El acceso al “gas natural asequible” está en juego y el “sufrimiento sería generalizado”, alertó empresa ante el fin de contratos

La posible terminación de contratos clave de transporte de gas natural entre Canacol Energy y Promigas generó preocupación por el suministro en Colombia. El proceso de reorganización de Canacol, actualmente evaluado en una corte de Alberta, Canadá, podría afectar de manera grave la disponibilidad de gas natural, lo que limitaría el acceso para hogares, industria y sectores vulnerables.

La reestructuración financiera de Canacol Energy, que aporta el 7,5% del gas nacional, pondría en riesgo la estabilidad del sistema energético colombiano. Si estos contratos se rescinden, la distribución y el acceso al gas natural en varias regiones del país serían vulnerables a interrupciones, ya que Colombia no cuenta con reservas de almacenamiento suficientes para enfrentar una emergencia de esta magnitud.

El conflicto involucra una solicitud de Canacol Energy para terminar 19 contratos de transporte de gas asociadas a doce empresas, lo que, según Promigas, empresa del Grupo Aval, traerá consecuencias críticas. La compañía, de acuerdo con un documento conocido por Valora Analitik, sostuvo que “la terminación de los acuerdos de Promigas también provocaría escasez de gas natural en Colombia y consecuencias económicas adversas para la sociedad colombiana en su conjunto”.

Dicha solicitud, aún bajo revisión judicial en Canadá, podría frenar la transmisión de gas desde los campos de Canacol y afectar tanto a clientes regulados como no regulados.

Desabastecimiento para millones de usuarios

Promigas advierte que la falta de capacidad excedente en la producción nacional hace que cualquier caída brusca en el aporte de Canacol suponga el desabastecimiento de millones de usuarios. “Esto necesariamente privaría a muchos usuarios finales, en particular a los usuarios más vulnerables y de bajos ingresos, del acceso a gas natural asequible, causando sufrimiento generalizado”, sostuvo la firma, según el documento conocido por el medio.

Por otra parte, Promigas detalló una inversión de $818.100 millones en infraestructura, en especial, entre Jobo y Barranquilla, para garantizar el transporte eficiente del hidrocarburo. Afirmó que “dicho de manera directa, sin el servicio de transporte de gas prestado por Promigas, no habría negocio de Canacol”, enfatizó la compañía ante la corte canadiense.

Impacto sobre el abastecimiento de gas natural en Colombia

El limitado sistema de almacenamiento de gas natural es otro componente crítico. Promigas expuso que Colombia depende de una distribución continua, lo que la hace vulnerable ante cortes. Si los contratos se suspenden, la operadora advirtió que el cierre de pozos representa un proceso costoso que puede causar daños irreparables a los campos productores, dificultando luego la recuperación de la producción.

La preocupación social aumenta al considerar que la mayor parte del impacto recaería en los sectores vulnerables. La firma insistió en que el acceso al “gas natural asequible” está en juego y que el “sufrimiento sería generalizado” si no se llega a una solución. Las inversiones millonarias de Promigas y los compromisos logísticos refuerzan la alarma de un posible riesgo sistémico para el país.

Situación financiera y riesgos económicos para Canacol

La dimensión financiera de Canacol Energy se deterioró. De acuerdo con el co-CEO interino, Jason Bednar, director financiero de la compañía, la empresa enfrenta una exposición potencial de USD380,4 millones en penalidades, compensaciones y reclamaciones inmediatas vinculadas a la terminación anticipada de los contratos, según documentos sometidos al tribunal.

Bednar anotó que “la producción actual del Grupo Canacol es insuficiente para satisfacer las cantidades diarias firmes de gas y las cantidades diarias solicitadas y aceptadas requeridas bajo los contratos de suministro”.

El directivo indicó también que los recursos disponibles en el proceso de reorganización judicial, conocidos como DIP, no pueden usarse para incrementar la producción debido a restricciones de los acreedores. Aclaró que “sin inversiones adicionales de capital para reanudar actividades de exploración e incrementar actividades de explotación, los vendedores de Canacol seguirán siendo incapaces de cumplir sus obligaciones de entrega bajo esos contratos”.

De este modo, Canacol alega que mantener altos costos fijos de transporte, aun con menor volumen, afecta el atractivo para potenciales compradores e inversionistas.

“Esta exposición combinada socava el éxito del proceso de venta y captación de inversiones y hace que los activos del Grupo Canacol sean materialmente menos atractivos para potenciales compradores”, argumentó Bednar. Añadió que la empresa explora negociaciones alternativas para mantener la operación y facilitar una eventual venta como negocio en marcha, con el fin de proteger los intereses de acreedores, empleados y clientes.

Respuesta y posición del Gobierno colombiano

El Gobierno de Gustavo Petro hizo una reunión de seguimiento con directivos de Canacol y representantes del sector energético el 13 de mayo de 2026 para evaluar el impacto posible sobre el suministro y la estabilidad del mercado. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que la principal misión pública es proteger a los usuarios y garantizar la prestación del servicio esencial de gas. “Tenemos una obligación constitucional de garantizar la prestación del servicio esencial y de proteger a los usuarios colombianos. Cualquier decisión que implique elevar costos para el mercado esencial debe ser revisada por las autoridades competentes”, expresó Palma.

Durante el encuentro, el ministro dijo que una eventual modificación de los contratos no puede afectar el bolsillo de los hogares ni debilitar la estabilidad del sistema regulado. Explicó, además, que la supervisión de las superintendencias es permanente y se cuenta ya con un mediador designado en Canadá para facilitar una solución sostenible. Los acreedores financieros de Canacol han señalado la urgencia de adecuar los contratos para asegurar la continuidad y la recuperación de la empresa.

Palma recalcó la disposición del Gobierno para actuar “con responsabilidad institucional” y mantener la protección a usuarios y a la industria nacional. Sostuvo: “Debemos proteger la industria nacional y garantizar la continuidad del suministro”. Agregó que, según las evaluaciones actuales, “gran parte del mercado regulado no se verá afectado”. Reiteró el compromiso estatal de acompañar los esfuerzos que permitan resolver la crisis sin poner en riesgo la seguridad energética.