En su último discurso como presidente ante la instalación del nuevo Congreso el 20 de julio de 2026, Gustavo Petro sostuvo que la posibilidad de una extradición y su situación frente a la lista Ofac (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), más conocida como la Lista Clinton, dependen de una decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: dijo que “no me van a extraditar hasta que Trump no diga: «Juzguen»”.
En esa intervención, el jefe de Estado colombiano vinculó el tema con el alcance que, según su versión, tiene el gobierno estadounidense sobre la Fiscalía: “Porque él es el que nombra la fiscalía en Estados Unidos. Juzguen a Petro”.
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El mandatario saliente también se refirió a las restricciones que asegura tener por medidas administrativas relacionadas con ese listado, que identificó como emitido por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro: “Solo me tienen en unas medidas administrativas, yo puedo volar a donde quiera”.
Sobre los límites que describió, afirmó: “Lo único que no puedo hacer es negocios con personas naturales o jurídicas de los Estados Unidos o que hagan”.

En el mismo tramo del discurso, Petro dijo que esa condición no lo afecta en lo personal: “Y a mí, yo no hago negocios, senador. Pues para mí eso es inocuo”.
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También relató un intercambio que atribuyó a conversaciones directas con Trump: “Trump sabe cómo me dice cuando lo llamo personalmente: Good man”, comentó entre risas, antes de añadir: “Bueno, ya veremos qué pasa”.
Al final de ese pasaje, mencionó otro frente político interno: “No, lo que quiere la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero esa es otra pelea. ¡Menos!”.
Gustavo Bolívar se despachó contra el equipo de Abelardo de la Espriella por insistir en la extradición de Petro
El debate por la posible extradición del mandatario saliente Gustavo Petro a Estados Unidos, sugerido por voces cercanas al presidente electo Abelardo de la Espriella, generó una fuerte reacción en el entorno político colombiano. Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social, advirtió en su cuenta oficial de X sobre los riesgos que implicaría ejecutar una medida de ese tipo sin el debido proceso judicial.
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“Un presidente no tiene facultades judiciales. Cuando Abelardo y sus camisas negras dicen que extraditarán a Petro a los EEUU sin que medie investigación, acusación y juicio, ¿está reconociendo que se volverá dictador?”, cuestionó Bolívar, poniendo en duda la legitimidad democrática de la idea promovida por algunos sectores del nuevo gobierno.
Bolívar también enfatizó en el respaldo social que mantiene Petro tras dejar la presidencia: “Si tocan a @petrogustavo tocan a 13 millones”, escribió, en referencia al caudal de votos que obtuvo la izquierda en las recientes elecciones del 21 de junio de 2026. A su juicio, esa cifra representa la legitimidad política de Petro como principal líder de la oposición.
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El exsenador sostiene que la legalidad y la democracia colombianas se verían comprometidas si un mandatario intentara ordenar la extradición de un dirigente opositor sin que existiera una investigación formal, una acusación concreta y un juicio previo que fundamentara la medida. La preocupación de Bolívar apunta a que usar el poder presidencial para acciones judiciales extralegales podría abrir la puerta a prácticas autoritarias en el país.

La cuenta de seguidores “De la Espriella Presidente” respondió directamente a Bolívar en X. “Ya el debate no es si Petro es delincuente o no, ya es que ‘no se puede’ extraditar, bueno… al menos ya aceptaron la primera parte”, replicaron, profundizando la polarización en torno a la figura de Petro y el alcance jurídico de la extradición.
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El cruce de declaraciones refleja la tensión política que se vive en Colombia tras el cambio de gobierno. Las dudas sobre la viabilidad legal y el impacto democrático de una eventual extradición se suman a la incertidumbre sobre el rumbo que tomará la oposición liderada por Petro y su entorno.
La controversia, amplificada en redes sociales, muestra cómo el escenario político nacional continúa marcado por profundas divisiones y cuestionamientos sobre el respeto a las garantías judiciales y los límites del poder presidencial.
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