Organizaciones internacionales alertaron sobre deterioro de garantías democráticas y polarización en Colombia: “Profunda preocupación”

A días de las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo, la Unión Interparlamentaria y el Grulac advirtieron sobre amenazas, intimidaciones y violencia política en Colombia, y reclamaron medidas urgentes para proteger a candidatos, opositores y al sistema electoral ante un proceso que, según su declaración, llega marcado por denuncias persistentes y por el antecedente del asesinato de Miguel Uribe Turbay en 2025.

El pronunciamiento también pidió que el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la UIP examine la situación colombiana, supervise las denuncias y evalúe acciones pertinentes.

La solicitud fue presentada como parte de un pedido de acompañamiento internacional y parlamentario al proceso electoral, con respeto a la soberanía nacional.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por los hechos de violencia política, amenazas, intimidaciones y deterioro de las garantías democráticas denunciados en el marco del proceso electoral presidencial actualmente en curso en la República de Colombia”, se observa en el comunicado.

Según el documento conjunto de legisladores y exparlamentarios internacionales agrupados en la UIP, la preocupación se apoya en “distintas denuncias públicas e institucionales relativas a amenazas contra dirigentes políticos, candidatos presidenciales, parlamentarios y líderes de oposición”.

El texto menciona de forma específica las amenazas contra la senadora Paloma Valencia y otros dirigentes políticos colombianos.

La declaración, emitida por representantes del Grupo de América Latina y el Caribe del organismo interparlamentario global, sostiene que las garantías democráticas se han deteriorado en el marco de la campaña presidencial en curso. Según el documento, la inquietud no se limita a hechos aislados, sino que alcanza al clima general en que se desarrolla la contienda.

Los firmantes señalaron que en varias regiones del país hay violencia política territorial, presencia activa de estructuras criminales y posibles restricciones al libre ejercicio de los derechos políticos. Esa combinación, según el texto, afecta las condiciones bajo las cuales deben competir candidatos y participar los ciudadanos.

“Asimismo, observamos con preocupación las denuncias vinculadas a la violencia política territorial, presencia de estructuras criminales en determinadas regiones del país, posibles restricciones al libre ejercicio de los derechos políticos, ataques contra dirigentes opositores y cuestionamientos públicos dirigidos contra instituciones electorales encargadas de garantizar la transparencia y legitimidad del proceso democrático”, se lee en el documento.

En ese punto, el documento califica como un “grave antecedente” el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025. La mención aparece como uno de los hechos que explican la alarma internacional sobre el escenario electoral colombiano.

De acuerdo con la declaración, las autoridades competentes del Estado colombiano deben “adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la vida, integridad y seguridad de candidatos presidenciales, parlamentarios, dirigentes políticos, periodistas, líderes sociales y ciudadanos”.

El pedido extiende la protección más allá de los aspirantes a la presidencia y la sitúa sobre todos los actores involucrados en el debate democrático.

En el texto también se reclama “preservar plenamente la independencia, legitimidad y credibilidad de las autoridades electorales colombianas”. Los parlamentarios pidieron evitar narrativas que erosionen la confianza pública en las entidades encargadas de organizar los comicios y contar los votos.

La declaración lleva las firmas de figuras regionales como el senador chileno Rojo Edwards Silva y la diputada paraguaya María Rocío Abed de Zacarías, identificados en el texto como presidente y vicepresidenta del Grulac, respectivamente.

También aparecen Ernesto Bustamante, congresista peruano e integrante de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de Asuntos de la ONU-UIP; Cláudio Cajado Sampaio, diputado de Brasil y representante del Grulac en el Comité Ejecutivo de la UIP; y Rodrigo Goñi Reyes, presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay.

Según la lista incluida en el documento, también suscribieron parlamentarios de Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, México, Brasil y España. El objetivo declarado por los firmantes es contribuir a que los colombianos tengan elecciones “libres, transparentes, pacíficas y plenamente legítimas”.

La carta recuerda además una resolución unánime aprobada en octubre de 2025 por la 151ª Asamblea de la UIP. Aquella directriz exhortó a los congresos de la región a fortalecer mecanismos legales para prevenir la infiltración criminal y proteger a los legisladores.

El bloque interparlamentario sostuvo finalmente que el proceso electoral colombiano debe desarrollarse bajo principios de pluralismo e igualdad de condiciones.

En esa línea, los firmantes reafirmaron el compromiso de América Latina con el Estado de derecho y con la resolución pacífica de controversias.