotidiano de la soberanía popular: “El poder popular es la forma de volver real y cotidiana la orden constitucional de una soberanía popular”.
En su cierre, el mandatario recordó: “Nunca olvidar que somos la mayoría del pueblo colombiano, respetamos a la Colombia aún no libre y no ejercemos violencia contra ella, se aplican todos los principios constitucionales sin distingo de posición política en las áreas del poder popular”.
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