Procuraduría confirmó destitución e inhabilidad a subintendente de Policía Cartago, Valle: golpeó a una subalterna por presuntos problemas en su relación

La Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución e inhabilidad por 12 años al subintendente de la Policía, Guillermo Alexander Chacón López, tras comprobarse que agredió físicamente a una patrullera en la subestación de Policía Zaragoza, en Cartago, Valle del Cauca, durante 2024.

En la decisión de segunda instancia, la Sala Regional de Juzgamiento del Valle del Cauca concluyó que el uniformado utilizó su posición de superioridad para ejercer comportamientos agresivos.

La autoridad disciplinaria consideró que el agresor intentó justificar los hechos al señalar que ocurrieron en un ámbito privado, al parecer por la relación sentimental que existía entre ambos uniformados, pero la Procuraduría determinó que esta circunstancia no eximía la gravedad de la falta ni la ruptura de los deberes de respeto.

El fallo precisó que el análisis probatorio se realizó con perspectiva de género, concluyendo que existieron violencias relacionadas con la condición de mujer de la víctima.

Según el ente de control, el subintendente abusó de su cargo y de las funciones inherentes a su posición, lo que configuró una falta gravísima cometida de forma dolosa.

De acuerdo con la Procuraduría, el caso fue evaluado bajo los principios de legalidad, disciplina, moralidad, proporcionalidad y la protección de los derechos humanos.

La sanción implica que Chacón López no podrá ejercer cargos públicos ni ingresar a la función pública durante el periodo establecido, al haber infringido los estándares de conducta exigidos para los miembros de la Policía Nacional.

La Procuraduría coordina con departamentos estrategias para enfrentar emergencias climáticas previstas en 2026

La inminente llegada del fenómeno climático conocido como el ‘Súper Niño’ ha impulsado a la Procuraduría General de la Nación a solicitar a las gobernaciones de Colombia la activación inmediata de planes de prevención y gestión de riesgos, ante la probabilidad, ahora estimada en 82%, de que se manifieste a partir de junio de 2026 y se intensifique durante el segundo semestre, lo que podría desencadenar emergencias hídricas, incendios forestales e inestabilidad en sistemas regionales.

Esta convocatoria se fundamenta en proyecciones recientes del Ideam y centros internacionales de monitoreo, que advierten sobre un aumento inusitado del riesgo y anticipan consecuencias directas para la disponibilidad de agua, la producción agropecuaria y la seguridad energética del país.

La última actualización científica, publicada el 15 de mayo de 2026, revela que el riesgo de ocurrencia del Súper Niño podría escalar hasta 96% para finales de 2026, conforme a los modelos climáticos internacionales citados por el Ideam. Este incremento representa una aceleración significativa frente al 62% reportado semanas antes por la Noaa (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) de Estados Unidos, lo que señala un agravamiento del panorama comparado con estimaciones previas.

La reunión nacional, liderada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios y la Federación Nacional de Departamentos, congregó a secretarios de Gobierno y responsables de cambio climático para coordinar una respuesta institucional única.

Allí, el procurador general Gregorio Eljach Pacheco presentó la Directiva 06 de 2026, en la que se delinean las acciones prioritarias para fortalecer la capacidad de reacción y socializar lineamientos de prevención, mitigación y adaptación frente al cambio climático.

“La articulación entre Nación y territorios es indispensable para enfrentar los efectos del cambio climático. Debemos anticiparnos a los riesgos y fortalecer las capacidades institucionales para proteger el agua, los alimentos, la energía y, sobre todo, a las comunidades más vulnerables”, destacó la Procuraduría.

La entidad insistió en la urgencia de actuar con anticipación para mitigar los riesgos asociados a eventos extremos y anunció la implementación de un seguimiento preventivo, tanto sobre la Directiva 06 como sobre la Circular 001 de 2026, con el objeto de supervisar la ejecución de políticas efectivas a nivel territorial.