Así están las cifras de corrupción y evasión en Colombia que Abelardo de la Espriella prometió eliminar: ningún presidente lo ha logrado

La corrupción en Colombia y la evasión de impuestos volvieron al centro del debate fiscal tras la promesa del presidente electo Abelardo de la Espriella de recuperar $90 billones por corrupción, $110 billones por evasión fiscal y más de $100 billones por exenciones tributarias.

Financiar al Estado colombiano con recursos recuperados por corrupción y evasión no aparece como una fuente cierta ni inmediata. Según una reciente investigación publicada por la revista Cambio, la corrupción no tiene una medición única rigurosa y, aunque la evasión sí cuenta con cálculos más sólidos, su reducción exige reformas institucionales, capacidad técnica y tiempo.

De la Espriella planteó además un “empalme anticorrupción” como auditoría exhaustiva para medir el “descalabre” y el deterioro institucional que, según él, le hereda el gobierno de Gustavo Petro. Su propuesta surge en medio de unas finanzas públicas en rojo, con altos niveles de deuda y un déficit desbordado.

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, Hernando Zuleta, puso un freno a esa expectativa de acabar, de un solo golpe, con uno de los problemas más estructurados del país.

“Contar con la plata que produciría la lucha contra la corrupción o la lucha contra la evasión no es realista. Muchos gobiernos han hecho intentos en esa dirección, pero realmente se logra muy poco”, señaló el experto a la revista.

Qué tan medible es el costo de la corrupción

La corrupción tiene un peso estructural, pero su costo exacto sigue siendo difícil de fijar. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional dio a Colombia 37 puntos sobre 100 en 2025 y la ubicó en el puesto 99 entre los 182 países y territorios evaluados.

La organización resumió el reto con una advertencia sobre la necesidad de reformas sostenidas. “La corrupción no es inevitable. Los países con mejoras a largo plazo en las puntuaciones del IPC han mostrado en gran medida un esfuerzo sostenido de los dirigentes políticos y los entes de regulación para aplicar amplias reformas legales e institucionales”.

El decano Hernando Zuleta recordó que en la época del contralor Edgardo Maya, entre 2014 y 2018, se calculaban cerca de 60 billones de pesos al año. También destacó que ese resultado cambia según la metodología.

Por su parte, la Auditoría General de la República ha estimado pérdidas anuales de alrededor de 50 billones de pesos. A la vez, una radiografía de Transparencia por Colombia revisó 1.243 casos documentados por la prensa entre 2016 y 2022.

Ese informe cuantificó 137,65 billones comprometidos en hechos de corrupción, 21,28 billones perdidos y 9,08 billones recuperados por las autoridades mediante multas, sanciones y devoluciones.

Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y director ejecutivo de Lumen Economic Intelligence, sostuvo que esas cifras no son comparables entre sí. “Las estimaciones que suelen circular en el debate público provienen de metodologías muy distintas y no permiten medir de manera rigurosa el costo total del fenómeno”, señalo a Cambio.

La evasión y los beneficios tributarios bajo la lupa

Donde sí aparecen bases más firmes es en la evasión tributaria. Mejía calcula que Colombia pierde cada año alrededor del 5,2% del PIB por evasión de impuestos, un monto equivalente a cerca de una tercera parte del recaudo tributario.

Según ese desglose, la mayor pérdida está en el impuesto de renta de personas jurídicas, con 3,4% del PIB. Le siguen el IVA, con 1,1%, y el impuesto de renta de personas naturales, con 0,7%.

“Hicimos una serie de ejercicios de gasto tributario que se llevaron a cabo hasta 2022. Encontramos que solo en el impuesto de renta de personas jurídicas y en el impuesto de renta de personas naturales, más el IVA, en beneficios tributarios se dejaron de recaudar 102 billones en 2021”, señaló Mejía a la revista citada.

En beneficios tributarios, una Comisión de Expertos creada en 2020 entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y especialistas independientes calculó un gasto tributario elevado. Lisandro Junco, exdirector de la Dian, señaló que en 2021 se dejaron de recaudar 102 billones de pesos solo por renta de personas jurídicas, renta de personas naturales e IVA.

Ese dato subió en 2022 a 129 billones, alrededor del 8,8% del PIB. Junco añadió que la evasión en renta e IVA puede rondar el 30% del recaudo, cerca de 100 billones al año, una cifra en la que también coincide Zuleta.

El texto distingue además entre evasión y elusión. La primera implica violar de forma deliberada las normas, mientras la segunda aprovecha vacíos y ambigüedades legales para reducir la carga tributaria.

Colombia recauda impuestos por el 22,2% del PIB, por encima del promedio regional de 21,3%, pero lejos del 33,9% de los países de la Ocde. Además, el país tramita una nueva reforma tributaria aproximadamente cada año y medio, con un sistema que acumula exclusiones, excepciones y deducciones.

Los límites y las reformas para reducir las pérdidas

Los especialistas coinciden en que el problema no se resuelve solo con promesas de cobro. Mejía plantea fortalecer la Dian con mejor talento humano, más capacidad tecnológica, interoperabilidad de bases de datos, mejores mecanismos de fiscalización y un régimen sancionatorio más efectivo.

“Colombia tiene cada año más ingresos de impuestos dado que modifica permanentemente el estatuto tributario, pero eso queda una alta complejidad en las normas, y se crean exclusiones, excepciones y deducciones que terminan “erosionando la base gravable de los impuestos”, lo que facilita la elusión”, señaló Mejía.

A eso suma dos frentes operativos: reducir el uso del efectivo en transacciones de alto valor y mejorar el intercambio de información entre entidades públicas. Junco, a su vez, apunta al diseño del sistema tributario, la estructura económica y la capacidad institucional.

Zuleta propone simplificar el estatuto tributario y recortar exenciones y diferencias. Su argumento es que un sistema más simple reduce espacios para ocultar ingresos o aprovechar grietas legales.

En corrupción, el frente es más amplio y toca la estructura del Estado. Zuleta menciona el fortalecimiento de mecanismos como el Secop y Colombia Compra Eficiente.

Mejía también plantea mejorar la contratación pública, reforzar la coordinación entre entidades de control, aumentar la independencia de los organismos de control y de la justicia, y modernizar la investigación con análisis de datos e inteligencia artificial. El avance en estos frentes puede reducir las pérdidas, pero no convertirlas de inmediato en una bolsa disponible de recursos para el Estado.