El presidente Gustavo Petro respondió públicamente a la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia tras sus críticas sobre la seguridad de los aspirantes y el uso de fachadas para grafitis.
Por la controversia surgida en redes sociales, el mandatario afirmó que la protección de Valencia, de los demás candidatos y del expresidente Álvaro Uribe está garantizada por el actual Gobierno.
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La discusión comenzó cuando Valencia publicó en su cuenta de X: “Petro y Cepeda promueven la violencia contra la oposición. Las fachadas de las casas no son públicas, son privadas. Nos las quieren expropiar. Y cuando algo es público tampoco es para dañarlo, ni para que el Pacto Histórico se lo tome, como hicieron con la universidad Nacional”. Este mensaje generó reacciones inmediatas en el ámbito político y social.
En respuesta, Petro utilizó la misma red social para defender la gestión de su administración en materia de seguridad, asegurando: “Con todo el respeto que se merece señora Valencia, la seguridad suya, de los demás candidatos y del expresidente Uribe la sostiene el actual gobierno y no me arrepiento de hacerlo”.
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El mandatario agregó: “Pero lea la ley señora Valencia: toda fachada pública en Colombia es pública y está regida bajo normas públicas”.
Las afirmaciones de Valencia sobre el carácter privado de las fachadas contrastan con la postura de Petro, que recalca la naturaleza pública de estos espacios y la regulación estatal sobre su uso.
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El debate se desarrolla en un contexto electoral marcado por tensiones entre el oficialismo y la oposición, con la seguridad de los candidatos como uno de los temas centrales.
La controversia también abarcó la utilización de espacios urbanos para la expresión política, tema recurrente en campañas recientes.
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El presidente ha insistido en que su gobierno garantiza la protección de todos los actores políticos, subrayando que “no me arrepiento de hacerlo”, en alusión al esquema de seguridad brindado tanto a opositores como a exmandatarios.
Las declaraciones cruzadas entre Valencia y Petro reflejan el clima de confrontación que se vive de cara a las próximas elecciones, con la gestión de la seguridad y el uso del espacio público entre los puntos de mayor debate.
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El intento de grafiti cerca de la casa de Álvaro Uribe reaviva debate sobre uso de espacios públicos
Un grupo cercano a 100 personas, liderado por Hernán Muriel, intentó pintar un grafiti en las inmediaciones de la vivienda del expresidente Álvaro Uribe en Llanogrande, Rionegro, Antioquia.
El hecho reabrió el debate sobre si las fachadas pueden considerarse espacios públicos, a raíz de que el presidente Gustavo Petro sostuvo que “todas las fachadas de nuestras casas son públicas, no son propiedad privada”. La intervención se realizó sobre un puente comunal a unos 300 metros de la casa de Uribe, sin permiso de la administración local.
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El propósito de los manifestantes era vincular a Uribe con la cifra oficial de ejecuciones extrajudiciales establecida por la Jurisdicción Especial para la Paz.
La situación derivó en la presencia de la Policía y enfrentamientos civiles. Uribe calificó el acto como una provocación y expresó: “A mí primero me tienen que matar antes de maltratar a mi familia”.
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Juristas consultados por El Tiempo destacaron que la ley exige autorización para intervenir tanto bienes públicos como privados, según el Código de Convivencia Ciudadana.
El abogado Hollman Ibáñez explicó, al medio citado, que “sin permiso, entonces hablamos de una infracción al código de convivencia”.
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El congresista electo Hernán Muriel aseguró que la movilización cerca de la vivienda de Uribe Vélez incluye la realización de un mural y actos culturales por los falsos positivos - crédito @Hernan_MurielP/X
El artículo 140 de ese código considera falta intervenir bienes sin previa autorización, lo que puede conllevar sanciones administrativas y la obligación de reparar el daño.
El abogado Iván Cancino sostuvo que Petro “se equivoca cuando dice que todos los murales son públicos”, resaltando que existen muros en propiedad privada donde no se puede pintar sin consentimiento.
Cancino agregó que, si el grafiti busca hostigar, podría considerarse una infracción policiva o incluso injuria gráfica si contiene falsedades individualizables.
La Corte Constitucional ha reconocido el grafiti como forma de expresión artística y de libertad de expresión, pero condicionada a que no afecte patrimonio cultural ni bienes protegidos o ajenos sin autorización.
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