Una nueva ola de enfrentamientos entre indígenas en zona rural del municipio de Silvia, en el departamento del Cauca, deja hasta el momento siete muertos, decenas de heridos y una comunidad en estado de alarma.
La gobernadora del resguardo de Guambía, Liliana Pechené Muelas, responsabilizó al cabildo Nasa de Pitayó y al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), principal organización indígena regional, por la incursión armada registrada el jueves 21 de mayo de 2026 en el sector de La Ensillada.
El conflicto entre los pueblos Misak y Nasa en esta zona rural surgió por la disputa de tierras ancestrales y derivó en hechos de violencia que incluyeron el uso de armas de fuego y la retención de diez personas, entre ellas menores y autoridades indígenas de Guambía.
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La gobernadora atribuyó el ataque al Cric y precisó que el hecho profundizó la conflictividad entre comunidades y generó inestabilidad en la zona por el control territorial.
Denuncias y testimonios de la comunidad Misak
“Lastimosamente, hoy fuimos testigos de una masacre hecha por el Cabildo Páez Nasa de Pitayó, acolitado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, quienes en su premeditada intención cogieron a nuestra comunidad y empezaron a disparar con armas de alto alcance”, aseguró Liliana Pechené desde el hospital de Silvia.
Según Pechené, el ataque reflejaría una estrategia para “posesionarse” de territorios mediante la violencia.

“Ellos hablan del término ‘posesionamiento’ territorial, que es prácticamente ubicarse en un lugar y matar al que no está de acuerdo contigo y tomarte ese sitio. Ese mecanismo se viene utilizando mucho, no solo contra los Misak, sino contra campesinos y afrocolombianos”, declaró la gobernadora indígena, de acuerdo con el medio colombiano Semana.
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“No somos un pueblo violento. Nosotros no manejamos armas. El país lo conoce. Las personas siempre nos van a encontrar ofreciendo un producto, trabajando con nuestro propio esfuerzo y nuestra propia dignidad”, afirmó la dirigente.
Contexto territorial y antecedentes del conflicto
El origen de la disputa se sitúa en el reclamo por la posesión de unas 9.000 hectáreas de predios ancestrales en el oriente del Cauca, reclamados por ambas comunidades.

Sin embargo, según las declaraciones de Pechené, recogidas por el medio citado, el número de hectáreas sería por lo menos 10.000 más. “Políticamente vienen manejando el tema de que nosotros, los guambianos o los misak, somos traídos. Con ese argumento pretenden posesionarse en un territorio de 19.000 hectáreas, desconociendo nuestra ancestralidad y nuestra población”.
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En semanas recientes, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), organismo estatal encargado de la gestión de estas propiedades, emitió decisiones que, según la gobernadora, han sido interpretadas de manera opuesta por las comunidades y han generado nuevas tensiones. Pechené agregó que el pronunciamiento de la ANT “ha provocado nuevas tensiones entre ambos pueblos indígenas”.
La dirigente afirmó que una parte de la disputa radica en la acusación hacia los Misak de no ser originarios, argumento que se emplea para promover la ocupación de las hectáreas en disputa y desconocer la ancestralidad y presencia histórica de su pueblo.
El Cric rechazó las acusaciones a través de un comunicado, en el cual aseguró que también hubo heridos y víctimas entre miembros del pueblo Nasa durante los disturbios.
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Balance humanitario y respuesta estatal
Según el balance proporcionado por la gobernadora, la emergencia superó la capacidad del sistema de salud local. Pechené precisó: “Teníamos la documentación ahorita en nuestro hospital de ochenta heridos a bala, de los cuales veintiuno ya salieron para Popayán por su nivel de gravedad”.
La autoridad Misak también denunció el secuestro de diez personas de la comunidad, incluyendo a líderes, niñas y jóvenes, de quienes aún no se conoce el paradero. “Tenemos en este momento diez personas secuestradas, entre ellas autoridades indígenas, niñas y jóvenes. No sabemos de su paradero”, afirmó.
La emergencia desbordó los recursos médicos locales, con decenas de personas trasladadas a Popayán, mientras la cifra de muertos y lesionados sigue sin confirmación estatal - crédito Cric
Además, Pechené afirmó que: “Esta masacre ha sido acolitada también por el Gobierno porque habíamos hecho varios anuncios y manifestado la necesidad urgente de pronunciamientos de alto gobierno donde expresaran específicamente el daño que se nos estaba haciendo”.
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La violencia fue precedida por advertencias formales al Gobierno Nacional sin que se produjera una intervención efectiva. Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado el número total de fallecidos, heridos ni desaparecidos.
El balance oficial continúa sin verificarse. Los Misak denuncian que la ausencia de respuesta estatal ha dejado a la población desprotegida frente a las agresiones reportadas.
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