Fiscalía investiga concesionario de Ferrari en Bogotá por acusaciones de estafa: habría reportes desde 2016

La reciente crisis que sacude a la comercialización de vehículos Ferrari en Bogotá ha dejado a numerosos clientes a la espera de respuestas, tras la clausura repentina de la lujosa vitrina ubicada en la calle 103 con carrera 19.

De hecho, las autoridades han puesto la lupa sobre Autos Italianos de Colombia S.A., concesionario que enfrenta denuncias por presunta estafa y que, según la Fiscalía, ya tendría antecedentes por hechos similares.

Según información revelada por Caracol Radio, en el ente acusador existirían varias noticias criminales abiertas en 2016 y 2020, que siguen en proceso investigativo, que involucra al concesionario ubicado en el norte de la capital, mientras clientes ahora anuncian nuevas acciones legales contra el concesionario

Decenas de compradores han revelado que entregaron anticipos millonarios —en algunos casos, hasta el 25 % del valor total del auto— para separar modelos exclusivos como el Ferrari Roma Spider o el Ferrari 296 GTS, con precios que superan los 3.400 millones de pesos, según una investigación de El Tiempo.

Los afectados aseguran que, a pesar de haber cumplido con los pagos, los vehículos nunca fueron entregados en las fechas pactadas y el concesionario no ofrece claridad sobre la devolución del dinero.

Algunos clientes relataron que el proceso de compra se inició con la atención de una gerente de ventas, quien presentaba el catálogo y ofrecía personalizaciones como vidrios polarizados y acabados exclusivos. Sin embargo, tras firmar contratos y realizar los desembolsos, la entrega de los automóviles quedó en el limbo y el concesionario cerró sus puertas sin previo aviso.

Las autoridades están verificando si existen nuevos hechos que puedan constituir delitos y determinar la responsabilidad de los involucrados. Paralelamente, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) envió un requerimiento oficial a la empresa, mientras la Fiscalía contacta a compradores que invirtieron hasta 2.000 millones de pesos en modelos de lujo, según reveló El Tiempo.

Empresas y nombres detrás del escándalo

Según documentos obtenidos por medios de comunicación, la empresa responsable de la operación es Autos Italianos de Colombia S.A., cuyo representante legal suplente era Henry Ávila. Sin embargo, los accionistas identificados son los empresarios mexicanos Sergio de la Vega y Erik Stolberg Fernández, junto al colombiano Jorge Enrique Carvajales Orozco —expresidente de Reficar—, quien ya había sido llamado a declarar por otro caso de presunto sobrecosto en una refinería.

El contrato de compraventa estipulaba que los vehículos serían entregados en mayo de 2026, pero, según la documentación firmada, ni el dinero ni los autos han sido restituidos a los clientes. La propia titular de la SIC, Cielo Rusinque, confirmó a El Tiempo el envío de un requerimiento formal a la empresa aludida.

La situación se agravó cuando Ferrari Norteamérica notificó por carta que había retirado la representación oficial a Autos Italianos de Colombia, alegando que la empresa había vendido la concesión sin autorización. Por su parte, los nuevos dueños —Autos de Alta Gama Holdings S.A.— aseguraron en otro documento que solo se trató de un préstamo con acciones como garantía.

Entre los testimonios de los afectados destaca el del empresario Antonio Mendivil, quien reveló en entrevista con Blu Radio que entregó 30.000 dólares como abono para la fabricación de un Ferrari 849 Testarossa Assetto Fiorano. Pocos días después, se enteró de que la representación oficial había sido retirada, quedando su dinero “enlatado” y sin respuesta sobre su destino.

“Trabajan con el dinero de uno. No sabíamos. Yo no sabía”, declaró Mendivil, al comparar el esquema colombiano con el estadounidense, donde el anticipo únicamente reserva el auto y el saldo se paga con la llegada del vehículo.

Dudas sobre el servicio posventa y garantías

El problema trasciende la compra de nuevos vehículos: la comunidad de propietarios de Ferrari en Colombia teme por la continuidad del servicio técnico, la garantía y las reparaciones especializadas. Mendivil advirtió que la ausencia de un concesionario autorizado deja a los clientes sin respaldo para el mantenimiento de sus autos.

Los denunciantes han manifestado que, ante la falta de respuesta de los nuevos representantes, urge que las autoridades revisen las condiciones de este tipo de operaciones para proteger a los consumidores que confiaron sumas millonarias.

La investigación sigue abierta. Las autoridades evalúan si los hechos podrían configurarse como concierto para delinquir, lavado de activos o enriquecimiento ilícito, mientras los clientes esperan certezas sobre sus inversiones y vehículos.