El alcalde de Tununguá fue detenido en la madrugada por incumplir las restricciones que él mismo firmó; además agredió a varios policías

El municipio de Tununguá, en el occidente de Boyacá, fue escenario de un hecho inusual y polémico este 29 de mayo, cuando el alcalde local, Elkin Alfonso Gil, fue arrestado por la Policía Nacional tras un altercado que quedó registrado en video y circuló rápidamente en redes sociales y medios regionales.

De acuerdo con las versiones recogidas por medios locales como Boyacá Sie7e Días, el incidente tuvo lugar en horas de la madrugada en un parque público del municipio. Según reportes, el alcalde y un familiar suyo, que también trabaja como funcionario público, se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y escuchando música a alto volumen dentro de un vehículo particular. Lo llamativo del caso es que la actividad se realizaba fuera del horario permitido por un decreto municipal que el propio Gil había firmado recientemente como autoridad local.

Los uniformados acudieron al sitio luego de recibir quejas sobre el incumplimiento de la normativa de convivencia vigente en Tununguá. Cuando solicitaron a los presentes que cesaran la actividad y se retiraran, se produjo un intercambio verbal y físico que, según denuncias y videos conocidos, incluyó agresiones hacia los patrulleros por parte del alcalde y su acompañante. Ante la resistencia de ambos a cumplir con el procedimiento, la Policía procedió a su detención y traslado a la estación del municipio.

Una vez en la estación, los incidentes continuaron. En las grabaciones registradas por testigos y difundidas en redes, se escuchan insultos y amenazas dirigidas a los uniformados por parte del mandatario y su familiar, lo que podría acarrear consecuencias legales adicionales. Las autoridades informaron que el alcalde podría enfrentar cargos por delitos contraservidor público, aunque será la justicia la que defina su situación.

La controversia se ha profundizado por el hecho de que las restricciones que presuntamente se estaban incumpliendo fueron establecidas mediante un decreto expedido por la propia administración de Gil, que ejerce como alcalde para el periodo 2024–2027.

Por ahora, se espera la decisión judicial sobre el futuro del alcalde Elkin Alfonso Gil y su acompañante, mientras el municipio sigue atento a las repercusiones administrativas y legales de este episodio.

En Colombia, la agresión a miembros de la Fuerza Pública, incluidos los policías, está considerada un delito grave y puede acarrear consecuencias legales tanto de carácter penal como administrativo. Según la legislación vigente, cualquier ataque físico, verbal o mediante amenazas a un uniformado en el ejercicio de sus funciones puede derivar en sanciones que incluyen privación de la libertad y multas económicas.

El artículo 429 del Código Penal colombiano especifica que quien ejerza violencia contra un servidor público, como en el caso de un patrullero, podría enfrentar una condena de entre cuatro y ocho años de prisión. Esto aplica tanto para agresiones físicas directas como para actos que busquen forzar al funcionario a omitir o realizar alguna acción contraria a sus deberes oficiales.

A nivel administrativo, la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), en su artículo 35, establece medidas correctivas adicionales. Si una persona agrede a un policía o lanza objetos o sustancias que puedan causar daño, se le impondrá una multa tipo 4, equivalente a treinta y dos salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y la obligatoriedad de asistir a programas pedagógicos sobre convivencia ciudadana. Estas sanciones buscan reforzar el respeto a la autoridad y prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad de los funcionarios encargados del orden público.

En casos donde la agresión cause lesiones o implique resistencia activa al procedimiento policial, los jueces pueden considerar agravantes y aplicar sanciones más severas. Además, el historial y la conducta previa del agresor pueden influir en la decisión judicial.

La normativa colombiana también prevé medidas especiales para funcionarios públicos que incurran en este tipo de comportamientos, como la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por varios años, dependiendo de la gravedad de los hechos. Todo esto refleja el interés del Estado en proteger a quienes ejercen funciones de seguridad y garantizar que las normas de convivencia sean respetadas por todos los ciudadanos, sin excepción.