Dos presuntos secuestradores fueron judicializados tras retener a un comerciante que viajó de Cali a Medellín: exigieron $800 millones a su familia

El rescate de un comerciante de Cali (Valle del Cauca) que permaneció secuestrado durante siete días en un inmueble de Medellín, terminó con la intervención de las autoridades y la captura de dos sospechosos.

La víctima había viajado desde el Valle del Cauca el 23 de junio de 2026, bajo la promesa de cerrar un acuerdo de venta de tierras destinadas a la minería en el sur de Bolívar.

El comerciante fue interceptado al llegar a la ciudad y trasladado a la fuerza hasta una vivienda en el barrio La Iguaná. Allí, según la Fiscalía General de la Nación, fue intimidado con armas de fuego y despojado de sus pertenencias, valoradas en 15 millones de pesos.

Durante la privación de la libertad, los familiares del comerciante recibieron llamadas extorsivas. Los secuestradores exigieron 800 millones de pesos como condición para su liberación.

El martes 30 de junio, una operación coordinada por el Gaula de la Policía Nacional permitió localizar y rescatar a la víctima en el mismo lugar donde había estado retenida. En el operativo, las autoridades capturaron a Maicol Alexis Castrillón Agudelo y Santiago de Jesús Gallo Zuluaga, señalados como los encargados de vigilar al secuestrado.

En el procedimiento también se incautaron un arma de fuego, un supresor de sonido y un proveedor con 12 cartuchos calibre 9 mm. Estos elementos se sumaron a las pruebas que ya poseía la Fiscalía.

Imputación de cargos y situación judicial

Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales llevó el caso ante un juez de control de garantías, quien durante la audiencia expresó: “Por lo menos desde el día 23 de junio del año 2026, en el sector conocido como el barrio La Iguana, en la comuna siete de Medellín, Antioquia, en inmediaciones del sector conocido como el Cerro El Volador, ustedes, Michael Alexis Castrillón Agudelo y Santiago de Jesús Gallo Zuluaga, actuando de común acuerdo y con división funcional de trabajo criminal, junto con otras personas aún no identificadas, participaron en la privación ilegal de la libertad del ciudadano comerciante residente en la ciudad de Cali”.

Los capturados enfrentan imputaciones por secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, todas agravadas.

El fiscal detalló que “los hechos tuvieron origen el día 16 de junio del 2026, cuando la víctima fue contactada vía WhatsApp por una persona que se identificó como Julián, quien le propuso un supuesto negocio relacionado con explotación minera artesanal en el sur del departamento de Bolívar, acordándose una reunión presencial en la ciudad de Medellín para el día 23 de junio del 2026.

El funcionario agregó: “la víctima arribó al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, siendo recogido por un conductor enviado presuntamente por Julián, quien lo trasladó hasta el sector del barrio La Iguana. Una vez descendió del vehículo, fue abordado por aproximadamente tres hombres, quienes ocultaban sus rostros mediante capuchas, gorras y tapabocas, observando además la víctima que portaban objetos en las pretinas de sus prendas que asemejaban armas de fuego, circunstancia que lo intimidó y anuló cualquier posibilidad de resistencia”.

Fue así como se informó en la audiencia que “la víctima fue obligada a caminar por callejones, escaleras y senderos del sector hasta ser conducida a un inmueble improvisado, abandonado, ubicado en la parte alta del barrio La Iguana, donde fue encerrada en un cuarto sin ventanas, permaneciendo privada de la libertad desde aproximadamente las 3:00 p.m. del 23 de junio del 2026 hasta el 29 de junio del 2026, sin posibilidad alguna de abandonar el lugar, incomunicado, bajo constante vigilancia y sometido al control permanente de sus captores”.

Además, el fiscal informó: “Una vez retenida la víctima, sus captores le informaron que únicamente recuperaría su libertad cuando cancelara la suma de 800 millones de pesos, exigencias que fue ame-- fue efectuada bajo la amenaza permanente de causarle la muerte en caso de intentar escapar o realizar cualquier acción contraria a los intereses de sus captores, manifestándole expresamente que aquella zona se encontraba bajo su control y que atentarían contra su vida si intentaba huir”.

Las autoridades destacan que la rápida reacción y el trabajo conjunto entre Fiscalía y Policía Nacional permitieron evitar que el secuestro se prolongara o tuviera consecuencias más graves.