La implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, firmado en 2016 entre el Estado y las extintas Farc-EP, alcanzó una cifra histórica de inversión, de acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República, tras 10 años desde que se firmó.
La entidad de control fiscal reveló que, entre 2017 y 2025, el país ejecutó un total de $127,85 billones para poner en marcha los diferentes compromisos del pacto, una cifra calculada en pesos constantes de 2025 para reflejar el valor real del dinero invertido a lo largo de este tiempo.
El anuncio se dio a conocer durante la inauguración del ‘Congreso Internacional 10 años del Acuerdo de Paz: entre la firma y la realidad’; este es un escenario académico e institucional liderado por el organismo de control que reúne a universidades, entidades estatales, representantes de la sociedad civil y observadores internacionales con el fin de evaluar qué tanto avanzó el país en el cumplimiento de lo pactado hace una década.
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De acuerdo con los datos presentados por la entidad de control fiscal, el flujo de recursos para la paz continuará de manera activa durante el presente año académico e institucional.
Con la proyección de dinero que se tiene destinada para el presupuesto de 2026, la inversión global para cumplir con los compromisos del acuerdo de paz alcanzará una meta sumamente importante en el cronograma financiero del Estado.
“La Contraloría identifica que entre 2017 y 2025 la implementación del Acuerdo de Paz ejecutó $127,85 billones (pesos constantes de 2025). Con la apropiación prevista para 2026, los recursos ascienden a $138,1 billones, equivalentes al 65 % del costo estimado inicialmente para los primeros 15 años de implementación”, detalló la institución a través de su cuenta en la red social X.
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Esta millonaria inversión se distribuyó principalmente en los seis ejes del acuerdo, donde la Reforma Rural Integral y los planes de sustitución de cultivos ilícitos representan los mayores desafíos financieros y logísticos debido a las complejidades geográficas de las zonas más afectadas por el conflicto armado.
El organismo confirmó que en los próximos días entregará un documento completo con las lupas puestas sobre cada peso invertido, con el fin de que los congresistas y la ciudadanía conozcan el estado real de las obras en las regiones.
El contralor general (e), Carlos Silgado, señaló: “La paz sigue siendo una tarea viva, un proceso en construcción que exige transparencia, eficiencia en el uso de los recursos públicos y una gestión orientada al cumplimiento de la promesa de valor para las víctimas y los territorios más afectados por la violencia”.
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Este informe será clave para identificar en qué sectores del gasto se están presentando demoras, qué proyectos productivos para excombatientes están desfinanciados y cuáles son las alertas de corrupción en el manejo de las regalías destinadas a la paz en los municipios más vulnerables del territorio nacional.
Avances y retos pendientes a una década del histórico acuerdo
Aunque el esfuerzo financiero del Estado colombiano es evidente con la ejecución de casi dos terceras partes del presupuesto estimado a quince años, los debates sobre la efectividad de las inversiones siguen encendidos.
El balance general a casi diez años de la firma del pacto en el Teatro Colón muestra un panorama de contrastes donde conviven importantes logros históricos con preocupantes deudas sociales.
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En el lado de los avances, las instituciones destacan la desmovilización de cerca de 13.000 integrantes de la guerrilla, la entrega del armamento bajo la verificación de la Organización de las Naciones Unidas y la creación del partido político Comunes.
De igual forma, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue avanzando en la toma de versiones de los comparecientes para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas.
Sin embargo, el congreso internacional también puso sobre la mesa las grandes dificultades que persisten en los territorios, pues se advirtió que solo alrededor del 35% de los 578 compromisos específicos del Acuerdo Final se consideran completamente implementados.
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La persistencia de la violencia por parte de disidencias que ocuparon los vacíos territoriales, el asesinato de líderes sociales y las demoras en la entrega de tierras para los campesinos son los principales obstáculos que impiden consolidar una paz estable y duradera en la provincia colombiana.
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