Colombia tendría un repunte económico en el segundo trimestre de 2026, pero hay alertas por el déficit y la deuda pública

La economía colombiana habría crecido un 2,7% en el segundo trimestre de 2026, según una estimación de Bancolombia, pero el cierre del gobierno de Gustavo Petro mantiene abiertas las dudas sobre el déficit fiscal, la deuda pública y la debilidad de la inversión.

Colombia llega al relevo presidencial con una expansión estimada de 2,7% en el segundo trimestre y de 2,4% en el primer semestre de 2026. El debate económico se concentra en el deterioro de las finanzas públicas, el manejo de la deuda y la falta de inversión, retos que heredará el gobierno de Abelardo De La Espriella, cuyo mandato comenzará el 7 de agosto.

Según un reciente análisis publicado por El Colombiano, el último trimestre completo antes del cambio de gobierno muestra una recuperación moderada de la actividad productiva, aunque todavía por debajo del potencial de crecimiento del país.

El balance sectorial es desigual. Las mayores aceleraciones aparecieron en recreación, servicios profesionales, agricultura e industria.

En junio, la industria avanzó 3,7% anual y la agricultura creció 3,5%. El comercio subió 4% y el sector financiero registró una expansión de 6%.

En contraste, la construcción perdió impulso hasta 0,6%. La minería siguió como la única actividad en terreno negativo, con una contracción de 0,5% anual.

El debate sobre la deuda y la sostenibilidad fiscal

El economista y profesor Jorge Coronel sostiene que la discusión sobre la deuda pública exige una lectura más amplia y con base técnica. A su juicio, no es correcto presentar el endeudamiento actual como un máximo histórico sin revisar la trayectoria de la última década.

Coronel indicó que la deuda neta del Gobierno nacional central cerró 2025 en 58,6% del PIB, por debajo del pico de 60,7% registrado en 2020 durante la pandemia y ligeramente inferior al 59,3% de 2024.

Según su explicación, el aumento de la deuda no comenzó con la administración Petro. El indicador pasó de cerca del 33% del PIB en 2012 a 48% en 2019, y luego se aceleró por la emergencia sanitaria del covid-19.

El economista afirmó que parte del esfuerzo fiscal reciente se orientó al pago de obligaciones adquiridas en administraciones anteriores. Entre ellas mencionó pagos principales al Fondo Monetario Internacional (FMI) por $23,1 billones entre 2024 y 2025.

También citó cerca de $83,9 billones destinados entre 2022 y 2026 para cubrir el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Ese faltante se generó tras el congelamiento de los precios de los combustibles durante la pandemia.

Añadió que esos compromisos coincidieron con menores ingresos fiscales. En ese punto mencionó la decisión de la Corte Constitucional sobre la deducibilidad de las regalías, el hundimiento de dos leyes de financiamiento en el Congreso, la reducción de $10 billones al Presupuesto General de la Nación para 2026 y la caída de dos decretos de emergencia económica.

Coronel defendió además que la refinanciación de la deuda es una práctica habitual de administración financiera y no una nueva forma de endeudamiento. Mencionó canjes, recompras, sustituciones de títulos, emisiones y coberturas cambiarias para mejorar vencimientos, reducir riesgos y bajar costos.

El economista recordó que en 2025 el Ministerio de Hacienda adelantó canjes para extender plazos y que en 2026 mantuvo esa estrategia. También advirtió que los mercados financieros pueden reaccionar con recelo si la refinanciación se convierte en la principal alternativa para atender los compromisos fiscales.

Las alertas empresariales por el déficit y la confianza

Desde una visión crítica, Bruce Mac Master presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) afirmó que el gobierno de Petro dejará una economía marcada por un alto déficit fiscal, mayores costos de la deuda pública y un deterioro de la confianza empresarial.

En su balance sobre la administración saliente, sostuvo que el país recibe desequilibrios macroeconómicos como consecuencia de un manejo fiscal que, según dijo, privilegió el gasto sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El dirigente gremial reconoció mejoras en desempleo, pobreza y algunos alivios sociales, pero cuestionó su sostenibilidad. “Hay algunas imágenes que mostrar: menor desempleo, reducción de pobreza y cierto alivio social, pero sin bases para pensar que se trata de algo sostenible. Fueron alivios temporales con corte electorero”, señaló.

Mac Master sostuvo que detrás de esos indicadores persisten problemas estructurales. Mencionó un elevado déficit fiscal, una deuda pública más costosa, una inversión debilitada, inflación persistente, pérdida de confianza de inversionistas y empresarios, y mayores niveles de inseguridad.

También afirmó que el Estado incrementó el gasto público sin considerar sus efectos sobre las finanzas nacionales en el mediano y largo plazo. “El Estado gastó como si el futuro no fuera a cobrar intereses y no hubiera que pagar las deudas”, dijo.

Para el presidente de la Andi, el próximo gobierno recibirá una economía con una elevada factura fiscal, una crisis de confianza y una mayor vulnerabilidad económica.

La hoja de ruta para reactivar la inversión

Para la próxima administración, Corficolombiana plantea que la recuperación de la inversión debe ser la prioridad central. Su análisis propone concentrar la reactivación en vivienda, infraestructura y sector mineroenergético.

Los investigadores señalaron que la inversión en Colombia sigue en mínimos históricos y que esos tres sectores permanecen por debajo de los niveles previos a la pandemia. También propusieron un esquema “3-2-1” con tres apuestas sectoriales, dos mecanismos de viabilidad y una meta adicional de crecimiento.

Ese plan plantea construir un millón de soluciones de vivienda en el cuatrienio. También propone iniciar 5.000 kilómetros de red vial primaria, intervenir 35.000 kilómetros de vías terciarias y recuperar una producción de un millón de barriles diarios de petróleo.

Corficolombiana advirtió que el cumplimiento de esas metas dependerá de la financiación y de la capacidad de ejecución del nuevo gobierno. Calculó compromisos cercanos a $80 billones en los próximos cuatro años.

Entre ellos incluyó $24,8 billones de vigencias futuras de proyectos 4G y 5G, $20 billones para vías terciarias, $12 billones por el diferencial de recaudo de peajes, $11,6 billones en subsidios de vivienda y $9,2 billones en obligaciones con empresas del sector energético.

El informe añadió que ese esfuerzo se dará en un escenario de fragilidad fiscal. Por eso planteó disciplina en las finanzas públicas, priorización del gasto e innovación en las fuentes de financiación.

También propuso reformas para agilizar trámites, modernizar consultas previas, fortalecer la estabilidad jurídica de las inversiones, ampliar alternativas de financiación y avanzar en el desarrollo de yacimientos no convencionales.

A esa agenda sumó la reactivación de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico, presupuestos orientados a resultados, mayor coordinación entre el Gobierno Nacional y las regiones, mejores condiciones de seguridad y herramientas tecnológicas para agilizar procesos administrativos.

Según sus proyecciones, si los sectores rezagados recuperan los niveles de inversión previos a la pandemia, Colombia podría añadir un punto porcentual al crecimiento. El informe calcula además que la inversión podría subir al menos al 22% del PIB y generar unos 500.000 empleos durante el cuatrienio.