
El presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una acusación directa contra la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, por su respaldo a la decisión del Consejo de Estado sobre los fondos de ahorro pensional en Colombia, a la vez que responsabilizó a la oposición y a la justicia de retrasar la aplicación de la reforma oficialmente vigente.
A su vez, denunció en redes sociales que el actual bloqueo judicial solo permite operar un artículo central de la ley, que hasta julio de 2026 permite a los trabajadores elegir libremente el régimen de pensiones, dejando en suspenso el resto de la normativa aprobada.
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“El artículo vigente permite hasta julio que los trabajadores que les falte diez años para pensión se puedan cambiar libremente de fondo pensional y que si se pensionan se traslade sus ahorros al fondo que escogieron. Hasta este momento 150.000 trabajadores decidieron libremente por Colpensiones y debe aplicarse el artículo vigente de nuestra ley (sic)”, escribió en su cuenta de X.
El mandatario subrayó que 150.000 trabajadores ya optaron por cambiarse a Colpensiones bajo este artículo transitorio, y advirtió del impacto de la demora judicial: las reclamaciones y demandas parlamentarias obstaculizan la devolución e inversión de los fondos de los trabajadores, generando incertidumbre en el sistema. Petro atribuyó el problema a la intervención del magistrado Jorge Ibáñez, de la Corte Constitucional, a quien señaló de postergar durante ocho meses la discusión de la ley en el máximo tribunal.
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A la par, cargó directamente contra la candidata presidencial por su papel en la demanda contra la reforma pensional: “Parte del problema […] se suscita por su activista en la Corte Constitucional, el magistrado Ibáñez, es que este decidió guardar ocho meses en un escritorio la ley y no puso ponencia en discusión en la sala de la corte”, expuso.
El jefe de Estado precisó que la demora en la entrega de los ahorros no responde a obstáculos técnicos, sino a movimientos políticos y a inversiones arriesgadas de los fondos privados: “No pueden devolverle el ahorro a los trabajadores, porque los invirtieron en empresas de los dueños de las administradoras y en inversiones de poca liquidez, al parecer, en el extranjero (sic)”.
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El titular del Ejecutivo cuestionó, además, la consecuencia social de estos hechos, y denunció que los bancos privados obtendrían una utilidad “gigantesca”, mientras 25.000 pensionados perderían la totalidad de sus ahorros de vida y verían en riesgo sus pensiones vitalicias pagadas por Colpensiones, la entidad estatal. “¿Por qué demoran la entrega del ahorro que no les pertenece a los banqueros sino a los ahorradores cotizantes?”, preguntó Petro en respuesta pública a la legisladora Valencia.
El presidente denunció la “gran expropiación” de $500 billones por parte de los fondos privados

El presidente Gustavo Petro responsabilizó a la senadora Paloma Valencia y a su sector político de promover una transferencia de $500 billones en ahorros de los trabajadores a manos de diez bancos privados, a través de la expropiación de fondos de los cotizantes y la oposición sistemática a la reforma pensional. “No señora Valencia, los cálculos matemáticos que usted hace solo buscan engañar al pueblo y son falsos. Anuncia usted que está bien que expropien esa inmensa cantidad de riqueza en favor de diez banqueros amigos suyos”, sostuvo.
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En la misma línea, Petro corrigió públicamente los argumentos de Valencia sobre la capacidad financiera de Colpensiones. Rechazó la idea de que la entidad tenga recursos ilimitados, y recordó que desde la aprobación de la Ley 100, con impulso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Gobierno nacional debe transferir cada año entre $12 y $15 billones para cubrir el pago de pensiones, lo que constituye, según su análisis, una de las principales causas del déficit fiscal.
A propósito, el jefe de Estado criticó que la bancada liderada por Valencia haya impedido, junto con congresistas como Efraín Cepeda, aumentos impositivos a las personas de ingresos más altos y el fortalecimiento de una pensión vital para los sectores menos favorecidos. A estos actores atribuyó tanto el “sabotaje” de la financiación estatal como la demanda contra la ley pensional ante la Corte Constitucional.
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Conforme a la postura del presidente Petro, la mayor amenaza para el sistema previsional público es el intento de permitir que los bancos privados retengan y usen el ahorro acumulado de los trabajadores. Lo calificó como “la peor estafa de la historia al pueblo”, recordando que ya se han apropiado de $25 billones y comparando la situación con la deuda impaga de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con hospitales y clínicas, también estimada en $25 billones.
Gustavo Petro encendió la polémica parlamentaria al formular una denuncia específica: la actual demora en liberar los fondos pensionarios, la supuesta complicidad judicial para frenar la reforma y el perjuicio directo para cientos de miles de trabajadores, en su criterio, son responsabilidad de una estrategia deliberada de la oposición para consolidar el poder de los grandes grupos financieros.
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