La defensa de Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, presentó una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El equipo jurídico del señalado contrabandista acusó al jefe de Estado de incurrir en los delitos de injuria, calumnia y abuso de autoridad por omisión de denuncia, tras una serie de declaraciones públicas que, según argumentan, ponen en riesgo la integridad y el buen nombre de su cliente. La acción judicial fue radicada el 24 de julio de 2026, según información obtenida por Caracol Radio.
Señalamientos públicos y delitos imputados
La denuncia, presentada por el abogado Nelson Antonio Lopera, señala que Gustavo Petro habría formulado acusaciones directas contra Marín Buitrago en distintos escenarios, como la red social X, ruedas de prensa, consejos de ministros y entrevistas a medios de comunicación. La defensa sostiene que el mandatario sostuvo afirmaciones “sin el amparo de la presunción de inocencia”, vulnerando así derechos fundamentales de su representado.
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De acuerdo con el documento citado por Caracol Radio, la denuncia solicita que se investigue al presidente por los presuntos delitos de injuria (artículo 220 del Código Penal), calumnia (artículo 221), circunstancias especiales de agravación de la pena (artículo 223) y abuso de autoridad por omisión de denuncia (artículo 417). Los abogados destacan que, si el mandatario colombiano tenía conocimiento de hechos que pudieran constituir delitos, debía trasladarlos formalmente a las autoridades competentes.
La defensa enfatizó en el escrito que “las manifestaciones públicas del jefe de Estado habrían vulnerado el buen nombre y la presunción de inocencia de Diego Marín Buitrago”, y que algunas de esas afirmaciones estarían relacionadas con información de inteligencia protegida por reserva legal.
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Uso de información de inteligencia y derecho de defensa
En la denuncia se advierte sobre el uso de información suministrada por organismos de inteligencia del Estado. Según el abogado de Marín Buitrago, su cliente se encuentra en una situación de indefensión frente a ese tipo de datos, ya que no ha tenido acceso para controvertirlos en un escenario judicial. El documento destaca que parte de las afirmaciones públicas del mandatario se habría basado en informes de inteligencia que forman parte de investigaciones penales sometidas a reserva.
La defensa argumenta que “el presidente realizó afirmaciones sin aportar pruebas suficientes, lo que afecta el buen nombre y la integridad del empresario”, según recoge Caracol Radio. Además, plantea que, de confirmarse que Petro tenía información sobre hechos constitutivos de delito, incumplió su deber legal de denuncia como servidor público.
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Hasta el momento, Gustavo Petro no ha emitido ninguna declaración pública sobre la denuncia presentada por la defensa de alias Papá Pitufo. La acción judicial radicada ante la Comisión de Acusaciones implica que será esa instancia del Congreso la encargada de determinar si existen méritos para iniciar una investigación formal contra el presidente en ejercicio.
Contexto judicial de alias Papá Pitufo
La denuncia se conoce en un contexto judicial complejo para Diego Marín Buitrago. El señalado contrabandista enfrenta actualmente un proceso de extradición a Colombia, luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara a Interpol la reactivación de la circular roja en su contra.
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Marín Buitrago fue capturado en Portugal y ha promovido diferentes recursos legales para evitar su entrega a las autoridades colombianas, incluidos un hábeas corpus y una solicitud de asilo que fue negada y posteriormente apelada.
Las autoridades colombianas investigan a Marín Buitrago por presuntamente liderar una organización transnacional de contrabando. De acuerdo con la Fiscalía, la red habría operado mediante empresas fachada, rutas ficticias de importación y sobornos a funcionarios públicos, principalmente para facilitar el ingreso ilegal de cigarrillos, licores, textiles y calzado a través de los puertos de Cartagena y Buenaventura.
La investigación sostiene que, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, funcionarios de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) habrían omitido sus funciones de control, favoreciendo los intereses de la red comandada por Marín Buitrago.
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