El Tribunal Administrativo de Bolívar dejó sin efectos la suspensión que había frenado la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la EPS Coosalud y ordenó restituir de manera inmediata e integral su control administrativo al Gobierno nacional.
La decisión judicial fue dada a conocer por el superintendente de Salud, Daniel Quintero, que aseguró que el fallo obliga a la EPS a devolver nuevamente la administración a la Supersalud, luego de que el tribunal considerara improcedente la devolución que se había realizado previamente a los antiguos administradores de la entidad.
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En dicha oportunidad, esa misma corporación había ordenado que la EPS Coosalud fuera entregada de manera inmediata a sus antiguos directivos, al resolver solicitudes de aclaración y adición relacionadas con la medida cautelar que suspendió la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud. Así las cosas, había aclarado que los funcionarios legitimados para asumir la administración y representación legal de la EPS eran Jaime Miguel González Montaño y Natalia Largo González.
El tribunal también había precisado que ambos continuarían ejerciendo sus cargos hasta que se produjera un nuevo nombramiento conforme a las reglas estatutarias vigentes. Sin embargo, con la nueva determinación, el control administrativo de Coosalud vuelve nuevamente al Gobierno nacional mientras continúan las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con la EPS.
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Durante su pronunciamiento, el superintendente indicó que el fallo también instruyó a la superintendencia para adoptar medidas encaminadas a superar las falencias identificadas por los organismos de control. “El tribunal nos instruyó a adoptar las medidas técnicas, administrativas y financieras necesarias para superar las falencias estructurales identificadas por la Procuraduría General de la Nación y que también han sido identificadas por la Contraloría”, señaló.
Quintero agregó que, en cumplimiento de la orden judicial, la superintendencia procederá a designar un nuevo agente interventor encargado de asumir la administración de la EPS y de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de salud.
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“En las próximas horas designaremos un nuevo gerente, un nuevo agente interventor encargado de garantizar los fines de la intervención forzosa previstos en la ley y, sobre todo, asegurar la atención y el derecho a la salud de más de 3 millones de afiliados”, manifestó.

El funcionario también indicó que el proceso contará con acompañamiento de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, conforme a lo ordenado por el tribunal. Según explicó, la participación de ambos organismos busca garantizar seguimiento y control sobre las actuaciones que se adelanten durante la nueva etapa de intervención administrativa de la EPS.
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Al cierre de su intervención, el superintendente aseguró que las actuaciones derivadas de la decisión judicial se ejecutarán bajo criterios de rigor técnico y administrativo. “Actuaremos con firmeza, con transparencia y con la rigurosidad que esta decisión exige”, afirmó.
Petro pidió investigar a juez que frenó la intervención en Coosalud

Tras conocerse la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta en X y se refirió al fallo que anteriormente había permitido devolver el control de Coosalud a sus antiguos administradores.
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En su publicación, el mandatario cuestionó la actuación del juez que tomó esa decisión y pidió que el caso sea investigado por las autoridades competentes. “Ya se demostró que el juez de Bolívar que le devolvió Coosalud a quienes la desfalcaron, debe ser investigado por la autoridad competente”, escribió el presidente.
El jefe de Estado también hizo referencia a otros procesos judiciales relacionados con recursos de la salud y mencionó el caso de la Nueva EPS.
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“Los jueces que fueron capaces de embargar recursos de salud de la Nueva EPS deben ser investigados por la misma autoridad”, añadió Petro en la red social.

Coosalud es una de las EPS con mayor número de afiliados en el país y actualmente supera los 3,3 millones de usuarios. Con esta determinación, la intervención forzosa administrativa decretada por la Superintendencia continúa vigente mientras se adelantan nuevas medidas de control y vigilancia sobre la entidad.
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