La violencia sexual representa casi la mitad de los casos de agresiones infantiles en Bogotá: 19.103 casos se reportaron entre 2024 y 2026

Entre 2024 y lo que va de 2026, Bogotá ha registrado 19.103 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, una cifra que representa el 48,2% de los 39.643 casos de violencias reportados sobre esta población en el mismo periodo.

Así lo revelaron los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Puentes Sierra (Mira) en un debate de control político en el Concejo de Bogotá, en el que se analizaron los avances y falencias en la implementación del Plan Distrital de Desarrollo en materia de protección de la niñez.

Cifras alarmantes: una crisis persistente

El análisis presentado durante la sesión evidenció que la violencia sexual se ha convertido en el principal tipo de agresión contra menores de edad en la ciudad, con un peso relativo cercano a la mitad de los casos de violencia registrados. El 73,7% de las víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes mujeres, lo que pone de manifiesto una problemática de género estructural y persistente.

Según la información consolidada por la Administración distrital, que incluye datos de los sectores de educación y salud, así como de Medicina Legal y la Policía Nacional, Bogotá registra más de 70 eventos institucionales diarios asociados a presunta violencia sexual contra menores de edad. Para los cabildantes, dicha magnitud deja ver la insuficiencia de las herramientas actualmente implementadas para prevenir y atender el delito.

Falta de trazabilidad y subregistro

Uno de los hallazgos más preocupantes es la ausencia de trazabilidad y articulación entre las entidades encargadas de la protección infantil. Mientras que la red hospitalaria reportó 9.072 casos de violencia sexual en 2025, la Policía solo registró 2.186 denuncias en el mismo periodo. Lo anterior indica que cerca de tres de cada cuatro casos atendidos en salud no aparecen en los registros policiales, lo que dificulta el avance de procesos judiciales y la protección integral de las víctimas.

“Hoy varias entidades conocen partes distintas de un mismo caso, pero Bogotá aún debe fortalecer un sistema que permita unir esa información y hacer seguimiento completo a cada niño, niña o adolescente”, advirtió el concejal Fabián Puentes.

Herramientas institucionales: avances y limitaciones

Durante la discusión, los concejales impulsaron la inclusión de mecanismos adicionales en el Plan Distrital de Desarrollo, como la estrategia de Cero Tolerancia al Abuso Sexual Infantil, la creación de un Sistema Único de Reporte, una política pública específica y un trazador presupuestal para identificar los recursos destinados a la problemática.

Sin embargo, el debate reflejó que la puesta en marcha de las herramientas es insuficiente: el Sistema Único de Reporte aún no opera y no hay claridad sobre la ejecución y el impacto de la inversión presupuestal.

En 2025, la inversión directa en prevención y protección de derechos para la infancia fue de $75.602 millones, apenas el 0,2% del presupuesto distrital. “Si en Bogotá tenemos cerca de 1,9 millones de niños, niñas y adolescentes, este monto reportado de inversión directa en prevención para protección de derechos nos llevaría a concluir que la inversión en prevención equivale a una cifra mínima, sólo $3.315 pesos mensuales por niño, niña o adolescente”, sostuvo Puentes.

Otro aspecto crítico es el manejo de alertas anónimas sobre presunta vulneración de derechos. De tres casos revisados por el concejal Puentes, dos terminaron archivados o con decisión inhibitoria por falta de información o pruebas, y solo uno quedó en verificación y seguimiento institucional. Lo que plantea dudas sobre la capacidad real del sistema para garantizar protección efectiva.

“Cada niño o niña que no logramos proteger representa una política pública que llegó tarde, que falló. Bogotá debe pasar del discurso a los resultados”, enfatizó el cabildante, que insistió en la necesidad de verificar si los programas institucionales realmente están protegiendo a la niñez, más allá de la activación de rutas y el reporte de acciones.

Focalización territorial y persistencia del fenómeno

El análisis territorial confirma que Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba concentran más de la mitad de los casos reportados de violencia física y sexual contra menores en Bogotá. Estas zonas también presentan los peores indicadores de mortalidad infantil, intentos de suicidio, desnutrición y delitos sexuales, con tendencias que no muestran señales claras de reducción.

En respuesta, los concejales del Partido Mira radicaron un proyecto de acuerdo para crear Consejos Locales de Seguridad para Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de articular entidades distritales, alcaldías locales, colegios, autoridades de seguridad, organismos de protección y comunidad para identificar riesgos, activar rutas de atención y construir acciones preventivas desde el territorio.

Los concejales solicitaron a la Administración distrital la presentación de cronogramas claros, indicadores medibles, presupuesto focalizado, medición de impacto y una rendición semestral de avances para verificar si la inversión y las acciones aprobadas se están traduciendo en protección efectiva para la niñez. “El problema de fondo parece estar en las debilidades estructurales del sistema de protección y en su capacidad para responder de manera articulada, preventiva y efectiva”, concluyó Fabián Andrés Puentes.