Denuncian secuestro masivo del ELN en el Cauca: hay ocho personas desaparecidas

Hay preocupación en el departamento del Cauca, después de que la Alcaldía de López de Micay denunciara la desaparición de ocho personas tras una incursión armada ocurrida durante la tarde del viernes 3 de julio en la que se habría retenido a un grupo de 40 personas.

Según la información denunciada por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, los hehos se presentaron en la comunidad de San Antonio, en la parte alta del río Micay, cuando alrededor de 35 hombres armados irrumpieron el terreno para intimidar a los habitantes.

Los hombres se habrían identificado como integrantes del Ejército de Liberación Nacional y expropiaron al grupo de telefónos móviles y aparatos electrónicos con el fin de impedir una intervención militar y policial.

La retención forzada de habitantes, junto con saqueos y uso de civiles para transportar bienes, ha generado temor colectivo y el riesgo de desplazamientos en comunidades afrodescendientes del consejo comunitario San José, ubicado en la parte alta del río Micay.

La administración municipal, encabezada por John Harold García Riascos, manifestó su preocupación por la presunta toma guerrillera, además de exigir la liberación inmediata de los ocho moradores de San Antonio.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la retención de ocho personas, hecho que vulnera sus derechos fundamentales y genera angustia en las familias micaceñas y nayenses”, señaló el mandatario municipal en un comunicado.

Las denuncias de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes y del Movimiento Étnico y Social del Pacífico (Mespa) señalan que un grupo de aproximadamente 35 hombres armados, identificados como integrantes del Eln, irrumpió en la comunidad de San Antonio el pasado 3 de julio.

Los armados habrían reunido a los habitantes, confiscaron teléfonos y limitaron cualquier tipo de comunicación, además de saquear tiendas y pequeños negocios para llevarse alimentos y bienes esenciales.

De acuerdo con el testimonio de las organizaciones, 40 habitantes fueron obligados a cargar los suministros robados a través de la selva, bajo amenazas y en condiciones precarias.

Sin embargo, durante la madrugada del 4 de julio, 32 de los retenidos recuperaron su libertad, pero ocho continúan desaparecidos y sin que se conozca su estado de salud o señales recientes de supervivencia.

Preocupación por la seguridad y la integridad de las comunidades

El secuestro y la violencia han provocado un clima de incertidumbre y miedo entre las familias, quienes temen nuevas confrontaciones armadas y desplazamientos forzados. Las organizaciones sociales recalcaron que las comunidades afrodescendientes son consideradas sujetos de especial protección constitucional y exigieron respeto a sus derechos y garantías para permanecer en sus territorios.

La situación reportada en López de Micay evidencia la complejidad del conflicto armado en el Cauca, donde el uso forzado de civiles y la restricción de movimientos se suman a las amenazas que enfrentan los pobladores. Las denuncias ponen en relieve la urgencia de una respuesta estatal que permita proteger la vida, la integridad y la dignidad de los habitantes.

Ante la gravedad de los hechos, organizaciones como la Red Francisco Isaías Cifuentes y Mespa solicitaron al Gobierno nacional, la Gobernación del Cauca y autoridades locales la adopción de medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la población.

Entre sus demandas se encuentra la liberación de las personas secuestradas y la implementación de acciones que aseguren el respeto al Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados.

Además, las entidades pidieron el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de brindar atención integral a las víctimas y protección a las comunidades en riesgo.

Las familias y organizaciones comunitarias han reiterado su llamado a mantenerse al margen del conflicto y a recibir garantías para vivir en condiciones de dignidad y seguridad.