Proyecto autorizado para explotar materiales de arrastre en el río Saldaña sigue sin iniciar operaciones: Anla y ANM respondieron

A casi cuatro meses para que finalice 2026, el proyecto minero autorizado para la explotación de materiales de arrastre en el río Saldaña, en el Tolima, permanece sin entrar en operación, pese a contar con licencia ambiental y título minero vigentes, según reafirmaron tanto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Agencia Nacional de Minería (ANM), en respuesta a derechos de petición de la comunidad.

En julio de 2024, la Anla otorgó a Holcim la Licencia Ambiental mediante la Resolución 1550, y autorizó el desarrollo de un proyecto para la explotación de materiales de arrastre en esta zona durante un periodo de 13 años. Sin embargo, desde entonces no se han registrado movimientos, en medio de la expectativa de los habitantes, que esperan la generación de empleos y la reactivación económica que la empresa prometió.

De acuerdo con información de la Anla en respuesta a consultas de la comunidad, a la que tuvo acceso Infobae Colombia, hasta el momento Holcim no ha notificado el inicio de las actividades de explotación, ni ha presentado comunicaciones que indiquen el comienzo de la ejecución del proyecto. Lo preocupante, según advirtieron algunos pobladores, es que tampoco se conoce cuándo arrancará la intervención.

Además, la autoridad ambiente detalló que “no se han registrado reportes de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen la ausencia de avance en el desarrollo del proyecto”. El organismo precisó que la pérdida de vigencia de la licencia ambiental no puede evaluarse en este momento, ya que el marco normativo establece que esta figura solo procede si pasan cinco años desde la ejecutoria de la licencia sin que se inicie la obra.

Esto está relacionado en el artículo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 de 2015, y también está sujeto siempre después de solicitar explicaciones al titular. Por su parte, la ANM explicó que el Contrato de Concesión No. HGV-12391X no incluye una etapa de construcción y montaje, debido a una modificación aprobada en 2014; y desde entonces, las etapas contractuales se definieron en una serie de plazos aún vigentes.

Son ellos: un año de exploración, cero años de construcción y montaje, y 27 años para la explotación. Según la ANM, el desarrollo del proyecto se ha visto condicionado por factores técnicos, económicos y sociales, además de la existencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito alegadas por la empresa titular, para que se revoque la licencia concedida a la firma, en este caso Holcim Colombia.

¿Qué medidas ha adoptado la Agencia Nacional Minera en este caso?

En su respuesta, la ANM informó sobre la expedición de la Resolución GSC No. 497 de 2024, que autorizó la suspensión temporal de las obligaciones del contrato de concesión entre el 6 de junio de 2024 y el 6 de junio de 2025; y, en la actualidad, se evalúa una nueva solicitud para reducir los volúmenes de explotación autorizados, presentada el 25 de marzo de 2026 y de la cual no tenía conocimiento la comunidad.

En su defensa, la empresa argumentó ante el organismo que circunstancias técnicas y económicas transitorias han dificultado el inicio de las labores de explotación. El Programa de Trabajos y Obras (PTO), aprobado en 2023, proyectaba una producción anual de 124.444 metros cúbicos de arena (56%) y 97.778 metros cúbicos de grava (44%); aunque lo que más preocupa son los ingresos dejados de percibir.

En efecto, la Agencia Nacional Minera aclaró que no es posible calcular cuánto ha dejado de recaudar el Estado por concepto de regalías, ya que estas solo se liquidan sobre la producción efectivamente explotada y declarada, la cual no se ha generado mientras el proyecto se encuentra suspendido. Mientras tanto, el proyecto mantiene vigentes las obligaciones ambientales establecidas en la licencia concedida a Holcim.

Entre las que se destacan la inversión del 1% destinada a la recuperación de la cuenca del Bajo Saldaña, la compensación ambiental de 115,04 hectáreas de ecosistemas naturales en el Tolima Grande y la aplicación de mecanismos de relacionamiento con las comunidades del área de influencia. Sobre el particular, la Anla remarcó que estos compromisos deberán cumplirse conforme avance la ejecución del proyecto.

Frente a este escenario, existe inconformidad en la zona frente a las demoras, pues existe la necesidad de que el proyecto entre en operación. Y es que la prórroga de la suspensión ha empezado a postergar los beneficios sociales y económicos acordados durante la fase de consulta previa con los moradores, por más de que tanto la Anla como la ANM han remarcado que el proyecto está bajo revisión.