Disidencias Farc adelantan campaña de carnetización forzada a menos de dos semanas de la primera vuelta: así buscarían influir en Meta y Guaviare

Grupos armados ilegales, identificados como disidencias de las Farc bajo el mando de los alias Calarcá e Iván Mordisco estarían implementando la carnetización obligatoria en comunidades rurales de los departamentos de Meta y Guaviare, con el propósito de ejercer control social e influir directamente en la conducta electoral de los habitantes frente a las próximas elecciones presidenciales.

Esta medida de acuerdo representaría una nueva forma de constreñimiento a la población y la manipulación del voto en las zonas afectadas, cuando se acerca la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo. Así se ha conocido por denuncias de los moradores a través de las redes sociales, en informaciones que han sido confirmadas por las autoridades administrativas y militares.

En efecto, durante una rueda de prensa conjunta, el mayor general Erik Rodríguez, jefe de Estado Mayor de Operaciones del comando general de las FF. MM., confirmó esta práctica. “Se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos”, indicó el alto oficial, al término de un consejo de seguridad en Villavicencio (Meta).

En esta reunión, que se adelantó en las instalaciones de la Gobernación, se presentaron datos actualizados sobre los alcances de esta intimidación y los nombres de los grupos responsables. La mandataria seccional, Rafaela Cortés, relató que la estrategia de carnetización rural mutó durante las últimas semanas hacia presiones explícitas relacionadas con los comicios que se aproximan.

Según la gobernadora, la población ha venido recibiendo panfletos y advertencias que exigen su inscripción bajo mandato de las disidencias, lo que estaría supeditando el derecho al voto al cumplimiento de las directrices criminales, para influir en los resultados de estas zonas. El fenómeno, según la mandataria, implica un clima de temor y una seria amenaza a la libre participación electoral.

A su turno, el general Rodríguez añadió que el Estado intensificó las operaciones militares y policiales en respuesta a este avance de los grupos armados. “En el contexto de esta disputa por el territorio, no es solo el territorio, es la población”, remarcó el jefe militar, que reiteró que las campañas de carnetización responden a un intento sistemático de someter la voluntad de los ciudadanos.

Y agregó que por disposición de autoridades locales y nacionales, se desplegarán todos los recursos del Plan Democracia para contrarrestar el impacto de las disidencias armadas y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer el voto sin coerción. La medida, agregó el alto oficial, busca blindar la integridad del proceso electoral en los municipios del sur del Meta y del Guaviare.

Balance de las Fuerzas Militares para combatir las disidencias

El comandante Rodríguez destacó que, en lo que va de 2026, las Fuerzas Militares han realizado 217 afectaciones estratégicas contra estos grupos en Meta y Guaviare, como bombardeos y detenciones señaladas como de alto impacto, en contra de este fenómeno, que al parecer estaría enfocado en que en las urnas se vote por el oficialista Iván Cepeda; pese a que el candidato rechazó esta clase de presión.

“Se han dado resultados de relevancia en ese departamento del Guaviare durante los últimos meses, que ya han sido de conocimiento público, unos bombardeos y unas afectaciones importantes. También en el departamento del Meta hemos realizado afectaciones importantes a estos grupos”, detalló el jefe de Estado Mayor de Operaciones del comando general de las FF. MM. a los medios.

Por último, las autoridades reiteraron que la campaña de carnetización supone un cambio de etapa en la acción de las disidencias, pues la presión ya no se limita a disputas por rutas de economías ilegales, sino que busca forzar la alineación de la ciudadanía a través de la amenaza y la sujeción directa. Por ello, se prevén refuerzos de seguridad en las poblaciones rurales más expuestas a la intimidación.