Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

La posibilidad de asistir al colegio sigue siendo incierta para cientos de familias del Catatumbo. En esta región de Norte de Santander, la violencia dejó un nuevo impacto sobre la población civil: más de 1.100 niños y adolescentes permanecen sin clases porque varias instituciones educativas continúan rodeadas por minas antipersona y otros artefactos explosivos.

El acceso a la educación, uno de los derechos más afectados por el conflicto armado, enfrenta hoy uno de sus momentos más críticos. En total, 17 sedes escolares permanecen sin operar con normalidad debido a las condiciones de seguridad, una situación que mantiene alejados de las aulas a estudiantes, docentes y personal administrativo.

La alerta fue presentada por el alto consejero para la Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, durante una reunión de empalme con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Allí advirtió que recuperar las condiciones para garantizar el regreso seguro a las escuelas se convirtió en una prioridad para la región. Según explicó el funcionario, mientras no se desarrollen labores de desminado en los alrededores de las instituciones educativas, será imposible reactivar las clases presenciales sin poner en riesgo la vida de quienes hacen parte de la comunidad educativa.

La crisis educativa es apenas uno de los múltiples efectos que deja el recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo. Durante el último año, esta subregión es escenario de una intensa disputa entre el ELN y las disidencias del Frente 33, enfrentamiento que provocó desplazamientos masivos, confinamientos y un deterioro progresivo de las condiciones humanitarias.

Las consecuencias de esa confrontación se sienten todos los días en las comunidades. La movilidad de los habitantes se redujo por el temor a los enfrentamientos y a la presencia de explosivos, mientras actividades tan cotidianas como trabajar, acudir a un centro de salud o enviar a los hijos al colegio dependen de las condiciones de seguridad de cada sector.

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, la escalada del conflicto modificó la dinámica social de varios municipios del Catatumbo. El control de corredores estratégicos por parte de los grupos armados y la instalación de minas han restringido el desplazamiento de las comunidades y aumentado el riesgo para la población civil.

En ese contexto, los estudiantes son uno de los grupos más afectados. Muchos menores tuvieron que suspender su proceso educativo o continuar su formación mediante estrategias temporales que no logran reemplazar las condiciones de la enseñanza presencial. La interrupción prolongada de las clases también genera efectos que van más allá del aprendizaje. Para numerosos niños y adolescentes, la escuela representa un espacio de protección, convivencia y acompañamiento que hoy permanece cerrado por causa del conflicto.

La suspensión de las actividades académicas incrementa el riesgo de rezago escolar y profundiza las brechas educativas en una región que históricamente enfrenta dificultades para garantizar el acceso continuo a la educación. Las autoridades regionales insisten en que la prioridad debe ser recuperar los entornos escolares. Consideran que el retiro de minas antipersona y otros artefactos explosivos es una condición indispensable para permitir el regreso seguro de estudiantes, profesores y trabajadores de las instituciones educativas.

También advirtieron que la prolongación de esta situación puede tener consecuencias a largo plazo para cientos de familias, especialmente en las zonas rurales, donde las alternativas para continuar con el proceso educativo son limitadas.

La emergencia educativa refleja la dimensión de la crisis humanitaria que vive el Catatumbo. Aunque las cifras de desplazamiento y los enfrentamientos suelen concentrar la atención, el cierre de escuelas evidencia cómo el conflicto termina afectando aspectos esenciales de la vida cotidiana y limita las oportunidades de desarrollo para toda una generación. Mientras avanzan las gestiones para mejorar las condiciones de seguridad, más de 1.100 estudiantes siguen esperando el momento en que puedan regresar a sus salones de clase.