“Hay que cortar la grasa”: Abelardo de la Espriella recibió respaldo para eliminar más de 200 cargos del Estado y ahorrar dinero

Un recorte de cargos fue la fórmula que defendió el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, al respaldar la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de eliminar plazas en la estructura estatal y recortar gasto público. Lara dijo que el Gobierno debe reducir el gasto para enfrentar el déficit fiscal, equilibrar las finanzas y destinar recursos a políticas sociales y de seguridad. Así las cosas, defendió la eliminación de 229 cargos y sostuvo que el ajuste debe concentrarse en el gasto que, a su juicio, no beneficia a los colombianos.

“No se puede seguir derrochando cuando tenemos un déficit fiscal tan importante”, afirmó el próximo funcionario a La FM. Luego añadió que “si tú no equilibras las finanzas de tu casa, como del gobierno, tú nunca vas a poder darle gusto a tu familia o no vas a poder ayudarle a los colombianos con política social y con política de seguridad”.

Apuntó que “hay que cortar la grasa, el gasto público malo, perverso, no el bueno que es el que ayuda a los colombianos”. Antes había señalado que no se puede seguir “cobrándole impuestos a los colombianos como se le viene haciendo”.

Cómo sería la reestructuración de la Presidencia

Durante su tercera alocución, Abelardo de la Espriella presentó además a María Nohemí Arboleda como nueva ministra de Minas y Energía. Allí anunció una reestructuración de la Presidencia de la República que implicará la eliminación de cerca de 229 cargos y un ahorro aproximado de $10.000 millones anuales. Dijo que esos recursos serán redirigidos a programas que beneficien de manera directa a los colombianos. También ordenó eliminar la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Las funciones de esas dependencias pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Además, las agencias radicadas en la Presidencia desaparecerán y sus competencias pasarán a carteras que ya tienen mandato legal para ejercerlas, para evitar duplicidad y sobrecostos.

La Consejería Presidencial para las Regiones no desaparecerá, pero cambiará para convertirse en la nueva Gerencia de las Regiones. “Aquí hay que gerenciar”, dijo De la Espriella.

Los argumentos del presidente electo para eliminar oficinas de paz

El presidente electo justificó el rediseño con una crítica a la administración de Gustavo Petro. “Durante los últimos cuatro años, Colombia perdió el rumbo: se debilitó la energía, se dispararon las tarifas, se erosionó la confianza y se continuó incumpliendo la promesa del cambio, con un modelo de política basado en recomendaciones, roscas, influencias, politiquería, corrupción y palancas”, afirmó.

También sostuvo que, durante ese gobierno, la corrupción se elevó a “niveles inconmensurables”. Además, dijo que transformará la Presidencia en un “centro de coordinación ejecutiva” y que el Gobierno “ahora será una estructura austera, eficiente y orientada siempre a los resultados”.

Dentro de ese rediseño, anunció el fin del Comisionado para la Paz y de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final. De la Espriella afirmó que no habrá más procesos de “falsa paz” y dijo que “A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento”.

En lugar de esa estructura, el futuro mandatario dijo que creará un Comisionado Nacional de Seguridad. Según explicó, ese cargo trabajará junto con los ministros de Justicia e Interior para desmontar “toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”.

Objeción a la eliminación de la Consejería para la Paz

El exsenador Roy Barreras, excandidato presidencial, cuestionó la posible eliminación de la Consejería Presidencial para la Paz y dijo que la medida afectaría al propio nuevo gobierno. “La eliminación de la Consejería Presidencial para la Paz es un error que perjudica al propio nuevo gobierno”, afirmó.

Barreras sostuvo que esa oficina tiene respaldo en la ley y la Constitución y que no puede desaparecer por decreto. “Tiene anclaje en la ley y en la constitución e implica un mensaje de negación de la implementación del Acuerdo de Paz que es una obligación del Estado con rango constitucional”, dijo.

Agregó que todos los gobiernos han contado con esa instancia y la consideró necesaria para procesos de sometimiento, desmovilización e implementación de acuerdos. También advirtió que desmontarla “es un proceso mucho más complejo que lo que supone el nuevo gobierno porque la Consejería para la Paz tiene anclaje legal y constitucional que le implicaría reformas de la ley y de la Constitución”. Barreras extendió su reparo a la Agencia de Reincorporación y afirmó que tampoco podría eliminarse sin una ley. Su advertencia puso el foco en quién asumiría la responsabilidad sobre la vida y los procesos de reintegración de miles de excombatientes si esa estructura institucional deja de existir.