
La exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, integrante del partido Centro Democrático, mostró su felicidad al conocerse la condena penal dictada contra el exalcalde de Santa Marta, exgobernador de Magdalena y ex precandidato presidencial Carlos Caicedo, de Fuerza Ciudadana.
El fallo judicial fue emitido por las irregularidades detectadas en la contratación para la modernización de puestos de salud durante la administración territorial de Caicedo en la capital del departamento de Magdalena (2012-2015).
Paloma Valencia expresó su postura a través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, en la que vinculó la decisión judicial con las discusiones sobre la gestión de sectores afines al Gobierno nacional de Gustavo Petro.
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“Es una buena noticia para Colombia que condenen a Carlos Caicedo a nueve años de cárcel por hechos de corrupción. El Pacto Histórico, que siempre posa de anticorrupción, tiene demasiados escándalos que se vuelven cada vez más difíciles de esconder”, escribió la excongresista del Centro Democrático.

En su mensaje, la lideresa uribista también hizo énfasis en la necesidad de endurecer las sanciones contra las faltas en la administración pública: “Las penas para los corruptos deberían ser cada vez más duras y ejemplarizantes. La corrupción no puede seguir desangrando a Colombia”.
Y es que la crítica de Paloma Valencia se debe a que Carlos Caicedo es una figura cercana a sectores de izquierda. Aunque en periodos pasados respaldó la propuesta del presidente Gustavo Petro, posteriormente tomó distancia en el panorama nacional y brindó su apoyo a la candidatura del congresista Iván Cepeda en las elecciones presidenciales de 2026.
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¿Por qué fue condenado Carlos Caicedo?
La decisión contra el exmandatario local fue dictada por la jueza Novena Penal del Circuito de Bogotá, que lo halló responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con peculado por apropiación agravado en calidad de coautor.
Los hechos investigados corresponden al proceso de intervención y adecuación en cuatro centros de salud del distrito de Santa Marta.

Por estas conductas, el despacho judicial impuso a Caicedo una pena principal de 117,6 meses de prisión, término equivalente a 9 años y 9 meses de cárcel. Adicionalmente, la sentencia fijó una multa económica por la suma de 4.453.229.734 de pesos.
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El fallo de la jueza incluyó la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la condena de prisión. Asimismo, se aplicó la inhabilitación intemporal fijada en el artículo 122 de la Constitución Política para los ciudadanos condenados por delitos cometidos contra la administración pública.
En el documento, fechado el miércoles 29 de julio, se determinó que el procesado no reúne las condiciones para acceder a ningún mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad. En consecuencia, el juzgado ordenó la expedición de la orden de captura correspondiente, la cual se hará efectiva una vez la sentencia quede debidamente en firme.
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Una vez se concrete el trámite judicial y la detención, corresponderá al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) definir el establecimiento de reclusión donde el exalcalde deberá cumplir la sanción impuesta.
El millonario contrato que originó la investigación
Las pruebas examinadas durante el juicio se enfocaron en las faltas cometidas en la fase precontractual del contrato identificado con el código PS-04, el cual fue firmado el 20 de agosto de 2014. El acuerdo legal se suscribió entre la Empresa Social del Estado (ESE) Alejandro Próspero Reverend y la empresa Mediredes SAS.
Ese contrato tuvo un valor total de 6.532.759.830 de pesos y estableció un periodo de ejecución de diez meses. Los trabajos pactados consistían en la realización de labores de mantenimiento y adecuación en las sedes de salud de los sectores de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz.
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De acuerdo con el material probatorio aceptado por el juzgado, el 5 de junio de 2014, Caicedo expidió el acuerdo número 0004 en su doble condición de alcalde de Santa Marta y presidente de la junta directiva de la ESE.

Mediante este acto administrativo, el entonces mandatario de Santa Marta autorizó al gerente de la entidad de salud a adelantar las actuaciones jurídicas para contratar las obras de infraestructura, etapa en la cual la justicia encontró las fallas legales que motivaron la sanción.
Durante la fase final del proceso, la Fiscalía General de la Nación solicitó al despacho una sentencia de tipo condenatorio. El organismo investigador demandó no otorgar beneficios a Caicedo, bajo el argumento de la gravedad de los delitos cometidos contra los recursos del Estado.
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