María Fernanda Cabal reprochó la suma del expresidente Samper a la campaña de Iván Cepeda: “Se hizo elegir presidente con la plata del narcotráfico”

La tensión es cada vez más evidente en entre las campañas políticas y sus detractores, a solo una semana de que se lleve a cabo la jornada electoral del 31 de mayo de 2026, en la que los colombianos decidirán el hombre o la mujer que llegue a la Presidencia de la República o los candidatos que disputen la ocupación de la Casa de Nariño en una segunda vuelta electoral.

Las adhesiones, respaldos y rechazo en todo el sector político nacional no han dejado de generar controversias, como el más reciente caso de la senadora y exprecandidata del Centro Democrático, con el también senador, y aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, por recibir consentimiento del expresidente Ernesto Samper.

La senadora Cabal cuestionó la decisión del exmandatario a la campaña de Cepeda, y lo hizo al difundir en X un video del exmandatario pidiendo apoyo político.

En la grabación, Samper convoca a los seguidores del proyecto: “Los invito a que me acompañen. Por Iván Cepeda, ¡a la carga!. Por el cambio, ¡a la carga!. Por la justicia social, ¡a la carga!. Por la paz de Colombia, ¡a la carga! Muchas gracias”.

Tras publicar el video, Cabal reaccionó con una acusación directa contra el exmandatario al recordar el escandalo por finaciamiento de su camapña presidencial, bajo los que serian , los ingresos de organizaiones criminales: “Ernesto Samper, el que se hizo elegir presidente con la plata del narcotráfico de los Rodríguez Orejuela, el del proceso 8.000, es ahora el faro “moral” de la campaña de Cepeda y Petro”

Que fue el proceso 8000

El Proceso 8.000 fue la investigación que marcó la presidencia de Ernesto Samper después de su victoria electoral de 1994, porque examinó el ingreso de al menos USD 3,7 millones del Cartel de Cali a su campaña y dejó una crisis política que, según el texto de Blu Radio, erosionó la confianza en el Gobierno colombiano y deterioró la imagen internacional del país.

La investigación se abrió formalmente el 8 de agosto de 1995 y tomó su nombre del número de expediente en la Fiscalía General de la Nación. El caso terminó con la preclusión del proceso contra Samper en la Cámara de Representantes, que el 12 de junio de 1996 votó 111 veces a favor y 43 en contra de cerrar el caso.

El núcleo del escándalo fueron una serie de audios conocidos como “narcocasetes”, que salieron a la luz en 1995, según Blu Radio. En esas grabaciones se oía al periodista Alberto Giraldo hablar con Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, sobre la entrega de dinero para la campaña presidencial de Samper.

El medio de comunicación señala que el entonces fiscal general Gustavo de Greiff no abrió la investigación sobre esos audios, que inicialmente fueron entregados al entonces presidente César Gaviria. Su sucesor, Alfonso Valdivieso, que asumió el cargo en 1995, sí impulsó el caso y acusó al presidente.

Además de Samper, la Fiscalía llamó a indagatoria al exministro de Defensa Fernando Botero Zea, que había dirigido la campaña, y a Juan Manuel Avella, gerente administrativo de la misma, según Blu Radio. El 13 de diciembre de 1995, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara cerró por primera vez el proceso contra el presidente al alegar falta de pruebas, de acuerdo con el mismo texto.

En enero de 1996, Botero Zea entregó lo que describe como la “prueba reina” del caso. Según esa versión, el exministro declaró que el presidente sí conocía el ingreso de dinero ilícito a la campaña, una afirmación que Samper negó de manera rotunda.

Con base en las declaraciones de Botero Zea, la Fiscalía General volvió a denunciar a Samper ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, según la informació suministrada. La Comisión lo absolvió de nuevo y el caso pasó después a la plenaria de la Cámara, donde se ordenó la preclusión.

La consecuencia central del Proceso 8.000 fue política e institucional: según el texto de Blu Radio, el escándalo deterioró la confianza pública en el Gobierno y en las instituciones colombianas. Esa pérdida de credibilidad se convirtió en uno de los efectos más duraderos del caso.

El impacto también alcanzó el plano internacional. Según Blu Radio, la imagen de Colombia se deterioró hasta el punto de que Joseph Toft, entonces director de la DEA, declaró que en el país había una “narcodemocracia”.