
Las autoridades de Antioquia investigan el homicidio de cuatro hombres cuyos cuerpos fueron hallados en la vereda Alto del Mercado, zona rural de Marinilla, durante la madrugada del domingo 17 de mayo de 2026.
Este caso, que eleva la preocupación por la seguridad en el Oriente antioqueño, involucró a ciudadanos extranjeros y un residente local, según confirmaron fuentes oficiales tras las primeras diligencias en el sitio.
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El hallazgo ocurrió luego de una alerta recibida por la Policía, que desplazó unidades hasta el lugar. Al llegar, los uniformados encontraron los cadáveres de los cuatro hombres, todos con heridas de arma de fuego.
Las víctimas fueron identificadas como Wilmer Alfredo Gil González, de 29 años, quien tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes y presuntamente pertenecía al Clan del Golfo; Juan Camilo Giraldo Gallego, de 19 años; Yonjairo Antonio Bravo Parra, de 20 años, y Jhoinder José Díaz Gago, ciudadano venezolano de 20 años. Gil González había sido capturado meses atrás durante un operativo contra estructuras delictivas.
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El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, precisó: “Una de las personas halladas sin vida había sido capturada en febrero de este año durante un operativo de allanamiento, en el que le fueron incautadas cantidades importantes de estupefacientes”.
La investigación cuenta con el apoyo de un grupo especial y el Laboratorio Móvil de Criminalística, encargados de reunir pruebas y establecer responsables.
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“Iniciamos las investigaciones y la destinación de un grupo especial de investigación, el Laboratorio Móvil de Criminalística, que están realizando las labores propias de recolección de evidencias y demás e invitamos también a la comunidad a que nos brinde información”, subrayó el oficial.
El crimen ocurre en medio de disputas entre organizaciones como El Mesa y el Clan del Golfo, que buscan controlar el microtráfico y actividades ilegales, situación que ha incrementado la violencia en la región.
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Tras lo anterior, las críticas al gobierno de Gustavo Petro por el aumento de la violencia se intensificaron con dos pronunciamientos publicados en X.
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, calificó al mandatario como “inepto” y acusó su gestión de terminar “con las cifras más altas de masacres en la historia reciente”. Según la senadora, la política de “paz total” impulsada por el gobierno actual “fortaleció a los criminales y debilitó a la fuerza pública”.
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Por su parte, la congresista y candidata presidencial Paloma Valencia, denunció la inacción oficial frente a la violencia, señalando que “ya van 54 masacres este año y el gobierno como si nada”.
La senadora mencionó el caso ocurrido en Marinilla, Antioquia, donde se reportó una masacre apenas cinco días después de un hecho similar en la misma región.
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“Ahí están las consecuencias de la paz total de Cepeda, el mismo que guarda silencio ante la muerte mientras los ilegales amenazan para que lo elijan”, afirmó Valencia, haciendo referencia al senador y también aspirante a la Casa de Nariño Iván Cepeda.

Ambas parlamentarias responsabilizaron al Ejecutivo de la persistencia de los crímenes y de supuesta complacencia frente a las estructuras armadas ilegales. “Ni un voto por la complicidad con los violentos”, concluyó Paloma Valencia en su mensaje.
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Por su parte, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, señaló en X: “Otro hecho que demuestra que la seguridad en El Oriente antioqueño se salió de control”. La entidad denunció la falta de respuestas efectivas de la @Policiantioquia, @Ejercito_Div7, @mindefensa y @GobAntioquia ante el incremento de la violencia.
El reciente homicidio múltiple profundizó la preocupación por el deterioro de la seguridad en la región y puso en evidencia el “fracaso en la estrategia de seguridad en Antioquia”.
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Corpades recordó que “desde hace meses se han emitido alertas sobre la crisis de derechos humanos y la ausencia de reales de estrategias efectivas de seguridad, situación que, se advierte, continúa agravándose”.
El aumento de masacres y ataques armados en distintas localidades del Oriente antioqueño expone la urgencia de acciones coordinadas y un giro en la gestión institucional para frenar el deterioro de la convivencia y restablecer la tranquilidad en la zona rural.
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