El presidente electo Abelardo de la Espriella lanzó en Montería, Córdoba, una contundente advertencia a los cabecillas de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, con presencia en el departamento y otras zonas del Caribe: les dio 17 días para “someterse” a la justicia o, de lo contrario, anunció que ordenará acciones letales contra ellos.
“El mensaje es claro: tienen 17 días para someterse y, si no se someten a la justicia, los voy a dar de baja con el derecho correspondiente, sin ningún problema, aplicando la Constitución y la ley”, manifestó al cierre de la reunión de empalme en la capital cordobesa.
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En su intervención, De la Espriella mencionó a varios presuntos integrantes del grupo, entre ellos alias Joaquín o el Cura, identificado como Elquim Posada Casarrubia, a quien señaló como máximo cabecilla de esa estructura. También nombró a alias Pata de Palo o Número 2, Monseñor, Ángel, Arrieta y Hugo, a quienes ubicó como supuestos responsables de áreas militar, financiera, política y de narcotráfico.
“Esta razón es para a todos estos bandidos de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, a ese bandido alias Joaquín o El Cura, cuyo nombre de pila es Elkin Posada Casarrubia, que es el cabecilla principal de esta estructura de Roberto Vargas Gutiérrez. A Francisco Miguel Pacheco Ángel, alias Patapalo o Número Dos, segundo cabecilla de este grupo de bandidos. A José Alberto Vega Albarán, alias El Flaco o Monseñor, coordinador del narcotráfico del clan del Golfo. A Jonathan Restrepo Salazar, alias Ángelo, cabecilla armado”, expuso.
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El líder del movimiento político Defensores de la Patria aseguró que, según información de inteligencia, la estructura estaría recibiendo integrantes provenientes de las estructuras Juan de Dios Úsuga y Jairo de Jesús Durango Restrepo, en medio de una reorganización interna del Clan del Golfo. Sostuvo que esos movimientos responderían a la llegada de su gobierno y advirtió que podrían continuar las rotaciones de mandos dentro de la organización.
De la Espriella reiteró que su estrategia de seguridad se basará en el fortalecimiento de la fuerza pública y en una ofensiva contra las principales estructuras criminales del país.
Capos y testaferros del Clan del Golfo se estarían trasladando a Panamá, tras ultimátum

Varios capos invisibles y testaferros del Clan del Golfo y de las disidencias de las Farc han comenzado a salir de Colombia para refugiarse en Panamá, en un movimiento que, según Semana, estaría ligado a la victoria de Abelardo De la Espriella y a su ultimátum de 30 días para que los grupos criminales se sometan a la justicia.
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La revista colombiana atribuyó la información a fuentes de inteligencia. Hasta el momento, en Panamá no se ha conocido ninguna reacción de las autoridades de seguridad sobre el presunto ingreso de esos operadores del narcotráfico.
El dato no apunta a jefes visibles de esas estructuras, sino a figuras de alto poder financiero y logístico que actúan como testaferros. De acuerdo con la publicación, la salida del país ha sido paulatina.

De la Espriella, próximo jefe de Estado, reiteró que una de sus banderas será combatir a los terroristas y buscar el retorno de la paz y la tranquilidad a las zonas golpeadas por la violencia. En ese sentido, el ultimátum a las organizaciones armadas y criminales aparece como el factor que habría acelerado la fuga hacia territorio panameño.
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Lo reportado por el medio referenciado remite a un precedente de la primera mitad de la década de 1980, cuando la presión judicial y política contra el Cartel de Medellín se intensificó en Colombia y varios de sus máximos jefes buscaron refugio temporal en Panamá.
En ese período, esos movimientos fueron favorecidos por la red de protección que ofrecía el régimen del general Manuel Antonio Noriega y por la posición estratégica de ese país, ubicado en América Central, en las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos.
Fuentes históricas sostienen que, en ese contexto, Pablo Emilio Escobar Gaviria llegó a obtener una cédula de identidad personal panameña con el número 4-102-701, correspondiente a la provincia de Chiriquí. El documento habría sido expedido en medio de acuerdos informales y de la corrupción institucional que marcaba el entramado de poder de la época.
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