Confirman el problema que tendrá que enfrentar el próximo presidente de Colombia debido al aumento del salario mínimo de 2026

Las necesidades de financiamiento del Tesoro de Colombia para 2026 llegarán a máximos históricos. Se proyecta una mayor brecha fiscal y más requerimientos que rondan niveles no registrados desde 1999–2002. Así lo confirma un estudio de J.P. Morgan, que estima que el déficit fiscal primario se ubica en 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta abril y podría cerrar 2026 en 3,5%, mientras que el financiamiento necesario superará el 10% del PIB, lo que representa un reto para la próxima administración nacional, independientemente del resultado electoral.

Según el informe del banco estadounidense, “nuestro ejercicio de usos y fuentes, basado en los supuestos de emisión del Tesoro en el Plan Financiero, apunta a una brecha de financiamiento considerable de aproximadamente USD6.000 millones (alrededor del 0,7% del PIB)”. A esto se suman obligaciones totales por cerca de USD54.000 millones, una cifra sin precedentes.

De acuerdo con la entidad, el déficit primario acumulado (resultado negativo que se obtiene al restar los gastos totales de un Estado (como inversión, salud y educación) a sus ingresos tributarios y corrientes, excluyendo el pago de intereses de la deuda pública) a abril es de 0,9% del PIB, y la proyección para todo el año se mantiene en 3,5%. Al sumar los pagos de intereses y amortizaciones (liquidación de deudas en cuotas periódicas), las necesidades totales de financiamiento alcanzarían el 10% del PIB, cifra que muestra la magnitud del desafío fiscal en 2026.

Factores detrás del deterioro fiscal en 2026

J.P. Morgan identifica como causas principales la caída del recaudo tributario, la ausencia de ajuste en el gasto público y una liquidez insuficiente en el Tesoro. El recaudo debilitado limita la capacidad estatal para cumplir obligaciones, mientras los gastos continúan en aumento con escaso margen de contención.

Así las cosas, la reducción del colchón de liquidez del Tesoro, según el informe, pone a las finanzas nacionales en una situación vulnerable frente a shocks imprevistos.

El efecto del salario mínimo y la indexación en el gasto público

De acuerdo con el banco, el aumento del salario mínimo para 2026 de 23,7% (ahora es de $2.000.000) se convierte en una fuente adicional de presión sobre las finanzas estatales. El impacto de la indexación automática a pensiones y salarios del sector público amplifica el incremento, lo que eleva el gasto total.

Dichos mecanismos de ajuste automático aseguran que el gasto crezca en línea con el salario mínimo, dificultando esfuerzos de contención fiscal en el corto plazo, según las conclusiones del análisis de J.P. Morgan.

La entidad apuntó que la persistencia de estos efectos indexados incrementa la complejidad de alcanzar las metas fiscales previstas y refuerza la necesidad de revisar políticas de gasto de cara a 2026.

Riesgos en los ingresos fiscales

Los datos que aporta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) señalan que el recaudo bruto real cayó 2,2% interanual hasta marzo. La contracción implica menor disponibilidad de recursos frescos, lo que profundiza la presión sobre el equilibrio presupuestario del Estado.

Sumado a ello, el fallo de la Corte Constitucional obliga a devolver fondos recaudados por el primer decreto de emergencia económica genera un riesgo agregado de disminución en los ingresos. Pese al escenario adverso, J.P. Morgan sostiene que “nuestro escenario base sigue siendo que los ingresos como proporción del PIB se mantendrán prácticamente sin cambios este año”.

No obstante, el impacto inmediato del dictamen judicial y la caída del recaudo señalan un panorama de incertidumbre para la recaudación fiscal en el corto y mediano plazo.

Nivel de ejecución y perspectivas del gasto público en 2026

En contraste a la evolución de los ingresos, el gasto público primario real aumentó 2,1% interanual en febrero, según cifras oficiales. La ejecución acumulada del gasto, excluyendo el servicio de la deuda, alcanzó 23,7% a abril, lo que rebasó el promedio de 2023 a 2025.

Mientras tanto, el gasto comprometido pero no ejecutado escaló a 38,5 %, lo que anticipa una materialización significativa de egresos en lo que resta del año.

Dicha dinámica indica un flujo de obligaciones fiscales creciente, que limita la capacidad real del Estado para implementar recortes o contener el gasto antes del cierre de 2026, conforme a las proyecciones de J.P. Morgan.

Cómo enfrenta Colombia el reto de financiar el déficit

J.P. Morgan advierte que la magnitud del déficit proyectado obliga a Colombia a buscar un incremento en el endeudamiento estatal para cubrir las necesidades del año. La emisión de nueva deuda será inevitable para cerrar el programa de financiamiento de 2026.

Según el informe, la próxima administración, cualquiera sea el resultado electoral, deberá diseñar estrategias para lograr el financiamiento necesario, en un contexto de presión política y fiscal. Según el mismo, el deterioro de las cuentas públicas exige reforzar los mecanismos de recaudación y revisar las políticas de gasto, mientras los requerimientos financieros siguen en aumento y las posibilidades de recorte efectivo se reducen de cara al próximo año.

La perspectiva para 2026 es clara: quien asuma el gobierno enfrentará la necesidad de elevar el endeudamiento estatal para hacer frente a las obligaciones fiscales, en un ambiente marcado por ingresos estancados y gastos que continúan en ascenso.