El gobierno de Daniel Noboa, en Ecuador, mantuvo los aranceles a productos de Colombia y presentó cuatro recursos ante la Comunidad Andina para intentar revertir las órdenes que le exigían desmontarlos antes del 21 de mayo, lo que prolonga la disputa comercial enre los dos países, originada por tensiones de seguridad en la frontera común.
La ofensiva jurídica ecuatoriana incluye dos recursos que le piden a la Secretaría General de la CAN reconsiderar la petición y dos acciones de nulidad ante el Tribunal de Justicia del bloque.
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La Secretaría tiene 45 días hábiles para pronunciarse sobre los recursos, mientras que el tribunal podría tardar más de dos años en resolver las acciones de nulidad.
Aunque la respuesta oficial de Quito no suspende los efectos de las resoluciones de la CAN, Ecuador decidió no desmontar por ahora la medida y conservará el cobro de los aranceles sobre los bienes colombianos mientras se tramitan esos procedimientos.
El gravamen actual es de 100%, pero el gobierno de Noboa ratificó que bajará a 75% a partir del 1 de junio.
Ecuador sostiene que esa medida es una “tasa de seguridad”, porque Quito le atribuye a Colombia una colaboración insuficiente en el combate de la minería ilegal y el narcotráfico en la zona de frontera. El contenido de los recursos y de las acciones presentadas no fue divulgado.
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La controversia se mueve dentro de las reglas del propio bloque andino. La CAN, integrada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, supervisa el cumplimiento de las normas de integración económica y resuelve controversias entre los países miembros, en un esquema que tiene como base la libre circulación de bienes.
El origen inmediato del choque comercial se remonta al primero de febrero del presente año, cuando Ecuador inició la presión arancelaria con impuestos del 30%. Colombia respondió con un arancel recíproco el 24 de febrero.
El primero de mayo, Ecuador elevó el arancel al 100%. Por su parte, el Gobierno de Colombia contestó desde finales de abril con impuestos del 35% al 75% sobre 191 productos ecuatorianos.
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La Comunidad Andina había ordenado a los gobiernos de Colombia y Ecuador retirar los aranceles aplicados a comienzos de este año. Esa intervención se produjo después de que las tensiones por la seguridad fronteriza derivaran en una disputa comercial abierta entre los dos países.
Bruce Mac Master dijo que esperaba el acatamiento de la decisión andina: “Yo espero que tanto Ecuador como Colombia acaten de manera inmediata esta decisión de la comunidad y se restablezca el 0% de arancel para el universo del comercio y de los productos que tanto Colombia como Ecuador comercializan bilateralmente. Esperamos que los dos gobiernos cumplan y acaten estas decisiones”.
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Entre las acciones de Ecuador figura un recurso de reconsideración y una acción de nulidad contra la Resolución 2582. En esa resolución, del 7 de mayo de 2026, la Secretaría General de la CAN advirtió que el gravamen ecuatoriano “vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina consagrado en el Acuerdo de Cartagena”.
Las otras dos actuaciones recaen sobre la Resolución 2581, también emitida el 7 de mayo. Allí la Comunidad Andina ordenó a Ecuador retirar las restricciones de movilidad por el Puente Internacional de Rumichaca.
En los recursos de reconsideración Ecuador pide “modificar, revocar, aclarar o reconsiderar” las resoluciones. En las acciones de nulidad sostiene que esas decisiones violarían el ordenamiento jurídico de la CAN y agrega que no se habrían cumplido los plazos y tiempos procesales establecidos.
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Para el levantamiento de las dos medidas, la Comunidad Andina había fijado a Ecuador un plazo de 10 días hábiles. Ese período comenzó el 8 de mayo y concluyó el jueves 21 de mayo.
El presidente Petro ordena preparar decreto de aranceles para proteger industria nacional
El presidente Gustavo Petro solicitó a los ministros de Hacienda y de Comercio la preparación de un decreto de aranceles que permita proteger la industria y la agricultura nacional, en un contexto de tensión comercial con Ecuador.
Petro indicó que la medida debe ser “inteligente” y favorecer la producción colombiana, diferenciándose de la postura adoptada por el gobierno ecuatoriano.
La disputa comenzó tras la imposición de aranceles recíprocos: Ecuador aplica un 100% a ciertos productos colombianos (que reduciría al 75% desde junio), mientras Colombia subió los suyos entre el 35% y el 75% a productos ecuatorianos.
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Esto provocó una caída significativa del comercio bilateral, con pérdidas superiores a US$340 millones, afectando a miles de empresas y empleos en ambos países, especialmente en regiones fronterizas como Putumayo y Nariño.
La Comunidad Andina intervino, ordenando a ambos países que retiren los aranceles y den marcha atrás en las restricciones, argumentando que estas medidas contravienen el Acuerdo de Cartagena y afectan el libre comercio regional. .
Desde Ecuador, la canciller Gabriela Sommerfeld anunció que el país prepara una respuesta a la Comunidad Andina, defendiendo la posición ecuatoriana pero manifestando respeto por el ente regional.
El gobierno colombiano busca una estrategia arancelaria que defienda la producción nacional, en medio de presiones de sectores productivos y de organismos multilaterales, sin replicar las acciones ecuatorianas de manera automática.
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