Exgobernadora de Arauca fue acusada por irregularidades en tres proyectos financiados con regalías que superan los $91.000 millones

La exgobernadora de Arauca Indira Luz Barrios Guarnizo fue imputada por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en una serie de irregularidades relacionadas con tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), cuyo valor superó los $91.542 millones y que, según las investigaciones, habrían generado un detrimento patrimonial superior a los $40.327 millones.

La decisión fue adoptada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que le atribuyó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, prevaricato por acción, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y peculado por apropiación simple.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos investigados están relacionados con la ejecución de tres iniciativas de inversión pública que contemplaban obras de infraestructura en el departamento de Arauca, entre ellas la construcción de la red de alcantarillado pluvial del sector Playitas y la adecuación de las celdas dos y tres del relleno sanitario del municipio de Tame.

Las pesquisas indican que, mediante el Decreto 864 del 24 de mayo de 2022, la entonces mandataria departamental habría designado como ejecutora de los proyectos a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), una entidad que, según la Fiscalía, no cumplía con los requisitos técnicos, financieros, jurídicos ni administrativos para manejar recursos provenientes de regalías.

Además, las autoridades establecieron que la asociación tampoco se encontraba inscrita en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales del Ministerio del Interior, requisito indispensable para asumir este tipo de responsabilidades contractuales.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía sostuvo que la participación de Barrios Guarnizo habría sido determinante desde las etapas iniciales de estructuración y aprobación de las iniciativas.

“En lo que atañe a usted, doctora Indira Luz Barrios Guarnizo, ¿su aporte se materializó en qué? En la etapa de trámite del contrato, he dicho, en la fase de planeación. Su intervención, doctora Indira, fue esencial y determinante para la realización de la conducta punible, toda vez que usted tuvo injerencia directa en las fases de estructuración, viabilización y aprobación del proyecto de inversión identificado con el BPIM terminado en 0026, haciendo posible con ello que el negocio jurídico irregular quedase habilitado y naciese a la vida jurídica con la posterior celebración de los contratos derivados de ese proyecto”, manifestó la fiscal del caso.

Según el organismo investigador, los proyectos tampoco figuraban dentro del Plan de Desarrollo Departamental ni estaban registrados en el banco de proyectos del Fondo Nacional de Regalías, situación que habría impedido legalmente su avance.

La Fiscalía también señaló que la designación de Aremca habría hecho parte de una estrategia para trasladar la capacidad contractual del departamento a una entidad que no estaba habilitada legalmente para ejecutar los contratos.

“Usted, en su condición de gobernadora del departamento de Arauca, viabilizó, estructuró y aprobó tres proyectos de inversión sin que se encontraran satisfechos los requisitos formales y materiales exigibles en la etapa de planeación y además designó a la Asociación de Municipios del Caribe, Aremca, como entidad pública ejecutora, operando como un vehículo instrumental de contratación, cooptada, como lo dije anteriormente, por un grupo de delincuencia organizada, GDO, con el propósito de trasladar la capacidad contractual del departamento a una entidad que no se hallaba legalmente habilitada para adelantar la correspondiente contratación”, indicó la representante del ente acusador.

Las investigaciones apuntan a que, a través de este mecanismo, se habrían favorecido terceros que terminaron apropiándose de cuantiosos recursos públicos provenientes del Sistema General de Regalías.

Estudio técnico habría sido elaborado por una persona fallecida

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores está relacionado con la utilización de documentación técnica presuntamente falsa para respaldar la viabilidad de uno de los proyectos.

La Fiscalía aseguró que en el proceso se utilizó un levantamiento topográfico y batimétrico atribuido a una persona que habría fallecido varios años antes de la fecha en la que supuestamente se actualizó el estudio.

“Que entre el 20 y el 24 de mayo de 2022, usted junto con la secretaria de planeación, hizo valer el levantamiento topográfico y batimétrico atribuido a Gustavo Gutiérrez Trujillo (...) como si fuera auténtico y técnicamente válido, pese a que dicho soporte era materialmente falso, pues el supuesto profesional no estaba habilitado en el registro del Consejo Profesional Nacional de Topografía y había fallecido antes de la supuesta actualización del estudio que constituyó el sustento técnico y de costos del proyecto”, señaló la fiscal durante la diligencia judicial.

Presunto peculado supera los 40.000 millones de pesos

Las autoridades estiman que el presunto detrimento patrimonial derivado de estas actuaciones alcanzaría los $40.327 millones, distribuidos entre anticipos, tributos y sobrecostos identificados en la ejecución de los proyectos.

“Tenemos que el valor de los peculados por anticipo es de veintiocho mil tres millones ciento dos mil doscientos dieciocho pesos. Por el lado de lo del peculado por tributos, el total es de diez mil seiscientos ochenta y un millones trescientos dieciséis mil ochocientos cinco pesos y por el peculado por sobrecostos es de mil seiscientos cincuenta y dos millones novecientos noventa y cinco mil quinientos veinticinco pesos. Para un total es de cuarenta mil trescientos veintisiete millones cuatrocientos catorce mil quinientos cuarenta y cuatro pesos por razón de los peculados”, detalló la funcionaria judicial.