
Las EPS en Colombia quedaron bajo una nueva advertencia de la Superintendencia de Salud. A partir de una circular que ya fue publicada para comentarios, las entidades tendrán un tiempo límite para responder casos relacionados con menores de edad en riesgo vital. La medida llega en medio de las crecientes denuncias de familias que aseguran enfrentar retrasos, barreras y dificultades para acceder a medicamentos o tratamientos urgentes.
El anuncio lo hizo el 28 de mayo Daniel Quintero Calle, que explicó que la instrucción busca evitar que continúen presentándose casos de niños afectados por demoras en la atención médica. La circular, según dijo, empezará a aplicarse en todo el país una vez termine el periodo de comentarios públicos, que estará abierto durante cinco días.
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La decisión fija una obligación concreta para las EPS, responder en un plazo máximo de ocho horas a los requerimientos relacionados con menores cuya vida esté comprometida. La medida cobija situaciones de alta complejidad, especialmente casos de niños con enfermedades crónicas, pacientes trasplantados o menores que hayan sufrido accidentes graves.
“Ni una sola vida más de un niño perdida por falta de medicinas o atención. Hemos lanzado hoy una circular que hace dos cosas: de ahora en adelante las EPS van a tener un máximo de 8 horas para responder de fondo y sin excusas a reclamos que tengan que ver con niños en riesgo vital”, manifestó Quintero.
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La circular no solo plantea tiempos de respuesta. La Superintendencia también anunció un esquema de sanciones para las EPS que incumplan con los nuevos lineamientos. Según explicó el funcionario, las entidades que no atiendan los casos dentro del plazo establecido deberán identificar directamente a los responsables de la demora.
“Lo segundo, y más importante, es que las EPS que no respondan a tiempo van a tener que decir con nombre y apellido quiénes fueron los responsables de esta tardanza. Eso va significar sanciones por parte de la Superintendencia de Salud, pero además, esa información se enviará de forma automática a Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para que tengan que responder”, concluyó el superintendente de Salud.
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La medida aparece en un momento especialmente sensible para el sistema de salud. Durante los últimos meses se multiplicaron las denuncias de usuarios que aseguran no recibir medicamentos formulados a tiempo o enfrentarse a largas filas, autorizaciones demoradas y problemas de abastecimiento en distintos puntos del país.
Precisamente por ese panorama, la Superintendencia Nacional de Salud activó paralelamente una estrategia nacional de vigilancia bautizada como Plan 100. La iniciativa contempla operativos de inspección en diferentes regiones para revisar directamente cómo se están entregando medicamentos y si existen posibles irregularidades en los dispensarios.
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El plan fue presentado por Quintero, que confirmó que las visitas ya comenzaron en varias ciudades y municipios. La estrategia incluye más de 100 inspecciones distribuidas en 25 departamentos durante los próximos diez días. La intención de la entidad es verificar en terreno qué está ocurriendo con la entrega de tratamientos médicos y establecer si existen prácticas que estén afectando el acceso de los pacientes a sus fórmulas. Entre las principales preocupaciones aparecen posibles casos de acaparamiento de medicamentos y trabas administrativas que terminan retrasando la atención.
Según la Superintendencia, los equipos territoriales revisarán tiempos de entrega, disponibilidad de medicinas, funcionamiento de los puntos de dispensación y respuestas entregadas a usuarios que han presentado quejas. También se recopilará información sobre las barreras que enfrentan pacientes con enfermedades de alto costo o tratamientos permanentes. En varias regiones del país, pacientes han denunciado que deben esperar días o incluso semanas para recibir medicamentos esenciales. En otros casos, las personas aseguran que deben recorrer distintos dispensarios antes de encontrar disponibilidad de los tratamientos formulados por sus médicos.
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Con el Plan 100, la entidad busca tener un diagnóstico más claro sobre el comportamiento de las EPS y de los operadores encargados de la distribución de medicamentos. Las visitas sorpresa intentarán determinar si los retrasos responden a problemas logísticos, fallas administrativas o posibles irregularidades dentro de la cadena de entrega.
Mientras la circular entra en fase de comentarios, el mensaje de la Superintendencia apunta a endurecer el control sobre las entidades de salud, especialmente en casos donde estén involucrados menores de edad y pacientes con condiciones críticas. La discusión vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que siguen enfrentando miles de usuarios del sistema para acceder oportunamente a servicios y tratamientos médicos en Colombia.
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