Denuncian irregularidades en licitación de ciberseguridad de Colombia Compra Eficiente: la Procuraduría investiga contrato por $300.000 millones

A pocos días de que el gobierno de Gustavo Petro termine, una de las instituciones con mayores recursos asignados vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de los señalamientos sobre posibles irregularidades en el contrato de ciberseguridad más grande de Colombia Compra Eficiente.

De hecho, las quejas sobre las formas en las que se adjudicó dicha licitación han desencadenado una investigación preventiva por parte de la Procuraduría General de la Nación, a raíz de denuncias de presuntas manipulaciones en el proceso de selección de proveedores.

La polémica gira en torno a un acuerdo marco valorado en 300.000 millones de pesos, que ha sido objeto de críticas por supuestas restricciones a la competencia y posible favorecimiento a un fabricante específico.

El viernes 17 de julio, el colectivo Defensores de la Patria informó que el equipo anticorrupción del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella radicó cuatro denuncias ante la Procuraduría y la Contraloría. Entre ellas, una apunta directamente a la licitación de servicios de ciberseguridad en la agencia estatal.

El cuestionamiento principal es que los pliegos de condiciones contendrían requisitos que limitan la participación de empresas locales, lo que podría reducir la pluralidad de oferentes y restringir la competencia a menos de cinco participantes en un mercado donde operan más de 300 compañías habilitadas.

De hecho, ante las denuncias la Procuraduría solicitó a la entidad información detallada sobre la supuesta dependencia de autorizaciones de fabricantes, la existencia de canales únicos y la selección de marcas, así como datos que prueben la real apertura a varios oferentes. Este requerimiento busca esclarecer si el proceso restringe la competencia y beneficia a un solo actor del sector tecnológico.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el contrato en disputa será adjudicado el 26 de octubre y tendrá una vigencia de dos años. Se trata de una licitación pública para la suscripción de un acuerdo marco de precios, bajo el cual se contratarán servicios de ciberseguridad estructurados en segmentos funcionales para cobertura nacional.

En la audiencia pública realizada el 15 de julio, representantes de empresas tecnológicas advirtieron sobre un posible sesgo tecnológico en la estructuración del acuerdo marco. Según el documento enviado a la dirección de Colombia Compra Eficiente y conocido por el diario nacional, todos los intervinientes coincidieron en que la configuración técnica del proceso podría materializar riesgos de colusión desde la fase inicial de presentación de ofertas. Además, se denunció que los criterios técnicos reducen artificialmente la competencia, sin una justificación técnica objetiva.

La carta dirigida a Cristóbal Padilla, director de la agencia, solicita la revocatoria inmediata de la licitación. El documento, firmado por el abogado Nicolás Contreras Bonilla, argumenta que el diseño de los requisitos fue elaborado a puerta cerrada y con intervención de actores externos cuya identidad no ha sido revelada.

Incluso se señala una anotación en la ficha técnica que evidenciaría la participación de un tercero al indicar: “Mauricio te envío ficha con condiciones…”. Este detalle reforzaría la sospecha de que las especificaciones beneficiarían a un único fabricante.

“(...) Hay una anotación que revela el origen externo del documento, en la que un tercero remite el archivo a un funcionario de la entidad con la expresión: «Mauricio te envío ficha con condiciones…». Dicha anotación evidencia que las especificaciones técnicas no fueron construidas de manera autónoma por la entidad estructuradora, sino suministradas por un actor externo cuyo interés no ha sido revelado, y cuyas fichas se encuentran orientadas a un único fabricante de tecnología”, señala la carta revelada por El Tiempo.

Respuesta de Colombia Compra Eficiente y posición oficial

Ante las denuncias, la dirección de Colombia Compra Eficiente rechazó de manera enfática las acusaciones. A través de un comunicado, la entidad calificó de falsos los señalamientos de direccionamiento y aclaró que la adjudicación está prevista para el 14 de octubre, no para el 28 de julio como se había afirmado. Además, la agencia defendió la legalidad del proceso: “No es cierto que haya irregularidades en procesos de contratación adelantados por esta Agencia”, señalaron.

La respuesta oficial sostiene que el acuerdo marco no constituye un contrato convencional, sino una herramienta de negociación inicial de precios con proveedores, donde la modalidad garantiza la pluralidad de oferentes. La entidad también afirmó que el proceso de estructuración fue abierto, con invitaciones enviadas desde hace un año, y que se solicitó el acompañamiento de la Procuraduría desde el 16 de julio para asegurar transparencia.

Colombia Compra Eficiente reiteró su disposición a permitir el empalme con el nuevo gobierno para disipar cualquier inquietud, aunque lamentó que el equipo del presidente electo no haya asistido a las reuniones propuestas.

Acciones de la Procuraduría y próximos pasos

Entretanto, la Procuraduría General de la Nación adoptó una postura preventiva, demandando a la agencia información sobre la pluralidad de oferentes, condiciones técnicas y posibles inconsistencias entre los pliegos y sus anexos. El organismo recordó que la competencia no puede ser meramente formal y que las reglas del proceso deben evitar que la selección de una marca limite la participación a uno o pocos proveedores.

La Procuraduría aclaró que su intervención busca anticipar riesgos, fortalecer la transparencia y asegurar condiciones objetivas de participación, sin suspender el proceso ni sustituir las funciones de la entidad estatal. Como medida adicional, exhortó a Colombia Compra Eficiente a organizar mesas técnicas con fabricantes, proveedores, integradores y expertos antes de avanzar en las etapas finales de la licitación.