Jorge Iván Ospina reveló irregularidades y posibles actos de corrupción en Nueva EPS: “No se trata de un rumor”

La intervención administrativa en la Nueva EPS ha destapado un entramado de intermediación ilegal en los pagos a clínicas y hospitales. Así lo confirmó Jorge Iván Ospina, exalcalde Cali y actual interventor de la entidad, quien admitió que existen hechos comprobados de corrupción y cobros ilegales a proveedores.

Esta situación afectó directamente la operación financiera de la aseguradora de salud y dejó en evidencia un modo de operar que involucra tanto actores externos como posibles colaboradores internos.

De acuerdo con lo revelado por Caracol Radio, varios gerentes de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) han denunciado, bajo anonimato, la aparición de abogados que se ofrecen para agilizar el pago de deudas pendientes por parte de la Nueva EPS.

Estos intermediarios prometen gestionar el cobro de sumas millonarias, “¿cuánto le debe la Nueva EPS? ¿50 billones de pesos, 20 billones de pesos o diez mil millones?”, a cambio de un porcentaje del monto recuperado.

El propio Ospina reconoció: “Sí. Y desafortunadamente no se trata de un rumor, sino de hechos ciertos”. Según el interventor, estos casos se han registrado principalmente en los últimos ocho meses dentro de la institución.

El funcionario calificó a los responsables de estas prácticas como personas “inescrupulosas, criminales, que no entienden lo que significa un peso para una persona que tiene algún tipo de afección”. Explicó que los recursos desviados no alcanzan a llegar al destino final: “Se quieren quedar con un porcentaje desde la salud que no llegan directamente al medicamento, la tecnología o el personal altamente calificado”.

Consultado sobre si ha sido abordado personalmente para estos acuerdos, Ospina precisó que no ha recibido propuestas directas, pero aseguró: “Nosotros tenemos evidencias que ha ocurrido en la Nueva EPS”.

El interventor aprovechó para enviar un mensaje a los proveedores: “Si utilizan un intermediario para poder tener su pago justo, están cometiendo un error. Y si nos denuncian con nombre y evidencia quién desde la Nueva EPS intermedia esos tipos de pago, nosotros le pagaremos rápidamente su factura y haremos el mejor de los planes de pago posible”.

Durante la conversación con el medio citado, Ospina insistió en la necesidad de pasar del rumor a la denuncia formal: “Se trata de caracterizar con evidencias quiénes irresponsablemente adelantan esa tarea terrible. Y no solamente se necesita tener a alguien afuera, sino que seguramente a alguien al interior de nuestra institución, sea de carácter regional o aquí exactamente el nivel central, se prestan para ello”.

Al ser consultado sobre la existencia de denuncias formales contra funcionarios de la Nueva EPS, el interventor indicó que, aunque todavía no existen procesos abiertos con nombre propio, el acervo probatorio está en construcción.

“Las va a haber, porque necesito un acervo de evidencias y probatorio más grande para las denuncias pertinentes”, afirmó. Aportó un dato relevante: “¿No les parece muy raro que durante octubre, noviembre y diciembre del año 2025 a la Nueva EPS le hayan embargado 2.5 billones de pesos, en especial en cuatro juzgados, recursos que se necesitaban para pagar nuestros proveedores, que nos trajo liquidez, que nos rompió nuestro plan de pagos y que nos rompió el abastecimiento?”.

Según el interventor, esta situación sugirió la existencia de una relación entre abogados externos y funcionarios internos, lo que habría facilitado embargos judiciales y posteriores contratos transaccionales en beneficio de ciertos proveedores.

“Ese es un asunto muy delicado y es un asunto de cifras muy altas que necesita ser erradicado de cualquier práctica en cualquiera de las EPS”, subrayó.

El impacto de la intermediación ilegal no se limitó a las finanzas de la organización. La retención de recursos afectó la cadena de pagos y, en última instancia, puso en riesgo la atención de los usuarios.

“Atenta contra la estabilidad de la Nueva EPS y define que debió haber existido una relación entre el abogado del señor proveedor con funcionarios al interior de la Nueva EPS para adelantar el embargo y para poder desarrollar posteriormente un contrato transaccional y pagarle al determinado proveedor”, finalizó Ospina.