
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó el recurso presentado por la congresista Karen Astrith Manrique Olarte con el que buscaba sustituir la detención preventiva intramural por una domiciliaria. La decisión surgió tras el desarrollo de una sesión extraordinaria en la que, por mayoría, se optó por mantenerla privada de la libertad mientras se adelantan las investigaciones en su contra por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El alto tribunal informó que, una vez se cumplan las respectivas notificaciones, enviará el expediente de la congresista a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte.
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Asimismo, indicó que también quedó en firme el llamado a juicio contra la representante a la Cámara Karen Manrique Olarte, los legisladores Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, por los hechos de corrupción ocurridos en la Ungrd. Se les endilga el delito de cohecho impropio.

El 30 de abril de 2026, tras una sesión extraordinaria, la Sala Especial de Instrucción de la Corte rechazó las recusaciones que fueron presentadas en contra dos magistrados y dos conjueces que participaron en la votación en la que se llamó a juicio a los cinco congresistas y al exlegislador Juan Diego Muñoz.
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A todos se les investiga por la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República. En 2024, tanto Karen Manrique como Wadith Manzur renunciaron a la comisión, tras resultar salpicados en el escándalo de corrupción.
Karen Manrique se defendió y negó haber incurrido en actos de corrupción
Cuando los medios de comunicación revelaron las irregularidades que se presentaron en la Ungrd, la congresista Karen Manrique se pronunció y negó los actos ilícitos que se le endilgaron. Aseguró que, siendo parte del Legislativo, ha asistido a encuentros en distintas entidades estatales, incluyendo la Ungrd; sin embargo, dijo que todas las visitas han estado orientadas a adelantar acciones que beneficien a las comunidades.
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“Quiero precisar que mis únicos acercamientos con las entidades del Estado han sido en mi ejercicio como congresista e interlocutora de las comunidades que en el Congreso de la República represento, en mi calidad de víctima del conflicto armado”, dijo.
Además, recordó que no es ordenadora del gasto y que no está entre sus funciones determinar con quién, cuándo y cómo se adelantan los contratos. De hecho, insistió en que su trabajo, que está documentado en diversos informes, se ha centrado en hacer control político y cumplir otras funciones en favor de las víctimas del conflicto.
En 2024, el abogado Andrés Garzón, que representa los intereses de la procesada, aseguró que “no hubo contratos, no se desembolsó un peso y no hay ningún dinero perdido para el país" que haya involucrado a Manrique. Además, informó que las reuniones que sostuvo la investigada en su momento con distintos funcionarios del Estado, incluidos integrantes del Ministerio de Hacienda, no constituyen ningún hecho irregular.
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“Los parlamentarios siempre hablan con Hacienda y otras entidades para gestionar recursos para sus regiones. Esto no es irregular ni constituye un delito, es parte de sus funciones”, precisó el abogado, citado por Caracol Radio.
Pese a que la congresista negó estar relacionada con el entramado de corrupción, el 11 de marzo de 2026, se presentó voluntariamente a las autoridades, con el fin de cumplir con una orden de captura en su contra. Sin embargo, cuando se acercó a la estación de Policía de Tame, Arauca, se le informó que todavía no habían recibido la orden.
En consecuencia, hasta el 12 de marzo se hizo efectivo el arresto, en cumplimiento de la medida de aseguramiento que le fue impuesta.
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