
Detalles inéditos sobre la presunta red de lavado de dinero que involucra contratos de alimentos y exportaciones petroleras en Venezuela salieron a la luz tras la más reciente declaración de las autoridades estadounidenses, centrando el foco sobre el empresario colombiano Alex Saab y las estrategias empleadas para canalizar fondos a través del sistema financiero de Estados Unidos.
La investigación, que se aceleró especialmente después de la imposición de sanciones económicas a Venezuela en 2019, expone el alcance internacional de las operaciones y señala la utilización de mecanismos de ocultamiento financiero para desviar recursos destinados a programas sociales.
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En recientes declaraciones, el administrador de la DEA, Terrance Cole, confirmó que durante años se realizó un seguimiento detallado a las redes financieras asociadas a Saab y al régimen venezolano.
El expediente judicial, presentado ante un tribunal federal en Miami, estableció que tras la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses, la red supuestamente dirigida por el empresario y sus allegados se habría extendido, aprovechando conexiones con altos funcionarios del Estado para acceder a contratos petroleros valuados en miles de millones de dólares pertenecientes a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
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Los investigadores sostuvieron que parte de ese crudo era vendido bajo aparentemente falsas premisas para mantener el financiamiento de la estructura Clap y para canalizar fondos ilícitos a través de bancos estadounidenses.
El caso, que generó repercusiones internacionales, describe cómo, supuestamente, Saab y otros individuos recurrieron a empresas fantasma, facturación ficticia, registros de envío y documentación adulterada para encubrir el verdadero origen de alimentos importados, principalmente desde Colombia y México, destinados a Clap (Comité Local de Abastecimiento y Producción).
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El programa fue diseñado para aliviar la crisis alimentaria en poblaciones vulnerables de Venezuela. Según la DEA y el Departamento de Justicia, estas prácticas permitieron desviar “cientos de millones de dólares” de recursos asignados a políticas sociales, mientras sumas considerables eran transferidas a cuentas estadounidenses con el objetivo de ocultar su origen.
La acusación en el Distrito Sur de Florida detalló que buena parte de estos fondos se obtuvieron gracias a presuntos sobornos a funcionarios venezolanos, lo que facilitó a Saab y sus cómplices la adjudicación de contratos millonarios dentro del marco del programa Clap y en negocios relacionados con la exportación de petróleo.
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Los delitos señalados hicieron posible, según la Fiscalía, la constitución de un esquema internacional basado en la corrupción y el encubrimiento de activos.
Alex Saab, de 55 años y exministro venezolano, fue señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro. Actualmente enfrenta cargos de conspiración para el lavado de dinero, por los que podría recibir hasta 20 años de prisión federal si es declarado culpable, según el Departamento de Justicia estadounidense.
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La causa se tramita en Miami luego de la deportación de Saab desde Venezuela hacia Estados Unidos. Las autoridades subrayan que, aunque pesa sobre él una grave acusación, el empresario es considerado inocente en tanto no se demuestre su responsabilidad durante el proceso judicial en curso.
La DEA ejecutó expulsión de Álex Saab de Venezuela por delitos en Estados Unidos
El empresario colombiano Álex Saab fue deportado de Venezuela a EE. UU. el sábado 16 de mayo de 2026 en una operación de la DEA, pese a contar con un perdón presidencial de Joe Biden.
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Esta decisión se produjo en un contexto de tensiones entre Caracas y Washington por compromisos incumplidos tras negociaciones en Qatar. El gobierno transitorio de Venezuela comunicó oficialmente que Saab perdió la nacionalidad venezolana y que la expulsión responde a su implicación en delitos cometidos en Estados Unidos.
Saab enfrenta un segundo proceso penal en ese país, independiente al caso por el que había recibido perdón, y en el que también está implicado Álvaro Pulido, socio suyo.
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Pulido había sido arrestado en Venezuela en 2023 por corrupción vinculada a Pdvsa. La deportación se realizó en un avión Gulfstream utilizado por la DEA, y fue documentada en medios con imágenes de Saab abordando la aeronave.
Previo a la expulsión, Saab fue destituido de su cargo ministerial y despojado de la nacionalidad venezolana, pese a que él negó estar detenido y afirmó contar con el indulto presidencial estadounidense.
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Sin embargo, fuentes federales sostienen que esa inmunidad sólo cubría el primer proceso, y que existen nuevas investigaciones sobre movimientos de activos y su rol como operador del régimen venezolano.
La selección de Saab como objetivo principal por parte de agencias estadounidenses se relaciona con el descontento por el incumplimiento de acuerdos bilaterales, incluyendo garantías electorales.
En respuesta a la nueva ofensiva judicial, Saab designó a Neil Shuster como abogado defensor para afrontar el nuevo proceso en tribunales federales de Estados Unidos.
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