El registrador nacional, Hernán Penagos, solicitó el 13 de mayo de 2026 un respaldo especial de la fuerza pública para las elecciones del 31 de mayo de 2026 en zonas como Cauca, Catatumbo, sur de Bolívar y Putumayo, ante la elevada presencia de grupos armados ilegales.
Durante su mensaje, Penagos enfatizó la necesidad de que el Estado refuerce la protección del proceso electoral. “En esos sitios hay grupos armados que tienen, es, una presencia muy importante en unos sectores de esos municipios donde se hace necesario garantizar que la fuerza pública acompañe el traslado del material electoral, haga presencia durante la jornada electoral y garantice que la ciudadanía pueda votar”, explicó.
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El funcionario también puntualizó su principal preocupación sobre las garantías del sufragio: “Pero más que eso, garantice que la ciudadanía pueda votar libremente”, destacó el funcionario al exponer la urgencia del dispositivo en los departamentos mencionados.
Benedetti explicó cuáles han sido las garantías de seguridad brindadas a los candidatos presidenciales
Las amenazas de muerte contra Paloma Valencia encendieron una alarma inmediata en el panorama político colombiano, evidenciando la magnitud de los riesgos que enfrentan los candidatos presidenciales en la actual contienda. El ministro del Interior, Armando Benedetti, compartió que la respuesta del Gobierno ha sido activar medidas de protección inéditas desde mediados de 2025.
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A raíz de las intimidaciones conocidas el 12 de abril de 2026, el Gobierno presentó un reporte detallado sobre los esquemas de seguridad implementados para todos los aspirantes. La administración nacional dispuso recursos materiales y humanos nunca antes usados en un proceso electoral, priorizando la vida y la integridad de quienes compiten por la presidencia y la vicepresidencia.
Las autoridades colombianas reforzaron los protocolos de seguridad para los candidatos tras el atentado que terminó con la vida de Miguel Uribe Turbay, precandidato y senador. Desde el 19 de junio de 2025, el Gobierno adoptó un enfoque preventivo, que incluyó la activación de esquemas de protección incluso antes de la inscripción oficial de los aspirantes.
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El ministro Benedetti remarcó en su cuenta de X: “Estas garantías se establecieron incluso antes de que los precandidatos formalizaran su inscripción”. La decisión, explicó, fue una reacción directa ante el ataque mortal sufrido por Uribe Turbay en junio de 2025.
La estrategia de seguridad para la jornada de consultas del 8 de marzo de 2026 implicó la asignación de 253 personas de protección, 381 policías, 92 vehículos blindados y 52 convencionales. Estos recursos, detalló Benedetti, se destinaron a un total de setenta y siete precandidatos, bajo la coordinación de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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Ante la pregunta sobre cómo se protege actualmente a los candidatos presidenciales en Colombia, la respuesta oficial es que el Gobierno ha desplegado un robusto esquema de seguridad, que incluye cientos de escoltas y vehículos blindados, así como el acompañamiento policial permanente. Estas acciones buscan garantizar un ambiente electoral seguro tras los recientes hechos de violencia política.
Al avanzar la campaña y definirse las candidaturas, el contingente de seguridad se ajustó proporcionalmente. “Ya en la campaña formal, el contingente se ajustó con 100 escoltas, 129 policías, 37 vehículos blindados y 24 vehículos convencionales”, precisó el ministro del Interior. La reducción responde a que el número de candidatos se consolidó en trece, tras la renuncia de Clara López, quien se sumó a la fórmula de Iván Cepeda.
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La coyuntura, marcada por la violencia política, ha obligado a que la protección de los candidatos se convierta en una prioridad nacional. El propio Benedetti rechazó públicamente las amenazas recibidas por Paloma Valencia y reiteró el compromiso del Ejecutivo: “El Gobierno no permitirá que la intimidación defina la democracia”.
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