Gustavo Petro volvió a promocionar la recolección de firmas para apoyar su constituyente: sería discutida por el nuevo Congreso

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a lanzar un llamado directo a sus seguidores para que apoyen el proceso de recolección de firmas que buscaría radicar un proyecto de ley ante el Congreso en el que se convoque a una asamblea nacional constituyente. Y todo al argumentar que el órgano legislativo bloqueó las reformas sociales por las que fue elegido el 19 de junio de 2022.

A 79 días para que abandone la Casa de Nariño, justamente al cumplirse el mandato constitucional para el que fue escogido en las urnas, el jefe de Estado definió la convocatoria como una oportunidad para que el pueblo ejerza “el poder constituyente” y supere, según su visión, los límites impuestos por las instituciones tradicionales a las restructuraciones propuestas por su administración en el cuatrienio.

La iniciativa fue formalizada en su perfil de X, en el que compartió el enlace para descargar los formularios oficiales y precisó que cada firma debe registrarse bajo un formato especial. “Aquí se pueden descargar los formularios para recoger firmas por la Constituyente para agregarle a la constitución nacional las reformas sociales y la reforma a la política y la justicia que el Congreso no aprobó”, dijo.

¿Cuántos respaldos espera recoger Gustavo Petro para impulsar su asamblea constituyente?

La hoja de ruta difundida por el Gobierno incluye la meta de 5 millones de firmas, y superar de esta manera los 2,2 millones que exige la ley electoral de Colombia, correspondientes al 5% del censo electoral. El gobernante, entonces, fijó el 20 de julio de 2026 como fecha para radicar el proyecto de ley ante el nuevo Congreso, alineada con su último discurso presidencial de instalación del legislativo.

El mecanismo impulsado por el Ejecutivo incluye, además, la recolección de donaciones ciudadanas para financiar la logística a través de una cuenta bancaria que en el pasado ha compartido el mandatario, en una medida que ha generado discusión por su novedad en este tipo de procesos. En su defensa, Petro reiteró que el Congreso y las cortes se han interpuesto a las reformas sociales.

En ese sentido, la agenda propuesta por el mandatario se articula en torno a nueve ejes: implementación del Acuerdo de Paz, reforma agraria, inclusión de salud, pensiones y trabajo como derechos fundamentales, al igual que endurecimiento de penas por corrupción y reforma judicial, fortalecimiento regional, aumento de financiación en educación pública y transición energética.

En respaldo a esta intención de modificar la Carta Magna, Petro ha sostenido que estas medidas son inaplazables y que la “ampliación” de la Constitución de 1991 es la vía que queda ante la supuesta obstrucción de los partidos y las cortes; en contraste a los señalamientos que detallarían que lo que buscaría sería abrir la puerta a la reelección presidencial, que se cerró desde 2015 en el Congreso.

A su vez, en el plano político, Petro ha dirigido el debate contra lo que denomina “fuerzas cavernarias”, acusándolas de impedir el avance de derechos populares. Y, en respuesta a las críticas por un presunto interés reeleccionista, reiteró públicamente que su objetivo no es quedarse en el poder, sino lograr un verdadero “acuerdo nacional”, que solo sería viable si se activa el poder constituyente.

Es oportuno precisar que toda reforma de carácter constituyente debe someterse a control de la Corte Constitucional, que, según antecedentes, ha sido inflexible ante cambios que puedan alterar la estructura fundamental del documento. Este obstáculo, sumado a la exigencia de legitimidad popular y al cronograma apretado, plantearía un escenario incierto sobre el destino de la propuesta presidencial.

Por su parte, especialistas constitucionales como el doctor Mauricio Gaona y sectores de la oposición han advertido sobre la viabilidad temporal y legal del proceso, al hacer énfasis en que el propósito final no consistiría en trasladar el poder a la ciudadanía, sino en establecer un hiperpresidencialismo que elimine los contrapesos institucionales y los límites democráticos.