Gobierno Petro expidió decreto para priorizar los derechos laborales en el cierre de minas en Colombia: de qué se trata

El Gobierno nacional anunció la expedición del Decreto 0742 del 9 de julio de 2026, una normativa que introduce por primera vez en Colombia un componente laboral obligatorio en los procesos de cierre de minas.

Esta decisión, presentada como un hito para la protección social, significa un cambio estructural en la forma en que se gestiona el cese de actividades mineras, priorizando el empleo y los derechos laborales de las personas trabajadoras.

La nueva reglamentación surgió de la articulación entre los ministerios de Trabajo, Minas y Energía, y Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Según el comunicado oficial, el decreto “incorpora, por primera vez en Colombia, garantías laborales y sindicales obligatorias para proteger a las y los trabajadores durante el cese de operaciones”. De esta manera, el país supera vacíos históricos en la regulación, que tradicionalmente se enfocaban solo en aspectos técnicos y ambientales.

Entre las principales obligaciones que deben cumplir los titulares mineros se encuentra la elaboración de un censo y caracterización de todas las personas trabajadoras, tanto directas como tercerizadas, que puedan verse afectadas por el cierre. Además, deberán formular y ejecutar un plan que garantice la liquidación y el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes al sistema de seguridad social.

El decreto exige realizar exámenes médicos ocupacionales de egreso para todas las personas empleadas, con el objetivo de proteger su salud y hacer seguimiento a posibles enfermedades de origen laboral.

Otra medida relevante es la prioridad de contratación para trabajadores cesantes en casos de sustitución patronal o cuando se desarrollen nuevos proyectos o títulos mineros.

Asimismo, los titulares mineros están obligados a implementar programas gratuitos de reconversión laboral, formación y certificación de competencias, en coordinación con el Sena y otras entidades estatales. El propósito es facilitar nuevas oportunidades productivas para quienes dependían de la minería, promoviendo la diversificación económica de los territorios.

Uno de los avances más destacados es la transformación del diálogo social en un requisito obligatorio. El Decreto 0742 define que todas las empresas concesionarias deberán adelantar procesos de concertación previa con las organizaciones sindicales existentes, con el fin de construir de manera conjunta medidas para prevenir, mitigar y compensar los impactos sociales y laborales del cierre de operaciones.

Así, las organizaciones de trabajadores adquieren un papel activo en la toma de decisiones sobre el futuro laboral de quienes dependían de la minería, fortaleciendo la participación y la democracia en las relaciones laborales.

El Ministerio del Trabajo tendrá un papel central en la vigilancia y control del cumplimiento de estas medidas. A través del Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección y del cuerpo de inspectores de trabajo, la entidad realizará labores de inspección y podrá ordenar medidas preventivas cuando sea necesario. Además, emitirá conceptos que serán tenidos en cuenta en la evaluación de los planes de cierre presentados por las empresas mineras.

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz, afirmó: “Este decreto marca un antes y un después en la protección de las y los trabajadores del sector minero. Por primera vez el cierre de una mina deja de ser únicamente un procedimiento técnico para convertirse también en un compromiso con la dignidad del trabajo, la concertación sindical y la protección del mínimo vital de miles de familias”.

Muñoz agregó que “la transición energética solo será legítima si garantiza justicia laboral y nuevas oportunidades para quienes han construido el desarrollo de los territorios”.

El decreto también introduce la figura del cierre técnico gradual para la pequeña minería, permitiendo así una transición ordenada que facilite la articulación institucional. Esta herramienta busca impulsar la diversificación económica de los territorios y la generación de nuevas alternativas productivas en comunidades históricamente ligadas a la minería.

El comunicado subrayó que la transición energética no puede construirse a costa de los trabajadores ni de las familias que dependen de la minería. Por el contrario, el modelo promovido por el Gobierno pone énfasis en la protección del empleo, el fortalecimiento del diálogo social, el respeto por los derechos sindicales y la justicia laboral como pilares fundamentales para el desarrollo sostenible, incluyente y digno.

El Decreto 0742, al establecer mecanismos de protección y participación para las personas trabajadoras, representa un paso decidido hacia la consolidación de una transición energética que no deje atrás a ninguna comunidad.

La normativa fue recibida con atención por sindicatos, autoridades locales y organizaciones sociales, que ven en ella una oportunidad para reducir los efectos negativos del cierre minero y garantizar la protección de los derechos laborales en las regiones más afectadas por la transición energética.