Corrupción en predios del Ministerio de Defensa: militares vendieron y compraron terrenos en disputa

El 18 de mayo, el Ministerio de Defensa denunció un entramado de corrupción que ha permitido la ocupación ilegal y comercialización de predios públicos en zonas de Nilo, Melgar y Tolemaida, entre Cundinamarca y Tolima.

El ministro Pedro Sánchez informó que este accionar se vendría repitiendo desde 1954 para la apropiación de predios en los que se han construido lujosas mansiones y conjuntos residenciales en terrenos estatales. El informe oficial señaló que cerca de 14.000 personas naturales y jurídicas han reclamado la propiedad de estos predios, aunque legalmente pertenecen al Estado y no pueden ser adquiridos por particulares.

Las investigaciones revelan que funcionarios de concejos municipales, alcaldías, oficinas de planeación y algunos integrantes de la fuerza pública facilitaron la ocupación mediante actos administrativos irregulares.

En la divulgación de la denuncia se confirmó que el Ministerio de Defensa posee más de 110.000 hectáreas distribuidas en 4.400 predios, y ha iniciado acciones legales y técnicas para recuperar estos terrenos y capturar a los responsables. Según la Superintendencia de Notariado y Registro, aproximadamente el 47% de los predios en las zonas mencionadas presentan problemas de titularidad.

El trasfondo de la denuncia del Ministerio de Defensa

Infobae Colombia tuvo acceso al informe de las comisiones realizadas en Cundinamarca y Tolima tras la denuncia inicial de este escándalo, que fue realizada por el abogado Iván Reyes, aunque el ministro de Defensa indicó que se trató de un hallazgo de funcionarios de la cartera

Otro aspecto que no fue mencionado por el ministro Pedro Sánchez es que existe información que involucraría a militares retirados y en servicio con el entramado de corrupción. Por ejemplo, en Melgar, Tolima, se identificó a un suboficial retirado en la venta de inmuebles del Centro Nacional de Entrenamiento.

De la misma forma, un exinspector de la Policía Nacional aparece en ese municipio como apoderado de predios invadidos del Ministerio de Defensa, esta persona fue el que otorgó derechos a los demás ocupantes cuando estaba vinculado a la institución, mientras que entre los compradores aparecen exconcejales y militares que actualmente están activos.

Otros predios que estarían entre los invadidos son la Escuela Militar de Suboficiales y la Escuela de Soldados Profesionales, cercanas al Fuerte Militar de Tolemaida. En la denuncia se afirmó que el fenómeno de ocupación irregular fue facilitado por la omisión de funciones de los servidores públicos encargados de la custodia y defensa jurídica de los bienes fiscales, más que por acciones directas de quienes deberían custodiar estos terrenos.

Una de las prácticas identificadas es el levantamiento topográfico deformado, que consiste en la manipulación de planos para reducir de manera irregular los terrenos a cargo de la Nación. Esta información privilegiada involucró al Ministerio de Defensa, la Dirección de Ingenieros y al personal responsable de la administración de finca raíz en las unidades militares, así como a funcionarios municipales de planeación, inspectores de la Policía Nacional y personal de registro y notariado.

El primer problema que enfrentan los predios invadidos es la falta de vigilancia y patrullaje constante, obligación establecida por directiva ministerial, especialmente cuando no se realizan actividades de entrenamiento o no existen cercos, avisos y custodia permanente.

Ante la ausencia de una reacción inmediata, el proceso judicial depende de la figura del proceso verbal abreviado, a cargo de inspectores de policía, alcaldes y autoridades especiales. Sin embargo, el denunciante mencionó que Ministerio de Defensa es pasivo en estos procesos, lo que permitió que los hechos alegados por los invasores sean tomados como ciertos y que se pierdan terrenos ante la falta de respuesta oportuna.

En el documento se afirmó que los abogados encargados de la defensa jurídica no han ejercido acciones de reconvención en los procesos abreviados, permitiendo que se pierdan fracciones de predios dentro de fincas estratégicas como Berlín, La Cajita, La Calera, California y La Resaca.

“La omisión de contestar querellas, acudir a inspecciones oculares o presentar reconvenciones ha favorecido la pérdida de terrenos y la consolidación de ocupaciones ilegales. Se han presentado también irregularidades administrativas, como la delegación de funciones jurídicas a contratistas sin la debida autorización ni competencia legal, lo que genera riesgos institucionales y compromete la reserva de información sensible”.

Otro caso mencionado fue el de la contratista Natalia Becerra, que fue autorizada para representar jurídicamente al Ministerio de Defensa en diversos procesos sin ser funcionaria pública, lo que afectó la normativa y expone a la entidad a nulidades y sanciones. Otro ejemplo es la falta de impulso procesal en procesos policivos iniciados desde 2021, permitiendo la construcción de megaobras y ventas de lotes en predios bajo custodia militar.