Autoridades se apoderaron de lujosa mansión en el norte de Bogotá: le pertenecía a poderoso narco socio de Pablo Escobar

Mientras el país se encontraba en pleno revuelo por el empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el nuevo equipo designado por Abelardo de la Espriella, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó control de un lujoso predio en el norte de Bogotá.

Según información difundida por El Tiempo, se trata de un inmueble valorado en 10.000 millones de pesos que perteneció, hasta ahora, al poderoso narco Camilo Arturo Zapata Vásquez, conocido como ‘el Brujo’ del cartel de Medellín.

El predio, de 3.459 metros cuadrados, está ubicado en el exclusivo barrio San José de Bavaria y cuenta con dos casas gemelas, cada una con cinco habitaciones, sauna, turco y cancha de fútbol cinco, según el expediente conocido por el diario nacional.

Actualmente, la entidad adelanta el proceso de desalojo del predio, lo que permitirá su recuperación efectiva para su posterior comercialización. Una vez incorporado al portafolio de la SAE, “el inmueble podrá ser vendido, generando recursos que contribuyen al fortalecimiento de las finanzas públicas y al desarrollo social del país”, señaló la SAE en un comunicado oficial.

Las investigaciones judiciales revelan que Zapata Vásquez fue socio cercano de Pablo Escobar y de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Ambos compartieron la estrategia de adquirir propiedades de lujo en Bogotá, con la intención de ocultar parte de sus fortunas.

La mansión no es el único inmueble ligado a Zapata. En los años noventa, adquirió el Castillo Marroquín, situado en las afueras de la ciudad. Según informes de la época, tras varios allanamientos policiales fallidos, Zapata organizó una purga letal entre sus empleados, que incluyó el asesinato de hasta quince personas, como represalia por supuestas filtraciones de información.

Actividades ilícitas y empresas fachada

El expediente judicial revelado por el mencionado medio detalla cómo Zapata coordinó envíos de droga a través de una modesta agencia de viajes, utilizando destinos como Curazao, Río de Janeiro, Miami, Panamá y Lárnaca, en Chipre. En este último país, operaba una empresa de manufactura, mientras que en Colombia canalizaba recursos mediante firmas como Inversiones Zapata Vásquez y la hacienda Aguas Calientes, propiedad también de Rodríguez Gacha.

Las autoridades calculan que su dinero estuvo involucrado en más de 180 negocios, desde compañías marítimas y agencias de seguros hasta firmas dedicadas a la explotación de esmeraldas. Los bienes adquiridos con estos recursos han sido objeto de múltiples procesos de extinción de dominio.

Zapata era conocido como ‘el Brujo’ del cartel debido a sus actividades de santería, que utilizaba con la esperanza de escapar de la justicia. En noviembre de 1993, El Tiempo informó que el capo pagaba generosas sumas a una pitonisa llamada Alicia y a otros doce brujos, buscando protección mística frente a las persecuciones legales.

Para eludir a la Policía, Zapata modificó su nombre de Camilo Arturo a Juan Camilo. A pesar de estas maniobras, fue abatido en 1993 por el Bloque de Búsqueda, el mismo grupo que persiguió a los principales líderes del narcotráfico colombiano.

Proceso judicial y herencia en disputa

Entretanto, desde que el país conoció de la muerte de Zapata, la justicia colombiana ha intervenido reiteradamente en su patrimonio. Por ejemplo, el predio del barrio San José de Bavaria, en el norte de Bogotá, fue objeto de una primera diligencia judicial en marzo de 2005, cuando oficiales de la Dijín intervinieron el inmueble. El proceso, sin embargo, se extendió durante años, y los juzgados del país aún notifican a potenciales herederos sobre litigios en curso.

Hoy, la mansión que alguna vez fue símbolo de poder y ocultamiento, pasa oficialmente a ser patrimonio del Estado colombiano, mientras la historia de su antiguo dueño sigue marcando el expediente judicial que la acompaña.

“La entidad avanza en la recuperación de 16.000 inmuebles ocupados de manera irregular en todo el territorio nacional, con el propósito de devolverlos a la economía legal y lograr que vuelvan a oportunidades reales para el desarrollo económico, la transparencia institucional y el fortalecimiento del Estado”, concluyó la SAE.