
La elección de Honorio Miguel Henríquez Pinedo el 20 de julio de 2026 como nuevo presidente del Senado para el periodo legislativo 2026-2027 reordenó el mapa político en Colombia y dejó como uno de sus efectos más visibles una alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, que hasta hace poco no figuraba entre los escenarios previsibles.
El cargo que asumirá tras su posesión está entre los más disputados de la política nacional por su peso en la cámara alta. Desde esa posición tendrá a su cargo la conducción de las plenarias, la organización del trámite legislativo y la interlocución formal del Congreso con otras ramas del poder público.
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En términos concretos, artículo 19 del Reglamento del Senado, el nuevo titular del Poder Legislativo será quien abra y cierre las sesiones plenarias. También deberá dirigir cada jornada del periodo legislativo, mantener el orden en el recinto y garantizar que los debates se desarrollen bajo las normas legales aplicables.
La presidencia del Senado define el ritmo de las plenarias y el trámite de los proyectos

Una de las atribuciones centrales del cargo consiste en vigilar el cumplimiento de los deberes de los senadores que integran la corporación. Esa tarea incluye supervisar la asistencia puntual a las sesiones y requerir a los ausentes cuando no exista una excusa legal.
Henríquez también deberá repartir los proyectos radicados para estudio legislativo y ordenar su trámite. Eso implica definir en qué comisión será analizada cada iniciativa y en qué secuencia se debatirá para avanzar hacia su aprobación como ley de la República.
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Esa facultad no es menor dentro del funcionamiento del Congreso. La asignación de comisiones y del orden de discusión incide directamente en el recorrido de las propuestas y en la velocidad con la que pueden avanzar dentro del Senado.
A esa responsabilidad se suma la designación de las Comisiones Accidentales, grupos de trabajo temporales creados para atender tareas o misiones específicas. Su función es apoyar y agilizar la labor parlamentaria cuando el trámite legislativo exige actuaciones puntuales fuera de la estructura ordinaria.
El presidente del Senado actúa como vocero institucional ante el Ejecutivo y los tribunales

El presidente del Senado también debe suscribir las comunicaciones dirigidas al presidente de la República, a los altos tribunales de justicia y a la Cámara de Representantes. En la práctica, esa firma lo convierte en el vocero principal del Congreso de la República ante esos centros de poder.
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Fuera de las sesiones, además, le corresponde dar curso a las comunicaciones, documentos y mensajes que reciba la corporación. Esa función lo ubica en un punto clave de la gestión administrativa e institucional del Senado, más allá de la conducción de los debates públicos.
Otra de las tareas de Honorio Henríquez será suscribir los proyectos de acto legislativo y de ley que hayan sido aprobados en comisiones y plenarias, junto con las actas respectivas. Ese paso constituye la validación formal de las normas en trámite y permite que continúe el proceso legal requerido para su aprobación.
El congresista del Centro Democrático tendrá, además, la obligación de verificar que el Secretario General y los demás empleados del cuerpo colegiado cumplan correctamente sus funciones y deberes. A la vez, seguirá ejerciendo las labores ordinarias que la ley asigna a cualquier parlamentario.
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De igual manera, Henríquez podrá “reemplazar al presidente de la República en los casos de vacancia o de falta del vicepresidente de la República y de los ministros del Despacho.
El artículo 138 de la Constitución Política de Colombia, dicta que el presidente del Senado, junto con la mesa directiva, puede convocar sesiones fuera del calendario legislativo ordinario.
“El Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias, durante dos períodos por año, que constituirán una sola legislatura (…) También se reunirá el Congreso en sesiones extraordinarias, por convocatoria del Gobierno y durante el tiempo que este señale. En el curso de ellas solo podrá ocuparse en los asuntos que el Gobierno someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo”.
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