La Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) salió al paso de los diferentes cuestionamientos que rodean a la entidad tras la divulgación de investigaciones periodísticas sobre millonarios convenios suscritos con diferentes organismos del Estado.
A través de un comunicado oficial, la organización rechazó de manera categórica los calificativos que la han señalado como un supuesto “contratadero” y defendió la legalidad de sus actuaciones.
El pronunciamiento se produjo luego de que Aldesarrollo volviera al centro del debate público por la firma de contratos y convenios por más de $150.000 millones con entidades nacionales, en medio de un contexto marcado por la cercanía de las elecciones de 2026 y las discusiones sobre los mecanismos de contratación pública en el país, de acuerdo con una investigación de La Silla Vacía.
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Además, el medio en mención reveló la existencia de convenios suscritos con entidades como Prosperidad Social, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Minas y Energía; los recursos estarían comprometidos y están destinados a iniciativas relacionadas con economía popular, fortalecimiento de proyectos productivos, dotaciones comunitarias y programas de atención social.
El modelo de operación de Aldesarrollo fue cuestionado porque, aunque recibe recursos públicos mediante convenios directos, puede subcontratar la ejecución de los proyectos bajo reglas del derecho privado, lo que dificulta el seguimiento de los recursos.
La respuesta de la organización a las acusaciones
La entidad, que se define como una organización pública descentralizada sin ánimo de lucro integrada por instituciones de educación superior estatales y otras entidades públicas, aseguró que las publicaciones que la relacionan con ese tipo de calificativos afectan de manera injustificada su reputación institucional y desconocen el trabajo desarrollado durante años en diferentes regiones del país.
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En su comunicado, Aldesarrollo señaló que expresiones como “contratadero” constituyen una estigmatización que desnaturaliza el papel de una organización creada para apoyar la ejecución de programas y proyectos de alto impacto social dirigidos a poblaciones vulnerables.
“Este tipo de estigmatizaciones impacta de forma grave la reputación institucional construida con base en el esfuerzo técnico y la transparencia, desnaturalizando el rol de una entidad pública cuyo fin primordial es aportar soluciones de alto impacto que transformen la calidad de vida de las comunidades más vulnerables de nuestro país”, señaló la organización.
La organización también fue enfática en rechazar cualquier insinuación sobre eventuales irregularidades en la contratación: “Jamás, bajo ninguna circunstancia, esta institución ha violado ni omitido el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la contratación pública en Colombia”.
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En su pronunciamiento, la organización defendió la pertinencia de los acuerdos suscritos con entidades públicas y sostuvo que estos surgen de requerimientos concretos de las instituciones estatales.
“Cada convenio y contrato suscrito por la entidad responde estrictamente a necesidades reales del Estado y se ejecuta bajo la rigurosa observancia de los principios de transparencia, eficiencia, idoneidad y estricta legalidad”, expresó.
Aldesarrollo insistió en que su actuación siempre ha estado enmarcada dentro de la ley y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades: “Ratificamos nuestro compromiso inquebrantable con el correcto ejercicio de la función administrativa”.
“Tenemos total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes, con la absoluta certeza de que nuestras actuaciones siempre se han ajustado al derecho”, concluyó el comunicado.
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El pronunciamiento se conoce en momentos en que la organización enfrenta un intenso escrutinio público por los millonarios convenios suscritos con entidades nacionales y por las advertencias formuladas desde distintos sectores sobre los mecanismos utilizados para la ejecución de recursos públicos. Aunque hasta el momento no existen sanciones que le impidan contratar con el Estado, el debate sobre el papel de este tipo de entidades continúa abierto.
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