
Bogotá ajustó las reglas para ordenar las actividades económicas que se desarrollan en el espacio público y definir los pasos que deberán seguir los vendedores informales que buscan acceder a alternativas autorizadas por el Distrito Capital. La nueva regulación establece procedimientos para el aprovechamiento económico de estos espacios y fija responsabilidades para las entidades encargadas de acompañar estos procesos
La actualización fue anunciada por el Instituto para la Economía Social (Ipes), entidad que explicó que el Decreto 117 de 2026 modifica el Decreto 642 de 2025 y establece una ruta de actuación institucional frente a las actividades comerciales realizadas por vendedores y vendedoras informales. El objetivo de la norma es organizar el uso económico del espacio público, garantizar que la ciudadanía pueda disfrutar de estas zonas y ofrecer mecanismos de acompañamiento para quienes dependen de las ventas informales como fuente de ingresos.
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“Estos protocolos nos permiten realizar un acompañamiento integral a los vendedores y vendedoras informales, garantizar el disfrute del espacio público para toda la ciudadanía y ofrecer reglas claras, alternativas y acompañamiento para quienes desarrollan actividades económicas”, afirmó Catalina Arciniegas, directora del Ipes.
Actualmente, Bogotá cuenta con 95.040 vendedores informales caracterizados. Según la entidad, más del 50% de esta población está conformada por mujeres y el 33% corresponde a personas mayores de 60 años, para quienes esta actividad representa una fuente importante de sustento económico. Uno de los puntos centrales de la regulación está relacionado con los requisitos para acceder a espacios autorizados de aprovechamiento económico. Las personas interesadas en desarrollar actividades comerciales deberán contar con el Registro Individual de Vendedores Informales (Rivi), documento que permite su identificación dentro del sistema distrital.
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Quienes busquen ingresar a la Red Distrital de Espacios para el Aprovechamiento Económico del Espacio Público (Redep), que incluye Puntos de Encuentro, quioscos y mobiliario semiestacionario, tendrán que contar con un Rivi correspondiente a la localidad donde realizan su actividad. Para participar en Ferias Institucionales, los vendedores podrán acceder si cuentan con dicho registro o si previamente fueron caracterizados por el Ipes.
La normativa también contempla casos particulares de personas pensionadas que se encuentren en condiciones de alta vulnerabilidad. Cuando una persona tenga una pensión superior a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), el Ipes podrá realizar una visita domiciliaria para revisar sus condiciones socioeconómicas y determinar si puede acceder a las alternativas comerciales disponibles.
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Las autorizaciones para ocupar espacios públicos tendrán una duración limitada. Cuando el punto cuente con mobiliario del Ipes, la autorización tendrá una vigencia de dos años. En los casos donde el mobiliario sea propiedad del vendedor, el permiso tendrá una duración de un año. “Los vendedores informales pueden solicitar la renovación de la autorización temporal de aprovechamiento económico, siempre que cumplan las condiciones establecidas”, indicó la entidad.
El Distrito aclaró que el uso del espacio público no tendrá costo para quienes desarrollen actividades autorizadas. La retribución económica solo aplicará para las personas que utilicen bienes muebles o inmuebles proporcionados por la entidad. Estos recursos estarán destinados al aseo, mantenimiento del punto, seguridad y mejoras del entorno.
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La regulación también establece cuáles son las zonas donde no está permitido ocupar el espacio público debido a condiciones relacionadas con la seguridad y el funcionamiento urbano. Entre estos lugares se encuentran los alrededores de hidrantes, rutas de evacuación, infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), accesos peatonales y otros elementos destinados a la atención de emergencias.
Cuando se presente una ocupación indebida en estos espacios, las autoridades deberán aplicar una ruta de atención antes de adoptar medidas policivas. Este proceso contempla tres etapas: identificación y caracterización de la persona, presentación de alternativas y, finalmente, la acción policial cuando sea necesario. Con esta actualización, el Distrito busca establecer criterios más claros para la actividad comercial en el espacio público y fortalecer el acompañamiento a los vendedores informales que buscan ejercer sus actividades bajo las condiciones definidas por la Administración distrital.
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